Menos del 1% de denuncias por violencia sexual en Perú obtuvo sentencia firme

Ha pasado casi un año y Sandra, quien pide proteger su verdadera identidad, aún no se atreve a denunciar al sujeto que la violó hace tres años. Acababa de cumplir la mayoría de edad cuando conoció a su expareja, un hombre 10 años mayor que ella, quien al inicio se mostró amigable y atento. Hasta que un día, la llevó a una habitación de hotel y la forzó a tener sexo anal con él. “Me obligó a hacerlo”, dice ella.

Cuando volvió a pasar, buscó la ayuda de una tía porque pensaba en denunciarlo, pero la respuesta que recibió la llenó de más miedo. “Mi tía me dijo que lo más probable era que la denuncia no procediera y que él podía contrademandar por difamación”, explica.

El caso de Sandra retrata la realidad de la mayoría de mujeres de Perú, donde su propio presidente fue denunciado por violación sexual. Un país donde cada 40 minutos se reporta una violación, según datos oficiales del Centro de Emergencia Mujer y Familia (CEM). Tras varios pedidos al Portal de Transparencia del Ministerio Público, EL PAÍS revela en esta investigación que de las 73.747 denuncias registradas por violación entre 2017 y septiembre de 2025, solo 280 obtuvieron sentencia. Es apenas el 0,38% de los casos.

Mujeres como Sandra no figuran en esa estadística porque prefieren no denunciar por temor a que las “culpen, cuestionen y sancionen”, dice Amire Ortiz Arica, abogada especializada en violencia de género y directora de Acción por Igualdad.

El temor a las represalias es otro factor para guardar silencio. Así lo explica Elena Larrauri Pijoan, catedrática en Derecho Penal y Criminología. “Estos hombres buscan venganza contra las mujeres por haber tenido que presentarse ante la ley (...). Es una traición que merece ser castigada”, escribe en un artículo titulado ¿Por qué retiran las mujeres maltratadas las denuncias?

Al escuchar a su tía, Sandra cambió de opinión. “Ya no creo que debería denunciarlo”, se dijo a sí misma.

El acusado toma el poder

El 30 de diciembre del 2024, el ahora presidente de la República, José Jerí Oré, fue denunciado por violación sexual por una mujer que acudió a su fiesta de fin de año en una casa club de verano en la provincia de Casma, al norte de Lima. Jerí era entonces congresista de la bancada Somos Perú.

El fiscal Tomás Gálvez, investigado por sus nexos con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, archivó el caso en solo ocho meses. Entre las evidencias que sostuvo su decisión, fue una prueba de ADN que no correspondía a Jerí, un argumento que, según una sentencia plenaria del 2018 de la Corte Suprema, no es concluyente para casos de violación sexual.

Sobre esta resolución, el abogado de Jerí, Ricardo Caldas, declaró a esta investigación que las conclusiones de la Corte Suprema eran “opiniones técnicas y dogmáticas”.

El otro denunciado junto a Jerí, Marco Cardoza Hurtado, quien también asistió a la reunión en Canta, no se presentó a dar sus declaraciones, tampoco fue detenido y terminó fugándose a Francia en febrero del año pasado. Las autoridades ordenaron su captura un mes después.

“El archivamiento de una denuncia de violación sexual no significa necesariamente que el acusado sea inocente. En muchos casos, se da por falta de pruebas y testimonios”, sostiene Julissa Mantilla, abogada y expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el caso de Jerí, por ejemplo, la Fiscalía tampoco revisó los chats del presidente tras la denuncia, no se le practicó una pericia psicológica y el mandatario no cumplió con la orden judicial para recibir tratamiento por “control de ira y patologías sexuales”.

“Es que esta decisión nunca fue notificada a mi patrocinado”, dice Caldas para explicar por qué el presidente no acudió.

Sin embargo, para la antropóloga especializada en género, Angélica Motta, el caso de Jerí es “una situación muy gráfica de cómo la impunidad opera como una trama de lealtades” en casos de violencia de género. “Un hombre puede tener actitudes predatorias y llegar a ser presidente sin que la clase política se despeine. Eso les dice a las mujeres violentadas que no hay esperanza, que no va a pasar nada”, sostiene.

El embudo judicial

Los datos de transparencia recopilados por esta investigación revelan que el 56,5% de las denuncias reportadas se encuentra aún en la etapa de investigación preliminar, precisamente la fase en la que se archivó la acusación contra Jerí. Además, durante los nueve años analizados, el 27% de los casos fueron archivados.

Una fuente del Ministerio Público, que habló bajo condición de anonimato, explica que el punto medular para que el fiscal formalice el caso son los “elementos de convicción”, pero el aparato estatal presenta obstáculos para obtenerlos. Un ejemplo son las cámaras Gesell, una habitación de dos ambientes separada por un vidrio, especialmente diseñada para entrevistar, en un proceso judicial, a personas que hayan sido víctimas o testigos de un delito. En Perú no son suficientes para procesar un promedio de 9.000 casos de violación sexual al año. Otro ejemplo es el del Instituto de Medicina Legal, saturado debido al escaso personal. O cómo se desestiman sin miramientos los testimonios que llegan fuera de plazo.

“Cuando la declaración de la agraviada llega fuera del plazo, es decir pasado los cuatro meses en los que se puede ampliar la investigación preliminar, la contraparte puede presionar alegando que el caso debe cerrar”, alega la fuente del Ministerio Público.

Los fiscales además reciben bonificaciones y ascensos cuando archivan los casos; pero no cuando deciden formalizarlos. “El archivamiento es considerado un ‘pronunciamiento de fondo’ y eso suma puntos”, afirma la misma fuente.

Del total de las denuncias, apenas 556 han llegado a la etapa de juicio, es decir, más del 99% de las víctimas no han podido encarar aún ante el juzgado a quienes denunciaron como sus agresores.

“En las investigaciones fiscales no se comprende la falta de consentimiento como un elemento central para que se configure el delito. Se quiere ver una ropa interior destrozada, golpes, moretones entre las piernas, jalones de pelo. Si no se encuentran esos elementos, que evidencien violencia física, se abandona el caso”, explica Ortiz.

“Yo le dije que no quería. No hubo consentimiento y él igual lo hizo”, reitera Sandra.

En recientes entrevistas en medios, Jerí se aferró a la prueba de ADN negativa para defender su inocencia. También señaló que existía un “ensañamiento” en su contra. Hasta ahora, ningún medio nacional ha cuestionado por qué su caso fue archivado por un fiscal con nexos de corrupción.

“El hecho de que el fiscal Tomás Gálvez haya tenido o tenga una investigación, eso, ¿qué tiene que ver con nosotros?”, cuestionó el abogado Caldas.

El día de la reunión en Canta, la denunciante bebió pisco puro, se quedó dormida en una silla de playa y despertó sola en una habitación, sintiéndose confundida y con el bibidí [camiseta interior] mojado de Jerí al lado de la cama. Sobre este hecho, el presidente solo ha dicho que el caso “está en investigación”.

Jerí no es la única autoridad bajo sospecha por un delito sexual. El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, también fue denunciado por violación y secuestro.

“Es una prueba más de que estamos frente a una corporación de rapiñadores del bien común y de los cuerpos de las mujeres”, dice la antropóloga Angélica Motta.

Para la doctora Julissa Mantilla, “se debería rechazar que cualquier persona denunciada por violencia de género” ocupe cargos públicos. “Por la solidaridad con las víctimas y los derechos humanos, no se puede actuar como si nada, como si esto no fuese un hecho grave”, afirma.

En abril de 2018, el exmagistrado César Hinostroza, integrante de la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, a la que el fiscal Tomás Gálvez está vinculado, sostuvo una conversación telefónica en la que se le escucha negociar la reducción de una pena en un caso de violación a una niña de 10 años.

El contexto actual ha empujado a organizaciones feministas como Demus, Manuela Ramos y Promsex a denunciar que, “mediante el encubrimiento de denuncias”, el Estado peruano “perpetúa la violencia de género” y “consolida la impunidad”.

Solo en junio del 2024, la dirigente awajún, Rosemary Pioc Tena, denunció que más de 500 menores de edad de la provincia de Condorcanqui, en Amazonas, habían sido sistemáticamente abusadas sexualmente por sus profesores y diagnosticadas con VIH. Los ministros de Educación y de la Mujer de la entonces presidenta Dina Boluarte calificaron este hecho como “prácticas culturales”.

“Se reproduce un sistema donde la violencia contra las mujeres y las niñas se negocia, se encubre y se banaliza desde las instituciones del Estado”, afirman estas organizaciones.

Rendición de cuentas

Cuando recién conoció a su expareja, cuenta Sandra, él le decía que la quería y que se fueran a vivir juntos. Con el tiempo, ella descubrió que él tenía una relación paralela. “Lo encaré y quiso pegarme y violarme”, recuerda.

La violación, dice la antropóloga Rita Segato en su ensayo Estructuras elementales de la violencia, “es un acto disciplinador, un castigo contra una mujer que se salió de su lugar”. En el Perú, estas conductas son normalizadas y minimizadas; y a menudo, se termina culpando a la víctima por haberse “expuesto” a la agresión. Sandra se responsabiliza a sí misma por “haber permitido” el abuso.

“Se busca regular la conducta de los agresores sin entender por qué la violencia es criminal si siempre se ha ejercido”, explica Segato. “¿Cómo identificas que vives una situación de violencia si es tu pareja? ¿Cuántas mujeres han accedido a tener relaciones sexuales donde no hubo golpes, pero tampoco consentimiento?”, cuestiona la abogada Amire Ortiz.

Cuando el proceso penal es tan largo y desgastante, hay desincentivo para presentar la denuncia y continuar con el caso. “Las víctimas no solo quieren justicia, buscan sanción, continuar con sus proyectos de vida”, continúa Ortiz.

Y Sandra se cuestiona: “Si el presidente Jerí está gobernando como si nada, yo me pregunto: ¿A quién más le hará lo mismo? ¿Qué me hace creer que mi denuncia sí va a hacer efecto?”.