Muere un joven con parálisis cerebral en una residencia clandestina para personas dependientes de Elche

Un joven de 34 años con parálisis cerebral falleció a principios de esta semana en el centro en el que residía, destinado al cuidado de personas dependientes y ubicado en Elche (Alicante). Tras ser informados del fallecimiento, agentes de la Policía Local y de la Autonómica se personaron en el inmueble y descubrieron que sus residentes vivían en condiciones deplorables, entre restos orgánicos, suciedad generalizada y sin ventilación adecuada. Los responsables de la vivienda confesaron, además, que carecían de título académico y de licencia administrativa para desarrollar su actividad, por lo que el local fue intervenido. Los hechos se han puesto en conocimiento de la Policía Nacional, que está en espera de los resultados de la autopsia para saber si la muerte se debió a la precariedad del establecimiento clandestino.

El chalé investigado, de grandes dimensiones, con dos plantas y un extenso terreno ajardinado circundante, se encuentra en la urbanización Bonavista, un residencial de gama media-alta situado al norte de Elche, en las afueras. Los investigadores desplazados al inmueble comprobaron que en su interior vivían “varias personas”, sin detallar el número exacto, “con discapacidad intelectual, síndrome de Down, autismo y otras enfermedades neurológicas”, según han informado fuentes municipales, “algunos de ellos en estado de especial vulnerabilidad”. Todos ellos residían hacinados en camastros insalubres, algunos de ellos habilitados con cintas para inmovilizar al usuario, y rodeados de orines, excrementos y restos orgánicos, como manchas de sangre. “En las zonas comunes, como cocina, comedor y baños”, señalan las mismas fuentes, “se localizaron alimentos en mal estado”, con un “grave riesgo de contaminación cruzada”, y electrodomésticos sin ningún tipo de mantenimiento o limpieza. En las dependencias, además, se detectó un número elevado de mascotas “sin documentación ni control sanitario”.

Los agentes interrogaron a los responsables del centro clandestino, un matrimonio de 58 y 48 años, que reconocieron que carecían de licencia municipal o autorización administrativa para ejercer esta actividad. No contaban tampoco con ningún título que les habilitara para la profesión sociosanitaria ni seguros de responsabilidad civil. Y cobraban, en negro, tal como reconocieron a los agentes, entre 30 y 45 euros diarios por persona atendida. Según las primeras investigaciones, que siguen en curso, habían montado el negocio en diferentes ubicaciones desde 2016, hasta que llegaron a la vivienda actual, que habían arrendado. El propietario del chalé, también llamado a declarar, manifestó que desconocía la utilidad a la que estaba destinado.

Los efectivos desplazados precintaron el recinto y clausuraron de forma inmediata su actividad. Los internos fueron realojados con sus familias, quienes aseguraron desconocer las condiciones insalubres de la vivienda, señalan las mismas fuentes. Los hechos han sido denunciados ante la inspección de trabajo, la consejería de Sanidad y el Ayuntamiento de Elche. También se ha alertado a los servicios sociales para que valoren la necesidad de asistencias de las personas ingresadas y sus familias. Fuentes de la Policía Nacional señalan a EL PAÍS que están a la espera del dictamen forense sobre la persona fallecida. En el caso de que se determine que las causas corresponden con la actividad desarrollada en el centro, procederán a investigarlo por la vía penal, por si pudiera tratarse de un homicidio por imprudencia.