Los sistemas complejos y la Dirección del Trabajo

Llevo días leyendo sobre sistemas complejos. Y lo que más me ha impactado es algo muy sencillo: en estos sistemas, toda decisión —por mínima que parezca— impacta el conjunto. Su lógica es sistémica, no lineal. Un pequeño cambio puede alterar el equilibrio entero. Por eso exigen soluciones integrales, pensadas desde la interacción de sus partes y no desde compartimentos aislados.

Un ejemplo reciente lo vimos en Chile. Desde una oficina en el centro de Santiago, funcionarios de la Dirección del Trabajo constataron que los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) —o simplemente geriátricos— estaban utilizando turnos médicos de doce horas. Concluyeron que aquello no era procedente: los ELEAM no son hospitales, y sus cuidadores, en muchos casos, no están certificados. En consecuencia, se instruyó que solo podrían regirse por la jornada ordinaria de ocho horas diarias, de lunes a sábado.

La lógica administrativa parecía impecable, pero el resultado fue desastroso.

En cuestión de semanas, los costos operativos de los ELEAM se dispararon un 30%. Muchos debieron contratar más personal para cubrir los mismos turnos. Algunas trabajadoras, ante la nueva estructura horaria, renunciaron: tenían menos días libres y menos tiempo para cuidar a sus propios familiares. Otras vieron reducirse sus ingresos o aumentar sus tiempos de traslado. La Fundación San Vicente de Paul documentó un aumento drástico en vacantes sin cubrir y licencias médicas. Fundación Las Rosas estimó en 220.000 pesos anuales el gasto adicional en locomoción para cada cuidadora. Todo por la imposición de una jornada que parecía técnicamente correcta, pero que no se ajustaba a la realidad de los cuidados intensivos y prolongados.

Y lo que encarece el sistema, inevitablemente, se traslada a las familias.

En un país donde el ingreso promedio del hogar apenas supera 1.300.000 pesos, y el costo mensual de mantener a una persona mayor con dependencia bordea 1.200.000, no hay margen para errores.

Los ELEAM, entonces, salimos a buscar una solución. Acudimos a la Dirección del Trabajo, al Ministerio del ramo y a los medios. No tuvimos éxito hasta que logramos exponer el problema ante la Comisión de Personas Mayores de la Cámara de Diputados.

Y lo hicimos todos: instituciones privadas, fundaciones centenarias, operadores públicos. Mostramos los datos. Explicamos la lógica sanitaria del modelo. Y respondimos la pregunta clave: ¿por qué nadie en la Dirección del Trabajo había previsto esto?

Una semana más tarde, el Director del Trabajo, Pablo Zenteno, compareció ante la comisión. Reconoció que la decisión había sido polémica y se comprometió a revisarla junto al sector. Cumplió. A los pocos días firmamos un acuerdo que restituye la jornada excepcional, con criterios sociosanitarios, y con garantías para trabajadores, residentes e instituciones.

El caso es paradigmático. Una decisión técnicamente válida, pero socialmente inviable. Porque cuando se interviene en un sistema complejo, no basta con aplicar la ley. Hay que entender el terreno. Escuchar a quienes están dentro. Y anticipar los efectos secundarios.

El caso de los ELEAM es, además, un síntoma de algo más profundo: la invisibilidad de un sector esencial. En Chile, estos centros están regulados por el Ministerio de Salud, pero tratados fiscalmente como empresas hoteleras. Pagan IVA, pagan contribuciones, y muy pocos centros reciben subsidios del Estado. Todo ello mientras cumplen una función crítica: profesionalizar el cuidado, aliviar a las familias, y evitar que los hospitales colapsen con pacientes cuya principal dolencia es la dependencia.

Desde la pandemia, la oferta de camas se ha reducido en un tercio. Las listas de espera superan el año. Y todo esto en un país que envejece más rápido que la mayoría. En regiones como Biobío, ya hay más personas mayores que menores de 14 años.

La buena noticia es que hay alternativas. Japón adoptó un seguro obligatorio de dependencia. España apostó por las plazas concertadas, donde el Estado financia cupos en residencias privadas con estándares definidos. En ambos casos, se logró ampliar la cobertura, mejorar la calidad y profesionalizar el cuidado. Chile, en cambio, aún discute un sistema nacional de cuidados que, incomprensiblemente, ha excluido a los ELEAM.

Firmar este acuerdo con la Dirección del Trabajo fue una victoria. Pero también una advertencia. Los sistemas complejos no admiten soluciones simples. Y menos aún, soluciones que se diseñan de espaldas a quienes viven su complejidad cada día.

Cuidar bien será pronto un imperativo demográfico, económico y ético. Para lograrlo, necesitamos algo más que normativas. Necesitamos comprensión, diálogo y una visión de país que no castigue a quienes cuidan, sino que los respalde.