La sombra del escándalo del Banco Master pisa los talones de Alexandre de Moraes, el juez estrella de Brasil

El escándalo del Banco Master en Brasil, un monumental fraude con tentáculos que amenazan a buena parte de la élite política y económica del país, empieza a arañar la imagen del juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes. En los últimos años, se convirtió en símbolo de la defensa de la democracia por su mano dura contra el bolsonarismo: llevó a la cárcel a cientos de golpistas y fue clave en la salvaguarda de las instituciones. Pero en los últimos meses, su peligrosa cercanía al caso Master amenaza con apagar su brillo. En los últimos dos años, el bufete de abogados que lidera su esposa, Viviane Barci de Moraes, recibió más de 80 millones de reales (casi 16 millones de dólares) para defender al controvertido banco. Es mucho más de lo que el Master pagó a los más de 60 despachos que contrató el año pasado, según publica la prensa local.

La tóxica cercanía con el epicentro del escándalo no acaba ahí: Moraes voló al menos en ocho ocasiones en aviones privados de empresas del fundador del Master, Daniel Vorcaro, ahora en la cárcel. Sus portavoces lo niegan, de la misma manera que el juez negó, con unas explicaciones técnicas poco convincentes, un polémico intercambio de mensajes de WhatsApp el día en que Vorcaro fue arrestado por primera vez. El banquero llegó a preguntarle si había conseguido “bloquear” la operación policial.

El Banco Master fue liquidado el pasado noviembre y, según el entonces ministro de Hacienda, Fernando Haddad, es el mayor fraude bancario de Brasil, que ronda los 7.600 millones de dolares.

Todo es especialmente grave porque quien va a juzgar el caso es el Supremo. Otro de sus jueces, Antonio Dias Toffoli, ya se apartó del caso por conflicto de interés, después de que salieran a la luz relaciones muy estrechas con Vorcaro. Ahora crece la presión para que Moraes también dé un paso atrás.

El propio presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, se lo sugirió personalmente, según confesó esta semana en una entrevista. “Le dije: has construido una biografía histórica con el juicio del 8 de enero [fecha del asalto a los tres poderes en Brasilia en 2023], no permitas que ese caso de Vorcaro acabe con tu biografía”. Lula sostiene que hay ocasiones en que un comportamiento o una decisión puede ser legal, pero, “por las circunstancias en que ocurren, el pueblo las trata como una cosa inmoral”.

Efectivamente, la gran mayoría de informaciones periodísticas que van saliendo a la luz sobre el caso Master transitan en una zona de grises entre la legalidad y la ética. Un buen ejemplo es la lluvia de millones que el banco repartió en los últimos años entre la élite política y económica del país para ganar influencia, a cambio de servicios de abogados, y fortalecer una agenda de contactos valiosísima.

En principio, no se trata de ilegalidades en forma de sobres o maletines de repletos de billetes, sino de “consultorías” o “pareceres jurídicos” muy bien remunerados, que supuestamente beneficiaron a autoridades como el expresidente Michel Temer y exministros tanto de Lula como de Bolsonaro. Fueron unos 11 millones de euros (unos 13 millones de dólares), según datos de Hacienda citados por el diario O Globo.

El banco también tiró la casa por la ventana financiando costosos eventos en Londres, Nueva York y Lisboa, en que se dieron cita congresistas, ministros, jueces del Supremo como el propio Moraes o los máximos representantes de la Fiscalía y de la Policía Federal. Estos foros, relativamente comunes entre la élite brasileña, se organizan con el pretexto de debatir “el futuro de la democracia” y otras generalidades por el estilo… a muchos kilómetros de casa.

En general, es la excusa perfecta para una retahíla de lujos (hoteles y restaurantes carísimos, el mejor whisky) que la prensa brasileña publica con gusto estos días. Todo pagado por el entonces todopoderoso Vorcaro. Eran sus estrategias para comprar influencia en Brasilia y salvar a su banco. Ahora el banquero está preso y negociando con los investigadores un acuerdo para revelar información a cambio de beneficios penales. La información que pueda aportar, con Brasil celebrando elecciones en octubre, puede caer como una bomba.