Las excarcelaciones de presos políticos llevan a la oposición venezolana otra vez a la calle

La oposición venezolana ha vuelto a las calles. Lo ha hecho para recibir a centenares de presos políticos liberados en las últimas semanas, desde que Venezuela inició la transición política tutelada por Estados Unidos, luego de una intervención militar a principios de enero que capturó a Nicolás Maduro y Cilia Flores. Las de ahora son distintas a otras excarcelaciones que ha promovido el chavismo, aunque en ninguno de los casos se les ha concedido la libertad plena. Estas han estado acompañadas de celebraciones, declaraciones en los medios de los libertados y manifestaciones de apoyo en la calle. Se han convertido en actos políticos como hace meses no se veían en Venezuela; un desafío luego de que Venezuela viviera en los últimos meses los momentos más represivos del chavismo.

Apenas salieron de los centros de detención este domingo, sin siquiera llegar a sus casas, Jesús Armas y Juan Pablo Guanipa, cercanos colaboradores de María Corina Machado, han recorrido Caracas en una caravana de motocicletas. Fueron hasta el Helicoide, la cárcel que Delcy Rodríguez ha prometido transformar en centro comunitario y deportivo: un lugar que para centenares de presos políticos y sus familiares representa una herida en la memoria, por los malos tratos y torturas que se denuncia que han ocurrido ahí y en otras prisiones venezolanas. Después se acercaron a la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana, donde estuvo por primera vez hace unos días Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, que prometió que todos saldrían entre el martes y el viernes de la semana próxima.

En el Helicoide se encontraron con el resto de los dirigentes del partido Vente Venezuela que han salido este domingo. “Es una felicidad agridulce, porque muchos están en cautiverio. Nos incorporamos a la lucha para la libertad sea para todos. Una de las razones por las que nos encerraron injustamente es por luchar por la libertad de Venezuela y por eso mismo salimos hoy”, dijo María Oropeza, líder regional de Vente en el estado de Portuguesa. Oropeza transmitió en vivo su propio arresto hace dos años cuando los agentes de inteligencia del Gobierno rompieron las puertas de su casa durante una de las llamadas Operación Tun Tun, en las que se perseguía a opositores.

Dignora Hernández, de la directiva de Vente, tomó el megáfono para agradecer la solidaridad manifestada las últimas semanas con los familiares de los detenidos. Pidió que las excarcelaciones incluyan a todos los presos políticos, entre ellos más de 170 militares, y lanzó un desafío a quienes han quedado en el poder luego del 3 de enero. “Mientras haya un preso del régimen, un preso de Delcy Rodríguez, no habrá transición”, advirtió la activista, que pasó 23 meses en prisión.

En esta cárcel y otras más de Caracas y del país las familias de centenares de presos políticos se han mantenido en vigilia desde el 8 de enero, cuando Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento, prometió liberaciones en medio del relevo en el chavismo luego de los ataques estadounidenses. Esa presión sostenida, a la que también se ha sumado la Iglesia católica, ha sido clave en la transformación que vive el conflicto político venezolano desde que inició 2026. También lo ha sido para que finalmente la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunciara una ley de amnistía general que se aprobará la próxima semana.

Armas y Guanipa, Perkins Rocha, Freddy Superlano, Dignora Hernández, María Oropeza. Los nombres de los que han salido hoy tienen peso: representan los principales dirigentes de la causa de Machado, convertida en el objetivo principal del chavismo cuando puso contra las cuerdas al régimen en 2024 al denunciar con las actas de votación el fraude electoral de 2024, que el Gobierno venezolano ha negado. La opositora tuvo que irse a la clandestinidad luego de las elecciones y ha luchado por mantener en vigor la presión internacional, en particular, la de Estados Unidos, que es lo que finalmente ha llevado al chavismo a iniciar un proceso de reformas profundas y abrir el camino para una transición. En diciembre logró salir del país en una operación especial para recibir el Premio Nobel de la Paz y, ahora en Estados Unidos, aguarda regresar a Venezuela. El regreso de ella y otros exiliados, incluido Edmundo González Urrutia —quien obtuvo el triunfo en las presidenciales de 2024, según las actas oficiales— será la gran prueba de amplitud de la ley de amnistía.

Venezuela ha dado un giro luego de la intervención de Estados Unidos, que inicialmente parecía apalancada en el interés de la Administración de Donald Trump en el petróleo y otros recursos naturales. Los cambios que forman parte de un plan resumido por el secretario de Estado, Marco Rubio, en las fases de estabilización, reconstrucción y transición, están ocurriendo bajo una tutela directa de Washington. Estados Unidos no solo ha reabierto su embajada, a cargo de Laura Dogu, sino que también ha enviado al director de la CIA, John Ratcliffe —días después de la operación militar que apoyó la misma agencia— a reunirse con Delcy Rodríguez y su nuevo jefe de inteligencia militar.

En un mes y medio de vértigo se han solapado reformas económicas para abrir la participación privada en la industria petrolera y levantar un país postrado, a la par que la sucesora de Maduro maniobra con la tarea de desandar años de una política represiva de la que fue parte, con un enorme saldo de graves violaciones a los derechos humanos, y que todavía tiene por delante una reinstitucionalización del sistema judicial.