Las familias que se convirtieron en investigadoras de las desaparecidas en Perú: “Tomamos el papel de la Policía”

Hace seis años que en la casa de Marcelino Alvarado y Gastón —padre e hijo de 71 y 42 años— no se celebran cumpleaños. Tampoco Navidades. Ni ninguna otra fecha especial. Hace seis años que Karina Alvarado —hija y hermana de ambos— salió de su casa a buscar caramelos en el centro de Lima para el cumpleaños de su sobrina, y nunca volvió. Desde el 27 de agosto de 2019, cuando ella tenía 39 años, su familia busca con desesperación su paradero.

Nada les da luces de dónde está ni qué pasó. Desde hace seis años, cuando denunciaron la desaparición y las autoridades peruanas no actuaron, viven con un sentimiento de abandono y coraje. Nadie la buscó y nadie investigó, salvo ellos, su propia familia. “Tomamos el papel de la Policía”, dice el hermano, “fuimos a hospitales, comisarías, morgue de Lima y los lugares por donde ella iba, hicimos volantes”.

En Perú, solo en 2025 se denunciaron 12.044 desapariciones de mujeres, según la Policía. Si bien el registro indica que ese año se encontró a 6.698 mujeres, estos datos no son directamente comparables, ya que la aparición de una persona puede producirse en un año distinto al de su desaparición.

Desde 2022, la desaparición de mujeres está reconocida dentro del marco de la violencia de género, debido a que son más vulnerables —seis de cada diez casos corresponden a mujeres— y a que, con frecuencia, están vinculadas a otras formas de violencia, como el feminicidio o la trata de personas. No obstante, pese a este avance normativo, las autoridades suelen incumplir los protocolos establecidos para recibir las denuncias e iniciar las diligencias, según denuncian organizaciones y familias. Como consecuencia, son las familias las que asumen la búsqueda de sus desaparecidas, mientras los procesos se prolongan durante meses y, en algunos casos, años.

Cuando Karina desapareció, su hermano intentó denunciar en la comisaría, pero le indicaron que no podía hacerlo porque no era su esposo ni su padre. Tras insistir, “lo hicieron de mala gana y lo hicieron mal: la fecha, la descripción, ni la hora coincidía”, cuenta Gastón Alvarado, desde la puerta de la casa familiar, la misma de donde salió Karina, en una de las zonas más vulnerables de Lima, en la zona alta del distrito de San Juan de Lurigancho. Por más de medio año nadie los ayudó: “Prácticamente todas las investigaciones que recabó la Policía fue porque nosotros se lo dimos”, añade.

Ocho meses después de la desaparición, cuando la familia completa asistió a una marcha del Día de la Mujer para pedir apoyo, pudieron hacer algunos contactos con la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones civiles que los ayudaron. Aun así, hasta la fecha, nadie da con Karina. “Ya se sabe quién es el sujeto que la llamó por última vez [para encontrarse], pero ni lo han llamado, ni dan con su paradero”, cuestiona el hermano.

En el otro extremo del Perú, en la selva de Iquitos, otra familia también dejó de celebrar las Navidades y los cumpleaños. Sarife Bravo, de 30 años, lleva cuatro buscando a su hermana Priscila Bravo, desaparecida a los 26 años, en Tacna, al sur del país, donde vivía lejos de su familia con su pareja, a quien había denunciado por violencia. “Mi hermana estaba solita, se preguntaba a quién acudir”, cuenta. Su familia supo que llevaba días desaparecida por un audio que envió uno de sus hijos preguntando por el paradero de su madre. Ahí acudieron a la Policía para denunciar; sin embargo, pese a estar a más de 1.600 kilómetros de distancia, les indicaron que debían hacer la denuncia en donde había desaparecido.

Vanessa Cuentas, coordinadora de incidencia de Amnistía Internacional, señala que en los casos de desaparición no existe la presunción de delito, ya que primero se requiere probar el acto ilícito. Esta interpretación genera múltiples obstáculos pese a que un decreto legislativo obliga a la Policía a iniciar de inmediato las diligencias de búsqueda. En la práctica, advierte, la respuesta suele quedar “a la buena voluntad de la comisaría”. Esperar 24 o 48 horas para denunciar es un mito: “La denuncia debe presentarse en el acto y la Policía no puede negarse a recibirla. Las autoridades deben actuar con rapidez bajo la presunción de que la mujer sigue viva”, explica.

Luchar contra los prejuicios de género

Existen diversos factores que dificultan el debido proceso, explica Cecibel Jiménez Cuentas, abogada de Flora Tristan, organización feminista que trabaja con familias de desaparecidos. Las familias se enfrentan a prejuicios de género por parte de las autoridades que les dicen: ‘Seguro se fue con un chico, ya volverá’. También al desconocimiento de la norma sobre la desaparición y a una enorme falta de presupuesto en las unidades policiales. Jiménez indica: “Lo que no podemos permitir son las barreras relacionadas con prejuicios de género”. Y agrega: “La Policía es la primera unidad de búsqueda; tiene que dar la mano a las familias, dar la orientación y mantenerlos informados”.

Sarife Bravo cuenta sobre este proceso de búsqueda: “En el camino te vas fortaleciendo y entendiendo qué camino debes tomar para seguir luchando en esta guerra que no termina”. A pesar de las investigaciones que se realizaron en el caso de su hermana, poco ha avanzado. “Hicimos todas las diligencias posibles, pero todo son informaciones incompletas”, dice resignada. Bravo fue una de las protagonistas de la búsqueda de su hermana: “Tanta era mi desesperación que perdí el miedo de acercarme a personas peligrosas”.

En el Perú, la desaparición recién pasa a ser un delito, y por ende a manos de la Fiscalía, cuando se identifica la presunta comisión de otro crimen; por ejemplo, si se ubican restos de la mujer, es un posible feminicidio. Durante ese tiempo, el proceso para las familias se vuelve cada vez más difícil: “Enfrentan un proceso de duelo que no pueden cerrar”, explica Jiménez. “Se profundiza cuando no reciben el apoyo del Estado y el tiempo de la desaparición se extiende”. Las familias suelen apoyarse entre sí a través de asociaciones de personas con familiares desaparecidas, donde encuentran contención emocional, comparten información y participan en acciones públicas.

Las adolescentes son el grupo más vulnerable frente a la desaparición. Solo en noviembre de 2025, el 65% de las alertas emitidas correspondió a niñas y adolescentes. Las causas son diversas: desde redes de captación para la trata de personas con fines de explotación sexual hasta casos de violencia sexual o feminicidio, explican desde Flora Tristán. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, cerca del 10% de los feminicidios registrados tuvo como antecedente una denuncia por desaparición.

Las cifras oficiales también muestran un problema. La policía está obligada a emitir una nota de alerta por cada denuncia que recibe. Sin embargo, de enero a noviembre de 2025 se reportaron 8.089 notas de alerta, mientras que las denuncias solo hasta octubre ya habían llegado a 10.108. La Defensoría del Pueblo sostiene que las denuncias por desaparición deben ser recibidas por personal especializado en género, mientras que las organizaciones advierten de que todas las instituciones involucradas en la búsqueda deberían incorporar este enfoque de manera transversal. No obstante, el panorama en el Perú se ha vuelto cada vez más complejo debido a un retroceso: a finales del año pasado, se aprobó una ley que elimina el enfoque de género de todas las instituciones públicas.

Esta búsqueda sin fin agota a las familias física y emocionalmente, pero también económicamente, al tener que gastar en traslados, viajes o la impresión de volantes. En estos casos, la indiferencia, la esperanza y la angustia muchas veces se traducen en sueños. A veces Sarife Bravo sueña que su hermana la lleva a un descampado y ahí se despide y le dice que se tiene que ir. Todos los días son difíciles: “Tengo audios de ella que todavía guardo y la escucho cuando la extraño”, dice su hermana llorando. “Nunca ha sido fácil”.

Marcelino y Gastón Alvarado recuerdan a Karina como el alma de la fiesta y el núcleo del hogar. Su padre, con lágrimas en los ojos y una sonrisa que muestra la más profunda tristeza, confiesa: “Yo todavía siento que puedo encontrar a mi hija”. Cree que puede ser víctima de trata de mujeres. Los sueños también llegan a él de noche: “Soñé que en mi cuarto habían hecho un hueco grande y mi hija lo señalaba y decía: ‘A ese hueco, pa, ahí es’. Y entonces pienso si es que está enterrada ahí”.