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El incendio de vehículos y la intervención de la fuerza pública recrudecen la violencia por el paro minero en el Bajo Cauca

El alcalde de Caucasia hace un “llamado urgente” al Gobierno de Gustavo Petro para que llegue a un acuerdo con los manifestantes

Bloqueos en la vía, en el Bajo Cauca antioqueño.@DenunciasAntio2

La violencia no cesa en el Bajo Cauca antioqueño tras nueve días de un paro minero que ha paralizado a la región y ha bloqueado la principal vía entre Antioquia y la costa Caribe. La quema de la motocicleta de un campesino y el hostigamiento a una ambulancia llevaron el fin de semana a que el gobernador, Andrés Julián Rendón, pidiera la intervención de la Policía para desalojar a los manifestantes. Lejos de desescalar, los enfrentamientos se han recrudecido. Medios locales reportaron este martes que el municipio de Caucasia amaneció con un supermercado D1 saqueado y varios camiones incinerados. El alcalde, Jhoan Oderis Montes, ha hecho un “llamado urgente” para que el Gobierno llegue a un acuerdo con los manifestantes.

Los mineros del Bajo Cauca, Valdivia y el sur de Córdoba reclaman desde hace años que el Ejecutivo avance en procesos de formalización que legalicen sus actividades y eviten operativos en contra de ellos. Iniciaron hace una semana un bloqueo de la vía que conecta Medellín con Córdoba. El gremio de transporte Colfecar denunció que se estaban perdiendo 3.000 millones de pesos (810.000 dólares) por día y que ninguna de las rutas alternas era viable como opción para los camiones de carga. Noticias Caracol informó que la Terminal del Norte de Medellín reportaba una reducción de hasta el 70% en sus pasajeros con destino al Caribe: los desvíos incrementan los trayectos en varias horas y aumentan el precio de los pasajes.

Hubo un primer acuerdo el sábado. La Defensoría del Pueblo declaró en un comunicado que, con su mediación, ambas partes se habían comprometido a “avanzar en la construcción conjunta de una propuesta para la legalización de la mediana minería”: mesas técnicas ambientales, certificaciones para operar en zonas de alto potencial de explotación, jornadas de bancarización. Los bloqueos de las vías continuarían, pero los mineros habilitarían pasos vehiculares en ciertas franjas horarias y se respetarían los corredores humanitarios. Decidieron retomar los diálogos el jueves para buscar un acuerdo definitivo.

La tensión escaló a lo largo del fin de semana largo. El gobernador Rendón denunció el domingo que los manifestantes habían impedido el paso de una ambulancia y que habían quemado la motocicleta de un campesino. Aseguró que los grupos ilegales, al igual que en otras ocasiones, están instrumentalizando un reclamo legítimo de la comunidad local. “Detrás hay estructuras criminales que se financian con la minería ilegal y mueven miles de millones de pesos. A los mineros ancestrales: respeto, escucha y oportunidades. A los criminales, toda la fuerza de la autoridad”, declaró en un video en X.

La Gobernación y el Gobierno nacional, usualmente en choque por sus ideologías opuestas, emitieron el lunes un comunicado conjunto para repudiar las acciones y anunciar la intervención de la fuerza pública. “Es claro que no se están respetando los acuerdos a los que se llegaron”, se quejó el ministro del Interior, Armando Benedetti, en declaraciones que recoge el texto. El comunicado, además, señaló que había dificultades para abastecer de gas al municipio de Nechí y que los manifestantes habían bloqueado el paso por el río homónimo. Los firmantes señalaron que la permanencia de los bloqueos mientras se avanza en las negociaciones es “una condición inaceptable”.

El gobernador Rendón insinuó el lunes que, tras las acciones policiales para levantar los bloqueos, la crisis estaba por resolverse. “Habilitamos la intervención de la fuerza pública para recuperar la transitabilidad en el Bajo Cauca”, anunció. “Por fortuna, la Policía Nacional restableció el orden en aquellos sitios en los que se había afectado”, agregó. Trazó una línea, una vez más, entre los mineros y los grupos criminales a los que señala de incitar la violencia: “Está bien que las personas deseen protestar para reivindicar sus derechos, pero nunca con derivaciones de terror o afectando el derecho de otros ciudadanos”.

Sin embargo, la jornada de este martes inició con nuevos hechos de violencia. A través de redes sociales, han circulado imágenes de un supermercado D1 que fue saqueado en Caucasia, en medio de enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública. Los medios locales han reportado vehículos incinerados y semáforos dañados. También han denunciado que hubo disparos en Cáceres, bloqueos de vías en Zaragoza y momentos de tensión entre encapuchados y personas que quieren transitar por un puente La Libertad, en El Bagre.

El alcalde de Caucasia ha enviado este martes una carta en la que le pide al Gobierno que no espere hasta el jueves para reanudar los diálogos. “La prolongación de esta situación está generando graves afectaciones en la movilidad, el abastecimiento, la seguridad y la convivencia ciudadana”, ha señalado. Ha enfatizado que el Ejecutivo debe encontrar soluciones a largo plazo: “La ruta adecuada debe orientarse hacia la formalización de la mediana y gran minería, garantizando el cumplimiento de la normatividad ambiental, social y económica, pero también brindando alternativas reales a quienes hoy subsisten de esta actividad”.

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