Un caso de presunto contrabando involucra al Gobierno de Milei y a sus contactos con Trump

A fines de febrero pasado, dos días después de que el presidente argentino, Javier Milei, se reuniera con su par Donald Trump en Washington, en una cumbre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), aterrizó en Buenos Aires un avión privado, propiedad de un empresario cercano a la Casa Rosada. A bordo llegaban desde Miami solo dos tripulantes y una integrante de la CPAC, con un conjunto de valijas que, según se denunció entonces, ingresaron al país sin pasar por los controles aduaneros. El Gobierno desmintió en aquel momento las denuncias y aseguró que se habían realizado todos los procedimientos legales. Pero una investigación del Ministerio Público Fiscal acaba de confirmar el ingreso irregular del equipaje, con la connivencia de personal de la aduana.

El jet Bombardier Global 5000 arribó al Aeroparque Jorge Newbery el 26 de febrero, pasadas las ocho de la mañana. El avión pertenece a una firma dirigida por Leonardo Scatturice, empresario argentino con creciente poder y notoriedad en el entorno del Gobierno ultraderechista. El vuelo lo tripulaban José Luis Donato Bresciano y Juan Pablo Pinto. Además de 10 valijas, transportaba a Laura Belén Arrieta, gerente de OCP TECH, empresa liderada por Scatturice. Arrieta integró, al igual que Scatturice, el comité organizador del encuentro de la CPAC realizado en Buenos Aires en diciembre pasado. De esa cumbre conservadora, la mujer de 32 años se llevó como recuerdo una foto junto a Milei.

La primera denuncia pública sobre la entrada del equipaje sin pasar por los controles habituales de la aduana y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, gracias a una orden superior que allanó el ingreso, la hizo en su programa de televisión el periodista Carlos Pagni, columnista de este periódico. La reacción del Gobierno fue negar todo. El vocero del Ejecutivo, Manuel Adorni, aseguró entonces que “el avión que aterrizó en Aeroparque recibió todos los controles de rutina, previo a quedar en situación de tránsito”.

Los resultados de la pesquisa iniciada de oficio por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), dependiente del Ministerio Público Fiscal, indican lo contrario. El informe de la PIA, dado a conocer este domingo por el canal de noticias TN, fue elaborado sobre la base de los registros administrativos y declaraciones de funcionarios de los organismos intervinientes, así como grabaciones de las cámaras de seguridad del aeropuerto.

“Los tripulantes y la pasajera del vuelo N18RU fueron reconducidos por personal aduanero [...] sin atravesar los escáneres ni ser sometidos a la revisión del equipaje”, señala el dictamen de los fiscales. La medida, añaden, “resulta particularmente significativa, ya que no obedeció a una situación de congestión ni a una saturación operativa que justificara una alteración en la dinámica de control”. La conclusión es que “el desvío fue una decisión expresa y directa del personal aduanero, adoptada a pesar de la disponibilidad de medios tecnológicos para llevar a cabo la inspección”. De acuerdo con las imágenes recabadas, el equipaje incluía 10 bultos, pero solo 5 habrían sido declarados.

El equipaje ingresado sin controles no fue la única irregularidad detectada. También se observó un “comportamiento inusual” de Arrieta: las filmaciones muestran que la mujer bajó del avión con un teléfono que fue “entregado a una agente de la aduana, que respondió con el gesto de Ok”. Por otra parte, el avión permaneció hasta el 5 de marzo en un hangar del aeropuerto, pero la fiscalía destacó que no hay pruebas de un control continuo de la aeronave y que, además, no fue registrada por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Según las constancias, el vuelo había llegado a Buenos Aires procedente de la ciudad de Fort Lauderdale, cuando en realidad lo hizo desde Opa-Locka, otra localidad de Miami. Al dejar Argentina, el destino informado fue Fort Lauderdale, pero el avión se dirigió, con Arrieta a bordo, hacia París.

La empresa OCP Tech, controlada por Leonardo Scatturice y propietaria del Bombardier Global 5000, difundió este lunes un comunicado negando la comisión de delitos. El avión, su tripulación y la pasajera, aseguró, cumplieron con todos los controles establecidos en su ingreso al país en el vuelo de febrero pasado.

Las sospechas sobre presunto contrabando involucran tanto al Gobierno de Milei como a la CPAC. El presidente argentino había participado de un encuentro de la conferencia conservadora en la capital de EE UU apenas 48 horas antes del aterrizaje del avión investigado. Incluso, se había reunido allí con Trump. Tanto Arrieta como Scatturice están ligados a la CPAC.

El empresario —que acaba de adquirir la aerolínea argentina de bajo costo Flybondi— tuvo vínculos con agentes de inteligencia argentinos y una de las compañías que dirige, Tactic Global LLC, fue recientemente contratada por la Secretaría de Inteligencia argentina (SIDE), un organismo bajo control de Santiago Caputo, el poderoso asesor de Milei sin cargo formal. La SIDE le encomendó a la firma de Scatturice cumplir tareas de “asesoramiento estratégico” y oficiar como “enlace” entre las presidencias de Argentina y de Estados Unidos.