Una joven acusada de abortar en Honduras reabre el debate por la despenalización
La mujer de 19 años es demandada por el Ministerio Público tras llegar a un hospital por una interrupción del embarazo, supuestamente inducida, en un país que la penaliza en todos los casos
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Llegó al hospital para que atendieran un aborto con complicaciones y terminó esposada a la camilla y con un requerimiento del Ministerio Público que la acusaba de haberlo provocado. El caso de Evelyn (nombre ficticio) es el de muchas mujeres centroamericanas cuyas alternativas para un embarazo no deseado o riesgoso son la maternidad forzada o la interrupción insegura del embarazo. Esta joven de 19 años perseguida por un Estado que prohíbe el aborto ante cualquier causal, alerta al colectivo feminista hondureño, que teme seguir dando pasos hacia atrás en materia de derechos sexuales y reproductivos.
El domingo 4 de mayo, la joven llegó en compañía de sus padres a una clínica de La Entrada Copán, en la frontera con Guatemala, debido a su delicado estado de salud. Tras ser evaluada, fue enviada al Hospital Regional de Occidente, donde los médicos encontraron pastillas en su vagina y confirmaron que expulsó el feto de unas 23 semanas sin vida en el baño del hospital, según fuentes oficiales. Fue el personal médico quien comunicó el hecho al Ministerio Público, quien inició una investigación sobre la joven. Este solicitó la detención judicial de la joven y que se la “evalúe psicológicamente”.
La investigación de esta chica enciende todas las alarmas en el colectivo feminista hondureño, que lleva décadas haciendo pedagogía sobre cómo la prohibición no evita los abortos, sino que obliga a que se hagan en secreto. El ala más conservadora del país criticó este aborto tan tardío e incluso lo tachó de “asesinato”. Sin embargo, en países como Colombia o Países Bajos, el derecho está garantizado hasta las 24 semanas, aunque los abortos en estados tan avanzados suelen ser minoritarios. En 2024, por ejemplo, el 75% de los abortos realizados en Colombia fueron antes de la semana 9, utilizando principalmente el método farmacológico, según cifras de Profamilia.
Esta tendencia, compartida en países como México, Australia o Canadá, es uno de los múltiples efectos positivos que traería la despenalización del aborto en el país, que está penada entre tres y seis años de cárcel, en la mayoría de casos, conmutables. “El foco debería de colocarse en que esto es un derecho sanitario”, recuerda Marcia Aguiluz, experta en género y directora para América Latina en American Friends Service Committe. “Muchas veces, las mujeres de países que prohíben esta práctica se demoran más en tomar la decisión y también complejiza más estos procesos. Si los grupos antiderechos buscan el fin de los abortos con la penalización, no lo están consiguiendo. Solo están logrando que sean más tardíos y más inseguros”.
La activista también lamenta la forma en que es narrado en los medios de comunicación. “Con los titulares que hay se genera una voz de alarma que pide incluso más penalización. Y esta cobertura tan alarmista no la reciben otros casos, por ejemplo, sobre los feminicidios, y eso que somos uno de los países más violentos con las mujeres de la región”, lamenta.
La crítica a la cobertura mediática es algo que comparte Regina Fonseca, del colectivo Centro de los Derechos de la Mujer (CDM), con más de 30 años de activismo en la materia. A la psicóloga e investigadora le aterra el trato en medios de este y otros casos donde se atraviesa la variable de “género”: “A los narcos se les difumina la cara en la televisión y no se dan datos concretos. De ella salieron nombre, apellidos y rostro”. La imagen de Evelyn en bata y esposada en la camilla dio la vuelta al país, junto a sus datos detallados, incluso el barrio en el que vive.
Carmen Cecilia Martínez, directora de estrategias legales del Centro de Derechos Reproductivos, asegura que Honduras es uno de los países que su organización no pierde de vista en la lucha por la despenalización. “Existe una tendencia global muy amplia hacia la liberalización de las leyes sobre aborto y América Latina ha venido liderando”, explica. Según estimaciones del Centro de Derechos Reproductivos, en los últimos 30 años, más de 60 países han flexibilizado sus leyes de aborto para permitir o ampliar el acceso; unos avances que benefician a más de 28 millones de mujeres en edad reproductiva en la región. “Y claro, en un contraste preocupante, esas mismas estimaciones nos indican que hay 13,5 millones de mujeres en países que prohíben el aborto por completo en esta región”.
El riesgo de retroceder
La criminalización de las mujeres que quieren acceder a un derecho de salud es, para las defensoras de derechos humanos, el primer paso en la agenda de los grupos antiderechos. La segunda sería, según Fonseca, volver a prohibir la anticoncepción de emergencia o pastilla del día después. Honduras fue el último país de la región en aprobar su uso. Sin embargo, sigue habiendo mucha desinformación al respecto. “Los grupos antiderechos son muy fuertes. Y han puesto una demanda en contra de la presidenta [Xiomara Castro] por abuso de la autoridad al permitir la pastilla del día después. Según ellos, provoca abortos, que es algo que está prohibido en la Constitución. Corremos riesgo de que la vuelvan a prohibir”, lamenta. “Ellos están articulados internacionalmente y tienen muchos recursos y conexiones”.
Los tentáculos de estos grupos también entran a los hospitales. Según un informe de CDM, donde se documentaron los 47 casos criminalizados por el delito de aborto en el país desde 2012 a 2018, el 70% fueron denunciados por los prestadores de salud. El perfil de quienes abortan de manera insegura -en Honduras y en la mayoría de países que no garantizan este derecho- era similar: provienen de niveles socioeducativos bajos, de áreas rurales y tienen problemas económicos. “Lo que se criminaliza no es la práctica, sino la pobreza”, zanja Regina Fonseca.
Aunque actualmente no hay mujeres encarceladas por el delito de aborto en Honduras, el mero proceso jurídico es un lastre gigante que, en muchos casos, también deteriora la salud mental y empeora la situación financiera de estas mujeres. Durante los meses de investigación, las acusadas van presas y, en caso de que les conmuten la condena, igualmente quedan con los antecedentes penales; una carga pesada para buscar trabajo o rehacer la vida.
Si bien estos casos de persecución eran comunes hasta no hace tanto en países vecinos como El Salvador, en Honduras era una excepción. Lo que se preguntan ahora las entrevistadas es si habrá muchas más Evelyns perseguidas por buscar un derecho que el Estado les niega.
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