El expresidente peruano Martín Vizcarra es trasladado a una prisión de reos comunes

Barbadillo, esa prisión única en el continente por solo recluir a expresidentes, ha dejado de estar a su máxima capacidad. Uno de sus huéspedes, Martín Vizcarra, quien presidió el Ejecutivo peruano entre marzo de 2018 y noviembre de 2020, dejó su celda la noche del viernes. No recuperó su libertad, sino que fue trasladado a Ancón II, una cárcel de reos comunes ubicada al norte de Lima, la capital. Vizcarra no ocupará más el mismo espacio que otros hombres que se sentaron en el trono de Palacio y que hoy están privados de su libertad por delitos de corrupción y rebelión: Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo.

Vizcarra, un ingeniero civil, fue internado en Barbadillo el 14 de agosto para cumplir la prisión preventiva por cinco meses. El Poder Judicial determinó la medida en el marco de un juicio donde se le acusa de haber recibido presuntos sobornos a cambio de favorecer a dos constructoras con la adjudicación de dos obras cuando era gobernador del departamento de Moquegua, al sur del país. Hace unos días, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) emitió un comunicado en el que señalaba que a Vizcarra le correspondía un nuevo lugar de encierro después de que la Junta Técnica del organismo incumpliera “disposiciones normativas”.

Distintos constitucionalistas e incluso expresidentes de la penitenciaria elevaron su voz de protesta al considerar que no había razón para que Vizcarra tuviese un trato distinto al de otros exmandatarios. “Lo peligroso para mí es desconocer la naturaleza de expresidente. Representa una persona de riesgo en cualquier penal común”, señaló el penalista Julio Rodríguez.

Javier Llaque, expresidente del INPE, calificó el traslado de Barbadillo de “irracional e injustificado”. Incluso la Defensoría del Pueblo abogó por Vizcarra: “resulta indispensable que las autoridades penitenciarias apliquen las disposiciones de manera objetiva, garantizando condiciones humanas y seguras, en especial de quienes ocuparon la más alta magistratura de la nación”.

Las críticas no paralizaron el proceso. Una nueva junta, conformada por un abogado, una psicóloga y una trabajadora social, evaluaron al exmandatario y este viernes el INPE dispuso sin dar mayores explicaciones que a Vizcarra le correspondía ser trasladado a la cárcel de Lurigancho, una de las más hacinadas de Latinoamérica. Por “medidas de seguridad”, el político finalmente será recluido en Ancón II. El comunicado sostiene que el ambiente dentro de esa prisión cuenta con las “condiciones adecuadas” para su permanencia y el resguardo de su “integridad física y psicológica”.

Antes de ser trasladado a Ancón II, Vizcarra brindó una entrevista a Radio Programas del Perú, donde dejó entrever que es una víctima de una venganza política. Incluso mencionó que la junta que lo evaluó le dijo que debía continuar en prisión preventiva en Barbadillo y que si sucedía otra cosa se debía por una “decisión política de otro nivel”. “El INPE depende del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Justicia depende de la presidenta Dina Boluarte. Lo digo aquí con todas sus letras. Yo estoy siendo vejado”, acusó Vizcarra.

Ancón II es una prisión creada hace quince años con una capacidad para 2.300 internos masculinos y femeninos, con comodidades bastante lejos de las celdas de Barbadillo, las cuales tienen 40 metros cuadrados, baño propio, comedor y jardín. Una de estas albergó al polémico Alberto Fujimori, fallecido en septiembre del año pasado.

Tras pasar su primera noche allí, en la cuenta de X de Vizcarra se publicó un breve mensaje: “resistiré desde el lugar al que me manden, pero no me van a doblegar”. En el mensaje asegura que su defensa legal no presentará acciones legales para este “injusto y arbitrario” fallo y que seguirá “luchando por la recuperación de la democracia y la unión de los peruanos contra el pacto mafioso que nos gobierna”.

Varios analistas políticos consideran que el nuevo encierro de Martín Vizcarra podría ser un búmeran al provocar el efecto contrario: fortalecerlo políticamente debido a una decisión con la que inclusive sus adversarios no comulgan. “Este Gobierno y el Congreso le tienen tanto miedo que lo están convirtiendo en un mártir”, dijo la abogada Rosa María Palacios. Si bien Vizcarra cuenta con tres inhabilitaciones para ejercer cargos públicos, hay quienes temen que pueda producirse algún fallo que pueda revertir su situación, permitiéndole aspirar a las elecciones generales de 2026.