La herramienta que intenta desvelar los feminicidios en Latinoamérica que las estadísticas oficiales no muestran

Al menos 4.855 mujeres fueron víctimas de feminicidio en Latinoamérica durante 2024, lo que equivale a 13 asesinatos por razones de género cada día. Es la nueva cifra que arroja el último informe anual del Mapa Latinoamericano de Feminicidios, una base de datos colaborativa liderada por la ONG MundoSur e impulsada por organizaciones y equipos académicos de 17 países latinoamericanos —México, Costa Rica y República Dominicana no están incluidos—, publicada este miércoles con motivo de la nueva jornada de movilización ‘Ni Una Menos’, el movimiento feminista nacido en Argentina en 2015 para denunciar la violencia machista.

El nuevo informe se ha convertido en una fuente alternativa para monitorear la violencia feminicida en la región, frente a la ausencia o fragmentación de registros oficiales en muchos países, según explican sus creadores. El resultado es un mapa que se nutre del trabajo colaborativo de equipos presentes en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.

Las cifras, recogidas mediante el seguimiento de medios de comunicación y casos documentados por la sociedad civil, muestran un aumento del 4,87% respecto al año anterior, cuando se registraron 4.623 casos. “Permite contrastar los registros oficiales del Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL [Comisión Económica para América Latina y Caribe] con la información recolectada de manera autónoma por ONG y equipos académicos de 17 países de la región”, explica la directora del proyecto y de la ONG MundoSur, Eugenia D’Angelo (Santa Fe, 42 años) en una videollamada desde Le Puy-en-Velay (Francia), donde reside actualmente. Según los últimos datos de la CEPAL, de 2023, 3.897 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 27 países y territorios de América Latina y el Caribe, una cifra inferior a la arrojada por este mapa, pese a que incluye datos de menos países.

Guatemala, Puerto Rico y Honduras lideran la lista con las tasas más altas, superando los cinco feminicidios por cada 100.000 mujeres. Casi la mitad de los asesinatos (49%) fueron cometidos por parejas o exparejas de las víctimas, el 38% se perpetraron con armas de fuego, y más de la mitad ocurrieron dentro del hogar. La edad promedio de las víctimas fue de 34 años, y el 57% eran madres, lo que significa que más de 2.200 menores quedaron huérfanos de madre en el último año. Entre las víctimas también se identificaron 110 mujeres migrantes o refugiadas, lo que evidencia la necesidad de integrar el enfoque de movilidad humana en las estrategias de protección.

Respecto al perfil de los agresores, el 44% mantenía un vínculo sexoafectivo con la víctima, y un 10% ya había sido denunciado por violencia de género, lo que pone en evidencia el fallo sistemático en los mecanismos de prevención.

“El alcance del monitoreo aún está lejos de ser total debido a que en muchos países no existen observatorios especializados impulsados por la academia o la sociedad civil, o por la extrema dificultad para acceder a datos confiables”, advierte D’Angelo, para quien México es el gran ausente de este mapa. Hasta hoy, son muchos los países de América Latina que siguen sin ofrecer información pública y sistemática sobre los feminicidios que ocurren en sus territorios. Esta ausencia de datos oficiales, denuncia D’Angelo, no solo revela una alarmante negligencia institucional, sino que constituye una violación flagrante de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por los Estados, como los establecidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, en sus siglas en inglés) y en la Convención de Belém do Pará.

La génesis del mapa, recuerda la directora, se remonta al contexto pandémico y se inspira en los mapas que seguían la evolución de los contagios de covid-19. “Partiendo de aquella herramienta, decidimos crear nuestro mapa con el objetivo de suplir la desatención del Estado frente a los feminicidios, en especial aquellos que ocurren en contextos estructuralmente invisibilizados en las estadísticas oficiales: los transfeminicidios, los feminicidios vicarios, los asesinatos de mujeres migrantes, afrodescendientes, con discapacidad o pertenecientes a pueblos originarios”, añade D’Angelo.

“Ineficacia de las políticas públicas”

“Allí donde el Estado calla, ellas narran, documentan y resisten, transformando datos en memoria y la evidencia en una herramienta de incidencia”, comenta D’Angelo. Aunque reconoce que “metodológicamente es inviable establecer comparaciones absolutas entre los registros oficiales y los que provienen de fuentes comunitarias o no gubernamentales”, el Mapa Latinoamericano de Feminicidios deja al descubierto realidades inquietantes: en países como Colombia o Guatemala, por ejemplo, mientras las organizaciones reportan cifras alarmantes, los gobiernos no asumen la urgencia de políticas públicas efectivas en la materia.

También es alarmante que los feminicidios aumentaran casi un 5% con respecto a 2023. “Estas cifras reflejan la ineficiencia de las políticas públicas actuales para prevenir y erradicar la violencia machista”, considera D’Angelo. Y añade: “Mientras los discursos institucionales se multiplican, con declaraciones simbólicas y gestos superficiales, la acción concreta y sostenida, con asignación presupuestaria adecuada y voluntad política real, sigue siendo insuficiente”, en alusión a las denominadas prácticas de pink washing. “Los derechos de las mujeres continúan siendo promesas incumplidas”, apunta.

En este proceso destaca NAWI, la más reciente apuesta tecnológica de MundoSur. Es una herramienta digital que utiliza Inteligencia Artificial generativa para facilitar el análisis de datos georreferenciados sobre violencias en América Latina. Entrenada inicialmente con los contradatos de feminicidios sistematizados por el mapa entre 2019 y 2024, NAWI ha sido concebida desde una perspectiva feminista e interseccional, y busca ser un instrumento ágil, riguroso y accesible para quienes trabajan desde la sociedad civil. De esta forma, explica D’Angelo “investigadoras, periodistas, activistas y responsables de políticas públicas pueden explorar información compleja mediante una simple pregunta, abrir líneas de análisis comparado y diseñar intervenciones más eficacesr”.