Más de seis millones de haitianos necesitan ayuda humanitaria urgente: “La población está al límite”

Haití ya no es solo un Estado fallido; se ha convertido en un territorio donde la supervivencia es en un acto de resistencia cotidiana frente a una violencia que no da tregua. Las cifras que emergen de la isla son el eco del colapso: más de seis millones de personas —más de la mitad de la población nacional— requieren asistencia humanitaria urgente para no sucumbir al hambre, las enfermedades o las balas. Marisela Silva Chau, jefa de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en el país, hace una radiografía que estremece por su crudeza. “Observamos a una población al límite, con una situación humanitaria crítica, sin acceso a servicios esenciales”, advierte.

El deterioro ha sido vertiginoso. Si en enero de 2024 se contabilizaban alrededor de 300,000 desplazados internos, para abril de 2026, la marea humana de quienes huyen de sus hogares alcanza ya los 1,4 millones de personas que vagan por un país donde los refugios son tan escasos como la esperanza. “Observamos a una población sin acceso a servicios esenciales, como la atención a salud básica, el acceso a agua segura. Con una crisis también alimentaria que puede ser comparada con las que ocurren en regiones afectadas por situaciones de violencia armada prolongada. Y con una serie de preocupaciones de protección, de restricción de movimiento, de exposición al riesgo de ser herido o muerto por encontrarse en fuego cruzado, situaciones de violencia sexual”, narra Silva Chau.

La crisis actual no es un evento fortuito, sino el resultado de una espiral de violencia armada que se exacerbó en 2020. Según el análisis del CICR, Haití ha atravesado dos grandes periodos de conflicto reciente. El primero, entre junio de 2020 y enero de 2024, estuvo marcado por enfrentamientos de alta intensidad entre grupos rivales en enclaves estratégicos de la capital, como Cité Soleil, Bel Air y Martissant. Sin embargo, el punto de inflexión definitivo ocurrió el 29 de febrero de 2024. En esa fecha, antiguos rivales se unieron bajo la coalición Viv Ansanm para lanzar ataques coordinados contra las estructuras del Estado: la Policía, las Fuerzas Armadas y las misiones internacionales de seguridad. Esta alianza criminal ha logrado controlar el 85% de Puerto Príncipe, la capital.

El horror, sin embargo, ya no se limita a la capital. La mancha de la violencia se ha extendido hacia el norte, al departamento de Artibonit, y hacia el centro, en Mirebalais. Hace apenas unas semanas, una masacre en las zonas rurales dejó un saldo de 70 personas muertas, confirmando que la red de grupos armados que desafía al Gobierno ha convertido a todo el interior del país en un tablero de guerra.

El sistema sanitario ha sufrido un colapso casi total: solo el 30% de las estructuras de salud en todo el país permanecen funcionales. El 70% restante ha cesado operaciones entre 2020 y 2026 debido a la absoluta falta de garantías de seguridad para el personal y los pacientes. El trabajo de las organizaciones humanitarias se ha transformado en una labor de medicina de guerra. El CICR ha tenido que implementar una estrategia de cuatro niveles para intentar frenar la sangría, explica Silva Chau. Primero, mediante la formación de agentes comunitarios en primeros auxilios prehospitalarios, una intervención que suele ser la única diferencia entre la vida y la muerte para los heridos de bala que no pueden llegar a un hospital.

En un segundo nivel, el apoyo a los servicios de ambulancia, tanto del Centro de Ambulancias Nacional (CAN) como de la Cruz Roja Haitiana, es vital para trasladar a los pacientes a través de zonas en conflicto. Actualmente, solo diez estructuras de salud en la capital reciben apoyo directo con kits de insumos médicos especializados para atender heridos por armas de fuego (weapon wounded kits). Entre ellas destaca el Hospital Universitario de la Paz, el único gran centro público que aún resiste el embate de la crisis.

Incluso para el personal médico, el simple hecho de desplazarse desde su casa hasta el centro de salud es un acto de heroísmo, comenta Silva Chau. Atraviesan fronteras invisibles controladas por bandas o autoridades, a menudo enfrentando situaciones de violencia que llegan hasta las mismas puertas de los hospitales. Esta presión psicológica es tan devastadora que el CICR ha tenido que desplegar programas de apoyo psicosocial de urgencia para los propios operadores de salud, quienes ven cómo sus herramientas de trabajo son insuficientes ante la magnitud de la tragedia. “Mantenemos un diálogo con todos los actores armados para intentar modificar comportamientos. Esto toma tiempo, por supuesto, pero es el primer gran objetivo del CICR: plantear que la población debe de ser preservada, debe de ser protegida, apartada del impacto de la violencia armada”, explica Silva Chau.

Este diálogo no implica una validación política, sino una necesidad operativa. Se informa de manera transparente a la Policía, a las Fuerzas Armadas y a los grupos armados sobre los movimientos diarios de las brigadas humanitarias, explica la jefa de delegación de CICR. Si el contexto no lo permite o los actores locales consideran que no es el momento, la actividad se reprograma.

Sed y hambre en la capital del miedo

Si la salud es precaria, el acceso al agua segura es un lujo inexistente para millones. Desde 2020, muchas zonas de Puerto Príncipe han perdido el acceso a servicios básicos debido a que las confrontaciones impiden el movimiento de las personas hacia los puntos de abastecimiento. Salir a buscar agua es exponerse a quedar atrapado en el fuego cruzado.

Para mitigar esta crisis, las organizaciones humanitarias, en coordinación con la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento (DINEPA), han recurrido al water tracking: el uso de camiones cisterna para llevar agua potable a zonas sitiadas y la construcción de quioscos de agua en puntos estratégicos. Sin embargo, cada viaje de un camión cisterna requiere una negociación previa para garantizar que el agua llegue a su destino sin que los trabajadores sean atacados. Haití hoy experimenta una crisis alimentaria que Silva Chau compara con las regiones que sufren conflictos armados prolongados en otras partes del mundo.

El “fantasma” de la fatiga internacional

La comunidad internacional mira a Haití con una mezcla de impotencia y cansancio. Se habla con frecuencia de la “fatiga de los donantes”, una noción que Silva Chau pide extirpar del vocabulario diplomático. “No hay excusa para decir que no hay nada por hacer. Hay una obligación de medios”, sostiene con firmeza.

El país se prepara ahora para el despliegue de la Fuerza de Supresión de Pandillas a partir de mayo de 2026. Existe una gran expectativa, pero también un temor fundado: que el uso de la fuerza de manera aislada, en zonas densamente pobladas, genere consecuencias humanitarias aún más graves y provoque un nuevo éxodo de desplazados internos que ya no tienen a dónde ir.

A pesar del colapso de sus instituciones, de la violencia sexual desatada, del reclutamiento forzoso de menores y de vivir en un estado de sitio permanente, la población haitiana “no pierde las esperanzas”, dice Silva Chau. “Hay que honrar esa esperanza, porque, en el terreno, todavía sienten que en algún momento la situación puede mejorar”, comenta. Es esa la resiliencia la que interpela al mundo. “Hay que seguir al lado de la población”, pide la jefa de CICR.