El asesinato a tiros en Costa Rica de un militar nicaragüense retirado enciende las alarmas en el epicentro del exilio

A las 7.45 de la mañana de este jueves 19 de junio, un sicario ingresó en un condominio de San José aprovechando la reparación del portal, se hizo pasar por repartidor y se dirigió al departamento del opositor y mayor retirado del Ejército de Nicaragua Roberto Samcam. El criminal le descerrajó ocho disparos que, minutos después, provocaron la muerte del exmilitar. La principal línea de investigación apunta a un asesinato con ribetes políticos asociado a la represión extraterritorial que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ejerce contra sus críticos en los últimos años.

Samcam, uno de los opositores más estridentes contra la pareja presidencial, recibió balazos en el tórax, abdomen y extremidades inferiores, según información de la Cruz Roja costarricense. Una unidad de soporte avanzado de vida atendió la alerta, pero al llegar al lugar, en el Condominio Naples, ya no presentaba signos vitales. Fue declarado fallecido en la escena.

La esposa del militar en retiro, Claudia Vargas, confirmó el crimen que ha conmocionado al exilio nicaragüense, que tiene como epicentro Costa Rica. En un clima de creciente persecución política más allá de las fronteras denunciado por varios organismos de derechos humanos, y el Grupo de Expertos de Naciones Unidas que investiga los crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, el asesinato de Samcam es el tercero de opositores nicaragüenses.

Primero fue el opositor Rodolfo Rojas en junio de 2022, y en octubre de 2024 Jaime Luis Ortega Chavarría, ejecutado en la comunidad de El Quebradón de Upala, en la frontera con Nicaragua. A eso hay que sumarle el doble intento de homicidio fallido contra el también opositor Joao Maldonado y su esposa, quienes sobrevivieron a los dos atentados, ocurridos en 2021 y 2024. Maldonado y su mujer, que arrastran graves secuelas, huyeron de Costa Rica después del segundo ataque.

El común denominador de los tres crímenes y el doble intento fallido de homicidio, aparte del móvil político denunciado, es que las víctimas son refugiados y originarios del departamento de Carazo, donde en 2018, durante las protestas sociales contra los Ortega-Murillo, los policías y paramilitares enfrentaron una feroz resistencia ciudadana. Tanto opositores como las fuerzas armadas del régimen sufrieron bajas, por lo que estos ataques criminales se interpretan como un ajuste de cuentas en Costa Rica contra estas personas por participar en dicha resistencia.

Fuentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) consultados por EL PAÍS después del segundo intento de asesinato de Maldonado nunca han descartado un móvil político en esta tentativa de homicidio. Prueba de ello es que uno de los sospechosos que presentaron en ese momento es un sedicente periodista poco conocido, Danilo Aguirre Sequeira, exintegrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y otras agrupaciones opositoras, al que las víctimas señalan de “infiltrado”. A pesar de ser requerido por la OIJ, el sospechoso se encuentra en total libertad en Nicaragua, donde un periodista real no puede hacerlo. En el país centroamericano no quedan informadores, tras acabar en las prisiones políticas sandinistas o exiliados.

Más allá de estos crímenes

Más allá de estos asesinatos y tentativas de homicidio, otras personalidades del exilio nicaragüense ya habían recibido amenazas de muerte en años anteriores, como las recibieron el mayor Samcam, entre ellos defensores de derechos humanos y activistas que por seguridad no revelemos su identidad.

En su más reciente informe de 2025, el Grupo de Expertos de Naciones Unidas dedicó un capítulo a esta sigilosa represión extraterritorial, facilitada por la porosidad de la frontera entre Nicaragua y Costa Rica y la situación de inseguridad que campea en Costa Rica, donde las bandas del crimen organizado y narcotráfico mantienen una guerra de sicariato que recuerda a los días aciagos del cartel de Medellín en Colombia. De modo que tanto la OIJ como organismos de derechos humanos se debaten entre la existencia de “una célula con fines políticos” de los Ortega-Murillo en Costa Rica para eliminar opositores, y la facilidad de aprovechar el sicariato para contratar un pistolero y disimular los crímenes políticos como relacionados al narcotráfico.

En su informe, los expertos de la ONU detallan ataques sistemáticos dirigidos a opositores y activistas nicaragüenses en el exilio, incluyendo vigilancia constante. Además de las amenazas de muerte directas conocidas por EL PAÍS, se han registrado acoso a organizaciones de derechos humanos, incluso hasta individuos revisando la basura de sus oficinas.

“El Gobierno de Costa Rica tiene la obligación legal y moral de investigar exhaustivamente el asesinato del exmilitar nicaragüense ocurrido esta mañana, y de informar transparentemente a la población sobre los resultados”, dice a EL PAÍS Yader Morazán, opositor exiliado en Estados Unidos y exfuncionario del sistema judicial nicaragüense. “Este crimen, que se suma a otros atentados contra opositores al régimen de los Ortega-Murillo en suelo costarricense, pone en evidencia la necesidad urgente de que las autoridades refuercen los equipos de inteligencia y protección de los exiliados nicaragüenses y desmantelen cualquier red de influencia o tentáculos que la dictadura pueda estar operando en el país”.

El abogado recordó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Costa Rica es signataria, establece el deber de garantizar la seguridad de todas las personas bajo su jurisdicción, especialmente aquellas en riesgo por su oposición política, es decir refugiados, y de esclarecer violaciones a los derechos fundamentales para evitar la impunidad.

El asesinato de Samcan, activo en redes sociales, medios de comunicación y autor de varios libros críticos del régimen copresidencial, ha sumido en total terror a la comunidad de exiliados que, en un reportaje publicado en EL PAÍS en junio pasado, vienen advirtiendo “de la mano larga” de los Ortega-Murillo en suelo tico.

Samcam se exilió en Costa Rica tras denunciar violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Ejército y la Policía de Nicaragua. Desde entonces, mantuvo una postura crítica contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en especial hacia las estructuras militares que respaldan su permanencia en el poder. Por esa razón, el militar en retiro fue desnacionalizado por el régimen sandinista en 2023 y se convierte en el primer ciudadano español naturalizado asesinado por ser opositor a la pareja copresidencial.

“El hecho ocurrió a las 7.40, una hora en la que muchos vecinos apenas se alistaban para ir al trabajo. Eso limita la cantidad de testigos. La mayoría de las personas está encerrada en sus casas y no observa lo que pasa afuera. Por ahora, la información recabada es poca. Los investigadores judiciales ya están trabajando en recolectar cámaras y videos que permitan avanzar con la investigación”, informó una fuente familiarizada con el caso.