Activistas de derechos humanos, opositores y un menor de edad: los otros presos políticos de Maduro

Las 99 excarcelaciones de presos políticos anunciadas en Venezuela durante la Nochebuena no han terminado de concretarse. A cuenta gotas, familiares y abogados arman listados de nombres y confirman si efectivamente han podido salir de la cárcel. Esta se ha vuelto una práctica recurrente del Gobierno venezolano para distender las presiones internas o para negociar acuerdos con Estados Unidos. Pero el gesto resalta, sobre todo, por los que todavía siguen detenidos. Más de 900 personas (174 de ellas militares) continúan presas por motivos políticos en 90 cárceles en todo el país. Entre ellos hay defensores de los derechos humanos, opositores, varios enfermos de cáncer y un menor de edad. Desde 2014, más de 9.000 continúan sometidas a restricciones judiciales, según Foro Penal.

Los beneficios otorgados esta semana alcanzan en su mayoría a presos por protestar luego de las elecciones presidenciales de 2024. También por criticar en redes sociales, como el caso de la médica Marggie Orozco, condenada a 30 años de cárcel por enviar un audio de WhatsApp. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón, que da asistencia a los familiares de los presos, señaló que “si bien existe solidaridad y una genuina alegría compartida por cada excarcelación, la selectividad de estas decisiones resulta revictimizante”. Los que quedan presos y sus familias están sometidos a una espera indefinida, sin criterios claros ni garantías, “como si la recuperación de la libertad dependiera del azar y no del reconocimiento de un derecho fundamental”.

Los familiares de los presos políticos esperaban liberaciones en el marco de las canonizaciones de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, los primeros santos venezolanos. Hicieron una intensa campaña para que la Iglesia abogara por ello. No se logró ninguna en octubre, cuando se hizo la ceremonia en el Vaticano. Ese mes, en cambio, se registraron más de 50 detenciones. Meses antes, sin embargo, a través de una negociación política anunciada por el dirigente Henrique Capriles Radonski, se logró la excarcelación de 13 presos políticos, entre ellos el diputado Américo de Grazia y el exalcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, junto a uno de sus colaboradores, Pablo Guanipa.

Defensores de derechos humanos han denunciado que 91 de los cerca de 1.000 presos políticos padecen “enfermedades graves” y enfrentan, según Justicia, Encuentro y Perdón, un “deterioro físico progresivo” como resultado de lo que califican como una “forma de violencia estructural”, en referencia a las insalubres condiciones de reclusión y la escasez de alimentos y medicinas. Entre ellos hay “al menos ocho enfermos de cáncer avanzado”. Pero no necesariamente fueron estos casos los excarcelados en Navidad.

Ante la discrecionalidad con que son otorgadas las medidas de libertad condicional, Amnistía Internacional volvió a exigir la libertad plena de cinco defensores de los derechos humanos: Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas, Eduardo Torres y Kennedy Tejeda.

Tarazona es uno de los activistas con más tiempo preso. A través de su ONG Fundaredes, documentó la presencia de grupos irregulares en la frontera venezolana con Colombia y los presuntos vínculos de altos funcionarios del Gobierno con la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC. Sus redes sociales quedaron congeladas el 2 de julio de 2021, el día que fue detenido cuando fue a denunciar ante la Fiscalía el hostigamiento y la persecución que estaba sufriendo por parte de agentes de inteligencia del chavismo. Cuatro años y medio después sigue en el Helicoide y su proceso judicial no ha avanzado.

Más de un centenar de mujeres presas

Con Rocío San Miguel, detenida el 12 de febrero de 2024, se cruzó una línea. La abogada y especialista en defensa de alto perfil internacional fue apresada cuando iba a tomar un vuelo en Maiquetía. La mujer de 59 años estuvo en paradero desconocido varias horas, lo que llevó al Alto Comisionado de Derechos Humanos a alertar sobre su posible desaparición forzada. El chavismo respondió con la expulsión de los representantes de esta instancia que estaban instalados en Caracas desde 2019. También detuvieron a su expareja, bajo la investigación de una supuesta conspiración contra el Gobierno. Hace un año se supo que San Miguel había sufrido una fractura en el hombro durante una caída en el Helicoide y meses después sus familiares y abogados exigían atención médica. Con ella, son 120 las mujeres que están presas por motivos políticos, según Foro Penal.

Carlos Julio Rojas es periodista y activista vecinal. Está preso desde abril de 2024, también acusado de conspirar. Otras tres veces había sido detenido por participar en protestas y en una ocasión lo enviaron a la cárcel militar de Ramo Verde. El abogado Eduardo Torres fue detenido en mayo. Estuvo una semana en paradero desconocido y actualmente está en la cárcel de Yare II, en las afueras de Caracas. Es miembro de la ONG Provea, que ha recibido medidas cautelares de protección de la CIDH. Siete meses después no se ha realizado la audiencia preliminar de su caso. Kennedy Tejeda, abogado de Foro Penal, fue apresado cuando fue a preguntar en un comando de la GNB en el Estado de Carabobo, en la región central del país, por unos manifestantes detenidos durante las protestas postelectorales de 2024.

Amnistía Internacional abogó además por la liberación del analista político y director del medio Punto de Corte, Nicmer Evans, detenido por segunda vez hace unas semanas; por el periodista Rory Branker; y por el adolescente Gabriel Rodríguez, el único menor de edad que queda en prisión por motivos políticos. Tiene 17 años y fue detenido durante las protestas contra la toma de posesión de Maduro el 9 de enero de este año y condenado a 10 años de prisión por “terrorismo”.

También exigieron la libertad del opositor Enrique Márquez, de 62 años, ex candidato presidencial en 2024 que exigió ante el Tribunal Supremo de Justicia la publicación de los resultados oficiales de los comicios por parte del Consejo Nacional Electoral. Es un opositor moderado que ha abogado por una transición negociada. Fue diputado y luego rector del CNE entre 2021 y 2023, como parte de un pacto político para dar mayor equilibrio al ente electoral. Fue apresado en enero de este año y nueve meses después pudo acceder a la primera visita de su esposa. “La libertad de Enrique, como la de tantos hombres y mujeres tras las rejas por sus ideas o por su compromiso político, no debería ser una ficha de negociación, sino un punto de partida para el reencuentro nacional”, escribió Sonia Lugo de Márquez en sus redes sociales el 24 de diciembre.

Entre otros presos políticos con alto perfil político están Freddy Superlano, detenido antes de las elecciones de 2024. Dirigente del partido Voluntad Popular, se había sumado activamente a la campaña por la candidatura de Edmundo González Urrutia. Estuvo sometido a aislamiento e incomunicación en el Helicoide y en el mes de agosto fue trasladado a otra prisión en donde sus familiares tampoco han podido verlo.

Juan Pablo Guanipa, que ha hecho carrera política como diputado, concejal y candidato a gobernador por el partido Primero Justicia, fue un aliado cercano de la líder de la oposición María Corina Machado. Este diciembre cumplió 61 años de edad en prisión. Guanipa acompañó de cerca la campaña por las elecciones de 2024 y luego pasó a la clandestinidad. El 23 de mayo de 2025 fue capturado por cuerpos de seguridad en los días previos a las parlamentarias en las que gran parte de la oposición se abstuvo de participar. Sus familiares denunciaron hace semanas que requería atención médica porque padece de hipertensión y problemas de insulina y que desconocían las condiciones en las que se encontraba.

Vente Venezuela, el partido de Machado, es el que tiene más dirigentes y militantes presos, cerca de 140. Sobre las excarcelaciones, la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, advirtió este sábado que estas no podían considerarse liberaciones, porque la mayoría siguen sometidos a “procesos judiciales injustos y permanecen coaccionadas por el régimen”. En un comunicado, exigió detener la llamada “puerta giratoria” de los presos políticos que hace que pese a las liberaciones continúen ocurriendo nuevas detenciones. A la comunidad internacional le pide aplicar mayor presión a Maduro y que “asuma como objetivo claro la salida del régimen y el desmantelamiento completo de su aparato represivo”.