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Caso Master: el fraude bancario de 2.000 millones de dólares que sacude Brasil

El escándalo pone en duda el papel del Banco Central y de jueces Tribunal Supremo

Un terremoto de proporciones aún difíciles de calibrar. Es lo que ha provocado el escándalo del banco Master, hasta hace poco tiempo un banco brasileño de tamaño medio conocido por sus jugosas promesas y que en los últimos meses está en el ojo del huracán. Su rápido crecimiento, a base de productos mucho más atractivos que la media del mercado, terminó con su liquidación el pasado noviembre y la detención de su presidente, Daniel Vorcaro, cuando intentaba huir de Brasil. El agujero, según las estimaciones iniciales de la Policía Federal, podría alcanzar los 12.000 millones de reales (más de 2.200 millones de dólares) y hay al menos 1,6 millones de afectados.

Una decena de socios y directivos han sido arrestados. Para el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, este podría ser “el mayor fraude bancario” de la historia de Brasil. Cada semana trascienden nuevos episodios de una compleja trama que ya salpica a las más altas instancias, y la sensación es que los investigadores apenas están empezando a tirar del hilo.

El auge y caída del banco Master lleva la firma de Vorcaro, un empresario de 42 años que inició su meteórica carrera haciendo negocios en una iglesia evangélica de Belo Horizonte y que enseguida tejió una densa red de contactos en la élite económica y política de Brasil. Hace cinco años compró un banco casi en bancarrota y lo rebautizó como Banco Master. Empezaba entonces una trayectoria fulgurante: la entidad creció exponencialmente, pero a base de una estrategia muy arriesgada, vendiendo depósitos a plazo fijo con intereses muy superiores a los ofrecidos por la competencia, ligados a operaciones con riesgo elevado, y sin comprobar que tendría liquidez para pagar a los inversores.

Para simular solidez, realizó operaciones con activos inexistentes, y después vendió esos créditos falsos al BRB, un banco público de Brasilia controlado por el Gobierno del Distrito Federal. La entidad desembolsó más de 12.000 millones de reales sin la documentación adecuada, para socorrer las cuentas del Master de forma artificial. Esa maniobra se produjo mientras el BRB intentaba comprar el Banco Master, como una forma de intentar convencer a los reguladores de que la compra era segura.

El Banco Central, no obstante, detectó que había demasiadas preguntas sin responder y en septiembre vetó la compra. El banco Master siguió buscando compradores dispuestos al rescate y en noviembre apareció Fictor Holding Financiera. La operación tampoco salió adelante: pocas horas después del anuncio de la compra, la policía detuvo al dueño, Vorcaro, en el aeropuerto internacional de São Paulo. Se encontraba en su jet privado, a punto de huir de Brasil rumbo a Dubai.

Fue entonces cuando el Banco Central determinó la liquidación del banco y todos los trapos sucios empezaron a salir a flote. Además de los 500 empleados del banco que perdieron su trabajo hay 1,6 millones de acreedores que tenían depósitos e inversiones en el Banco Master, sumando 41.000 millones de reales (más de 7.600 millones de dólares). Ahora les compensará el Fondo Garantizador de Crédito. Una tercera parte de los recursos de esta especie de seguro lo aportan dos bancos estatales, por lo que el agujero se tapará en parte con dinero público. Nunca antes se había ejecutado un rescate de estas proporciones.

El escándalo va más allá de los despachos del mundo financiero y ha puesto a prueba la salud y la credibilidad de las instituciones brasileñas. No son pocos los que acusan al Banco Central de negligencia y omisión por no haber actuado antes, y el clima de desconfianza también recae sobre algunos jueces del Tribunal Supremo. El juez José Antonio Dias Toffoli le arrebató el caso a la Justicia ordinaria y lo elevó a la máxima corte del país. Decretó secreto de sumario e hizo otras maniobras que sonaron aún más sospechosas cuando se supo que tiene una amistad de décadas con uno de los abogados del banco y que viajó con él en su jet privado a la final de la Copa Libertadores, en Perú, con la entidad ya liquidada.

Tampoco sale bien parado el juez Alexandre de Moraes, más conocido por ser el látigo de la extrema derecha golpista. Antes del escándalo, el bufete de su esposa, Viviane Barci de Moraes, firmó un contrato millonario (casi 130 millones de reales, 24 millones de dólares) para asumir la defensa del banco hasta 2027. Además, según el diario O Globo, el propio Moraes contactó hasta en cuatro ocasiones al presidente del Banco Central para interesarse por el proceso de compra por parte del BRB de Brasilia. El juez niega haber tratado del tema en esas reuniones. La Fiscalía rechazó abrir una investigación sobre el papel de su esposa.

En cualquier caso, los tentáculos del caso se expanden sin cesar y ya se entrelazan con las difusas tramas en las que se mueve el dinero del crimen organizado. Una de las gestoras de fondos de inversión con las que trabajaba el Banco Master, por ejemplo, era Reag, investigada por lavar dinero para el Primeiro Comando da Capital (PCC), la facción de narcotraficantes más poderosa de Brasil.

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