Estados Unidos pone en la mira de la justicia a autoridades y entidades del régimen cubano

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha formado un grupo de trabajo para examinar posibles imputaciones por delitos federales contra funcionarios o entidades del Gobierno de Cuba, según adelanta The Washington Post este viernes.

Agencias federales, incluido el Departamento del Tesoro, formarán parte de este grupo, lo que podría significar que la Administración de Donald Trump está considerando nuevas sanciones contra Cuba. La noticia llega después de que el presidente de EE UU asegurara que “Cuba caerá bastante pronto”.

La creación del nuevo grupo coincide con una campaña de presión lanzada por la Casa Blanca contra La Habana. El Gobierno de Trump ha afirmado que, tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro el pasado mes de enero, y el ataque a Teherán hace una semana, el régimen cubano podría ser el siguiente en sus planes.

“Cuba será la siguiente. Caerá bastante pronto. Están deseando hacer un trato”, aseguró el mandatario republicano el viernes en La Casa Blanca en medio de la recepción al equipo de fútbol que ganó la liga MLS la pasada temporada, el Inter de Miami, donde juega Leo Messi. La comitiva estaba repleta de políticos republicanos de Florida y empresarios de Miami, muy próximos a la comunidad cubana en el exilio. “Solo quiero esperar un par de semanas. He puesto a Marco Rubio con ello, pero primero nos enfocaremos con Irán; hay tiempo de sobra [para Cuba]”, dijo el presidente.

“Lo que está pasando con Cuba es asombroso, y creemos que queremos solucionar esto (Irán) primero”, insistió. “Será solo cuestión de tiempo antes de que usted y mucha gente increíble regresen a Cuba, ojalá no para quedarse. Queremos que regresen y no queremos perderlos. No queremos que se queden. Pero algunos probablemente sí quieran quedarse. Aman muchísimo a Cuba. Lo escucho constantemente”, agregó el ex promotor inmobiliario.

La Fiscalía federal del Distrito Sur de Florida coordinará el grupo de grupo de trabajo para la acusación de funcionarios cubanos, según desveló un funcionario a The Post. Esta oficina federal tiene una vasta experiencia en casos contra altos funcionarios cubanos por supuestas irregularidades vinculadas al régimen de La Habana.

El Departamento de Justicia ya usó una estrategia similar con los líderes venezolanos. El año pasado declaró a Nicolás Maduro y a varios de los miembros de su Gobierno como “terroristas” y le acusó de colaborar con organizaciones delictivas como el Tren de Aragua venezolano o el cártel de Sinaloa mexicano para introducir drogas en Estados Unidos. “Es uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza contra nuestra seguridad nacional”, afirmó el pasado verano, Pam Bondi, secretaria de Justicia. Maduro ya contaba con una acusación del DOJ desde 2020 pero la ofensiva jurídica se endureció semanas antes de la intervención militar.

Estados Unidos elevó además la recompensa por información que ayudase a la detención del líder chavista a 50 millones. Aquellas acusaciones se produjeron justo antes de que el ejército comenzara a agruparse en el Caribe y a bombarderar supuestas narcolanchas en una escalada militar que acabó con el arresto de Maduro y su esposa en una espectacular operación militar en Caracas.

La Físcalía federal de Florida ya se encargó del caso contra cinco oficiales de inteligencia cubanos, pertenecientes a la red Avispa, arrestados en Estados Unidos por supuesto espionaje a a finales de 1998. Tres de los miembros del grupo de los Cinco fueron liberados más de una década después por el presidente demócrata Barack Obama en 2014 mientras intentaba de reestrablecer relaciones diplomáticas con el régimen castrista tras años de sanciones.

Ha llovido mucho desde entonces, pero el pasado 13 de febrero, varios legiladores republicanos de Florida instaron al Departamento de Justicia que reabriera un caso de 1996. Se trata de un incidente en el que fuerzas cubanas derribaron dos aviones civiles por el que murieron cuatro personas vinculadas a la oposición en el exilio.

Los congresistas aseguraban en la misiva dirigida a Pam Bondi que fueron Raúl Castro, ex presidente de Cuba quien dio la orden para derribar el avión que en ese momento buscaba refugiados cubanos en el mar.