Los gremios retan a Delcy Rodríguez y se concentran para exigir mejoras económicas en Venezuela

Una enorme marcha de trabajadores que ha intentado llegar al Palacio de Miraflores ha puesto de manifiesto el malestar de buena parte del país ante la precaria situación económica que viven los venezolanos. La protesta ocurría este jueves por la mañana, pocas horas después del anuncio de la presidenta, Delcy Rodríguez, de que incrementará el salario mínimo por primera vez en cuatro años, pero la manifestación en Caracas y varios estados del país ha demostrado que la promesa no logra aplacar el malestar. Las fuerzas de seguridad, sin embargo, sí consiguieron asfixiar la protesta colocando bloqueos en las calles que los manifestantes pretendían recorrer.

En Caracas, los manifestantes aspiraban llegar a Miraflores, un sitio vetado desde hace más de dos décadas para los críticos del Gobierno. Un enorme despliegue policial y de los servicios de inteligencia estranguló la movilización, una de las más grandes desde el 3 de enero, día de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Se abrió entonces una ventana a la protesta callejera después de más de un año y medio de haber estado silenciadas por la represión.

Este jueves, hubo choques aislados entre uniformados y manifestantes, que lanzaban objetos contra los escudos, y se produjeron situaciones de tensión. “No nos dejaron pasar, a mí me pisaron y así mostraron su verdadera cara”, dice Yuxil Martínez, sindicalista de las empresas básicas del sur de Venezuela. Se reportaron al menos cuatro manifestantes detenidos. El Sindicato Nacional de la Prensa también denunció agresiones sufridas por al menos diez periodistas, a quienes golpearon, rompieron sus equipos y robaron.

La movilización reunió a sindicatos y gremios, algunos antiguos apoyos del chavismo. Partieron antes de las once de la mañana desde Plaza Venezuela y recorrieron un laberinto de obstáculos por el centro de Caracas hasta llegar a unas pocas cuadras de la Asamblea Nacional. Decenas de policías motorizados cercaron la manifestación en las calles por las que previsiblemente iba a cruzar la marcha. Aceleraron, frenaron, se plantaron y cambiaron de dirección. El cruce de la vía principal lucía completamente blindado con estructuras metálicas y uniformados armados y con escudos antimotines. El objetivo fue desviar la protesta desde las avenidas principales hacia las calles peatonales y callejones estrechos.

La protesta opositora acabó tan atomizada que se dispersó y no pudo alcanzar Miraflores. Mientras tanto, a solo 500 metros, el chavismo celebraba 20 años de la aprobación de la Ley de Consejos Comunales. Cientos de personas se habían reunido desde las diez de la mañana para celebrar al chavismo y pedir por la libertad de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, presos en Estados Unidos. La columna, convocada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para contrarrestar la cita opositora. Ellos sí lograron llegar a Miraflores.

En la víspera de la manifestación, Rodríguez intentó rebajar un malestar creciente ante las expectativas de mejoras económicas que trajo la intervención estadounidense. La presidenta reconoció por primera vez la responsabilidad del Gobierno en la debacle de la hiperinflación y el desabastecimiento del país —vocablos que el alto gobierno chavista evita—, e incluso la emigración que ha sacado del país a cerca de ocho millones de venezolanos, la cual calificó de “inducida”. El desplome venezolano de estos años, dijo, ha sido responsabilidad del “bloqueo económico”, pero admitió —acaso, también, por primera vez en 12 años— que“la política equivocada en materia de aumentos salariales” había producido en Venezuela enormes distorsiones monetarias y fiscales.

Para buena parte de los manifestantes, muchos de ellos jubilados, lo dicho por Rodríguez no fue suficiente. “Ni bono, ni Clap, salario digno ya”, era la consigna más repetida. Un hueso de res pelado que alzaban algunos sindicalistas se convirtió en un símbolo común de la protesta. Para comprar esa pieza, un trabajador necesita tres salarios mínimos de 130 bolívares, equivalentes a menos de un dólar al cambio oficial.

Elías Fernández, obrero de 62 años de la Universidad Simón Bolívar, se quejaba del estado deplorable de la casa de estudios. “Nosotros hacemos lo que podemos para mantener la universidad, pero somos pocos y nosotros no tenemos sueldo”, dice. Buena parte de la administración pública tiene empleos extra para sobrevivir. El dinero no les alcanza siquiera para ir al trabajo todos los días. “Aquí han violado la Constitución y la propia Ley del Trabajo que aprobó (Hugo) Chávez”, denuncia el dirigente sindical Gabriel Mendoza, que tiene ocho años con su período vencido porque el Gobierno ha bloqueado por años la renovación de los gremios. “Estamos cansados de reunirnos con los funcionarios y siempre nos dicen que no hay plata, mientras vemos cómo despilfarran la plata que entra a Venezuela”.

Las exigencias en la marcha no fueron solo laborales: hubo también pedidos de elecciones y la liberación de los presos políticos que todavía hay luego de la aplicación de una ley de amnistía limitada.