Honduras se prepara para elecciones en medio de una crisis de incertidumbre

A menos de un mes de celebrarse las elecciones generales para presidente, alcaldes y diputados, en Honduras reina la incertidumbre. Una crisis política atraviesa el país centroamericano con un largo historial de procesos electorales seriamente cuestionados. El golpe más reciente ocurrió este 29 de octubre, luego de que el fiscal general, Johel Zelaya, anunciara una investigación en contra de un miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE), un diputado de oposición y un militar, acusados todos de fraguar un presunto fraude en los comicios a realizarse el próximo 30 de noviembre.

Tres días antes del anuncio del fiscal, el general Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, dio una conferencia de prensa improvisada. Ahí informó que, el mismo día de las elecciones, los militares pedirían al CNE una copia de las actas de cada Junta Receptora de Votos. Su intención, dijo, era llevarlas a una base militar para “garantizar el libre ejercicio del sufragio y la alternabilidad en la Presidencia”. La solicitud, que no ha sido aprobada por el organismo electoral, ha generado un escándalo entre los críticos del Gobierno.

La solicitud coincidió con el anuncio de la presidenta Xiomara Castro de que las fuerzas armadas serán las encargadas de custodiar el material electoral antes, durante y después de los comicios, una medida contemplada en la ley hondureña. “El Gobierno ha tergiversado lo que dice la ley. Cómo es posible que las Fuerzas Armadas soliciten hacer un conteo, un tipo de escrutinio, es una interpretación absurda de las facultades que les permite la ley como garantes de la seguridad del material electoral”, dijo a EL PAÍS César Espinal, Coordinador del Observatorio de Política Criminal y Anticorrupción del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de Honduras.

Luego de ambos anuncios, el 4 de noviembre, la Misión Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Honduras se pronunció e hizo un llamado para garantizar las condiciones adecuadas de trabajo de las autoridades electorales. “La MOE/OEA ha observado acciones y declaraciones, prácticamente diarias, que generan incertidumbre y desestabilizan el proceso electoral”, dijo el organismo en un comunicado.

Honduras es un país históricamente golpeado por la violencia, el crimen organizado y la corrupción. En diciembre de 2017, su expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) ganó su segundo periodo en unas elecciones profundamente marcadas por cuestionamientos luego de que, tras un apagón, cambiaran radicalmente los resultados del conteo de votos. Hernández fue condenado en junio de 2024 por un tribunal de Estados Unidos por conspiración para importar más de 400 toneladas de cocaína y delitos relacionados con armas.

Expertos advierten que el Gobierno hondureño ha desfinanciado la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, lo que podría abrir la puerta del crimen organizado para financiar a los políticos en la actual contienda.

Quiénes compiten por la presidencia

Las elecciones del próximo 30 de noviembre incluirán la elección de presidente, alcaldes, diputados al Congreso Nacional y representantes en el Parlamento Centroamericano (Parlacen). Sin embargo, la mayor incertidumbre y tensión se concentra en la contienda presidencial. Según expertos consulados por EL PAÍS, son al menos tres los elementos que, desde hace varios meses, generan incertidumbre: el cuestionamiento al principal órgano electoral, la violencia política generalizada y el escaso margen entre los tres principales contendientes.

Aunque hay cinco candidatos compitiendo por la Presidencia, las encuestas de opinión pública señalan que solo tres tienen posibilidades reales de ganar: Nasry Asfura, un político y empresario hondureño ligado al sector de la construcción. Fue diputado y luego alcalde de Tegucigalpa, la capital, durante dos periodos, hasta 2022. En las elecciones presidenciales de 2021, compitió como candidato del Partido Nacional y obtuvo el 36,9% de los votos. Rixi Moncada, una abogada y figura histórica del Libre, el partido oficialista, que cofundó junto al expresidente Manuel Zelaya y la actual presidenta Xiomara Castro. Moncada fue ministra de Defensa hasta el pasado 27 de mayo de 2025, cuando renunció para lanzarse a la contienda. Y Salvador Nasralla, un expresentador de televisión convertido en figura política en Honduras. Fue primer designado presidencial, un cargo equivalente a la Vicepresidencia, durante la mayor parte del gobierno de Xiomara Castro, hasta su renuncia en 2024. A su salida, declaró que se sentía marginado y que nunca ocupó un cargo real. Ha competido varias veces por la presidencia: en 2013, con el Partido Anticorrupción, fundado por él mismo, y en 2017, al frente de una alianza opositora. En las elecciones de 2021, retiró su candidatura para respaldar a Xiomara Castro.

Las encuestas difundidas en Honduras dibujan un escenario incierto y contradictorio, donde no hay un candidato claro favorito y cada casa encuestadora ofrece una fotografía distinta. Por ejemplo, CID Gallup reporta un empate técnico entre Salvador Nasralla (27%), Rixi Moncada (26%) y Nasry Asfura (24%), aunque la credibilidad de esta encuestadora quedó en entredicho luego de fallar en 2021, cuando proyectó una victoria de Asfura que terminó siendo un triunfo amplio de Xiomara Castro.

Los audios del supuesto fraude

Durante su conferencia de prensa, el fiscal Zelaya, considerado afín al gobierno de Castro, anunció que había abierto una investigación contra tres personas: la consejera del CNE por el Partido Nacional, Cosette López; el diputado nacionalista Tomás Zambrano; y un miembro activo no identificado de las Fuerzas Armadas. Según Zelaya, los tres habrían integrado una “asociación ilícita para alterar la voluntad popular, buscando imponer un resultado en la elección presidencial”.

El fiscal reprodujo ante la prensa una serie de audios. En ellos, se escucha la voz de una mujer que presuntamente es la consejera del CNE Cossette López. En el audio, se escucha a la mujer hablando con un hombre quien, según el fiscal, es el diputado Tomás Zambrano Molina, diputado de oposición, miembro del Partido Nacional de Honduras, y un supuesto militar en activo. Tras el anuncio del fiscal, los diputados oficialistas y miembros del gabinete de Castro difundieron los audios en redes sociales, por lo que algunos críticos del gobierno han señalado la investigación fiscal como un acto de intimidación y campaña a favor del partido Libre, el partido en poder.

“Hay una idea de que el Ministerio Público está buscando favorecer al oficialismo. Nunca hemos visto que tenga tanta celeridad para atender los casos de denuncias y en este caso ha sido inmediato. Nos lleva a pensar que hay una posible persecución política a los opositores”, aseguró Espinal, del CNA.

A los comicios están convocados 6,3 millones de hondureños y, según Espinal, el ambiente de incertidumbre podría provocar un aumento en la afluencia a las urnas y una mayor vigilancia por parte de la ciudadanía. “Nosotros vamos a tener observadores en el terreno como nos permite la ley y esperamos que la población también lo haga”, dijo.