La ONU aprueba el despliegue de la Fuerza de Eliminación de Pandillas en Haití
La iniciativa, aprobada por el Consejo de Seguridad del organismo, surge de una iniciativa impulsada por Estados Unidos y Panamá y nace con un gran interrogante, ya que no está garantizada su financiación

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado este martes la transición de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití (MSS, en sus siglas en inglés), liderada hasta el momento por Kenia, a una Fuerza de Eliminación de Pandillas (GSF), una resolución impulsada por Estados Unidos y Panamá.
La votación de la resolución, de implementación inmediata, ha sido aprobada con 12 votos a favor, 3 abstenciones –de China, Rusia y Pakistán– y ninguno en contra. La GSF contará con hasta un máximo de 5.500 policías o militares, asistidos por 50 civiles, y tendrá un mandato inicial de 12 meses, según el texto de la resolución, al que ha tenido acceso EFE. La MSS, que terminaba su actual mandato el próximo jueves, pretendía alcanzar los 2.500 integrantes y finalmente se quedó en 970 miembros, en su inmensa mayoría (700 de ellos) procedentes de Kenia, que lideraba la iniciativa sobre el terreno.
La nueva misión apunta a que seguirá con el apoyo de los efectivos policiales keniatas, y de otras naciones centroamericanas y caribeñas, a los que deberían sumarse refuerzos. La GSF contiene un gran interrogante, y es que no está garantizada su financiación: de hecho, la resolución especifica que “el costo de personal será aportado por contribuciones voluntarias” de los Estados que quieran participar.
Para la MSS, los países presupuestaron 600 millones de dólares (unos 510 millones de euros) de coste operativo durante el primer año y apenas llegó a los 115 millones recaudados (97 millones de euros). El texto de la resolución plantea dudas, debido a lo enrevesado y contradictorio de algunos de los puntos, como el que supedita las operaciones de esta fuerza a la Policía Nacional de Haití (PNH), pero esgrimiendo que también podría actuar de forma “independiente” para neutralizar pandilleros.
Otra de las cuestiones que inquieta a los colectivos pro derechos humanos es que en ella se detalla que actuará “conforme al derecho internacional y los derechos humanos, según proceda”, lo que abre la puerta a situaciones que puedan vulnerar las garantías de una población civil ya asolada por diversos desastres humanitarios. Hasta el momento, la MSS ha operado de forma conjunta con la PNH para el restablecimiento del orden, y sobre el papel, ya que se han documentado casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de las autoridades.
En ese sentido, la directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, emitió un comunicado en el que afirmó que “tras meses de inacción imprudente”, el Consejo de Seguridad de la ONU finalmente había dado “un paso para responder a la devastadora crisis de Haití”. Sin embargo, matizó que para que la recién creada fuerza “sea efectiva y no repita los abusos del pasado, debe contar con financiamiento sostenido y predecible, personal suficiente y garantías robustas de derechos humanos”.
El desafío de combatir a menores en pandillas es otra de las novedades en la resolución aprobada, debido a la pretendida incorporación de militares a la misión, un tema que también preocupa a ONG por estar formados para otro tipo de tareas y no tanto para lidiar con el desafío de las bandas, que controlan el 90% de la capital, Puerto Príncipe.
Además, el texto reconoce la necesidad de reforzar los recursos, la logística y el equipamiento de esta nueva misión debido a la “dramática expansión” de las bandas (con unos 5.500 pandilleros en total) y que cuentan en sus filas con hasta un 50% de menores de edad. “Se tomarán medidas para asegurar, cuando sea apropiado y factible, que los niños detenidos en tales operaciones sean remitidos a agentes de protección infantil”, han expuesto en el documento.
El texto que da luz verde a la GSF incide en la importancia de proteger “infraestructuras críticas y de tránsito en coordinación con la PNH”, habida cuenta de que el aeropuerto de la capital y los puertos están controlados ahora por las pandillas, que se benefician de la llegada de ayuda humanitaria. Esta nueva “fuerza” aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero sin un vínculo ni el sello propio de Naciones Unidas. Aparece como una iniciativa diferenciada de las misiones de paz que hasta 2017 hubo en Haití.
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