Todos por Medellín: la alianza ciudadana que convirtió la indignación en método anticorrupción

Todos por Medellín nació para incomodar a los corruptos. “Surgimos para tratar una fractura en la articulación entre los sectores público, empresarial, académico y la sociedad civil en Medellín”, explica Lucidia Amaya, directora jurídica de la organización desde hace cinco años. La abogada con estudios doctorales relata que, en agosto de 2020, 37 organizaciones decidieron unirse en una veeduría para atender la situación de la ciudad que, según su visión, estaba en cuidados intensivos. El detonante fue la renuncia masiva de los miembros de la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín, EPM. “La primera manifestación de los malos manejos en la ciudad por parte del alcalde de turno fue la intervención política sobre EPM, símbolo de confianza y eficiencia y fuente de una importante parte de nuestra inversión social”, reza el sitio oficial de la veeduría.

“Lo público es sagrado” es el mantra que han traducido en acciones concretas. Entre 2020 y 2023 documentaron y presentaron 20 denuncias judiciales ante la Fiscalía usando únicamente información pública, además de quejas disciplinarias y denuncias ante la Contraloría. “Siete de esos procesos judiciales hoy están en formulación de imputación, acusación o en etapa de juicio. Una denuncia sin los elementos suficientes es fácilmente archivada; nosotros no somos irresponsables ni temerarios”, explica Amaya.

Uno de los casos que da cuenta de esa afirmación es el de la corrupción entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, estructurado desde 2021. “Tuvimos que interponer tutelas y desacatos hasta que finalmente obtuvimos la información suficiente para estructurar la denuncia”, añade. En octubre pasado, el excomandante de Bomberos de Itagüí y una supervisora de contratos del Área Metropolitana fueron enviados a prisión al demostrarse sobrecostos y pago de sobornos por 2.480 millones de pesos en relación con seis contratos.

Control social con método, cifras y resultados judiciales

Lo que surgió por la indignación terminó funcionando desde la técnica. “No somos un movimiento ni un partido político; ejercemos control social técnico independientemente de la administración”, afirma Juan David Correa, politólogo y coordinador social de Todos por Medellín. “La clave fue crear un modelo capaz de documentar la corrupción desde la evidencia, sin militancia ni ideologías”, añade. Cinco años después de su creación, la organización está conformada por 50 afiliados. La financiación proviene principalmente de la Cámara de Comercio de Medellín, la Fundación ProAntioquia, una donación anual de la Andi y contribuciones menores de asociados.

Quizá su logro más profundo es uno que no se puede medir en cifras: la confianza. “Cuando levantamos la mano y decimos ‘pilas’, la gente cree en nosotros. Ese es un logro gigante”, afirma Amaya, mientras Correa resalta con ahínco que esa credibilidad se construyó con un principio que repiten en cada actuación: “Todo lo que le contamos a la ciudadanía ha sido sujeto de estudio, de debate jurídico y ético”.

Otro caso emblemático por el que Todos por Medellín cuenta con ese reconocimiento entre la ciudadanía es el que denominaron “Cartel de la contratación”. La veeduría encontró que Metroparques, una empresa del municipio dedicada a la gestión de parques recreativos, favoreció a 22 sociedades en procesos de contratación durante la administración del alcalde Daniel Quintero, entre el 2020 y 2023. “Se trata de 268.000 millones de pesos entregados a Metroparques por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el Inder (Instituto de Deportes y Recreación de Medellín) y la Alcaldía de Medellín, de los cuales 120.000 millones fueron dados a empresas, organizadas en ocho grupos para repartirse los contratos”, explica la página web de la veeduría. En septiembre de este año, la Procuraduría formuló pliego de cargos contra cuatro exfuncionarios por las irregularidades contractuales. Hace pocos días, el ente de control ratificó la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por nueve años al exgerente general de Metroparques y a la exsecretaria de Infraestructura de la ciudad.

Ese análisis técnico y las posteriores acciones de los organismos de control han trascendido hacia la implementación de un modelo de prevención. “No se trata solo de cumplir la ley, sino de tomar medidas efectivas de lucha contra la corrupción y en eso hemos sido muy insistentes. Hicimos observaciones a los manuales de contratación de Metroparques y acogieron la mayoría. En la EDU (Empresa de Desarrollo Urbano), de 15 observaciones acogieron nueve”, explica Amaya.

Después de las denuncias y los hallazgos, la veeduría desarrolló un sistema de análisis de riesgos contractuales para anticiparse a las fallas. Por esa razón, ha logrado transformaciones en la planeación de la ciudad: propusieron 160 indicadores anticorrupción para el Plan de Desarrollo del actual gobierno; 65 de ellos fueron adoptados. “Esta administración, a diferencia de la anterior, está dispuesta a tener mesas técnicas con nosotros. La administración pasada nos catalogó como oposición. Hay una función de descrédito como denunciantes”, afirma, contundente, Amaya.

Una de las críticas que ha enfrentado Todos por Medellín es la falta de ahínco en el control hacia la administración de Federico Gutiérrez, actual alcalde. Fue la razón de la renuncia de dos de sus miembros en 2024. Amaya responde: “Hemos presentado denuncias contra esta administración por casos de posible corrupción y los hemos documentado de la misma forma que en el pasado. No hablamos tan públicamente por solicitud de los propios organismos de control, para evitar que los implicados puedan ocultar la información”.

Su línea de trabajo pedagógico también ha obtenido resultados notables. Una de sus acciones simbólicas más recordadas es cuando llenaron de platos vacíos el frente de la Secretaría de Educación para protestar por desvíos en recursos alimentarios. Esa pedagogía ha logrado algo notable: movilizar públicamente a los jóvenes. De acuerdo con Correa: “Hoy podemos decir que al menos el 70% de las personas que impacta la línea social son menores de 30 años, como estudiantes de la Universidad de Antioquia, la Nacional, la de Medellín y Eafit, que se han convertido en voceros ciudadanos, investigadores comunitarios y protagonistas del control social”.

Su próximo movimiento será el lanzamiento de un Sistema de Alertas Preventivas, construido con modelos de gestión de riesgos y que se aplicará inicialmente a tres entidades públicas. Este sistema nace de los aprendizajes y resultados acumulados durante cinco años. Todos por Medellín logró convertir la investigación judicial, la pedagogía ciudadana, la planeación técnica y la movilización social en un método estructurado. Correa lo sintetiza en una frase: “La democracia son conversaciones incómodas que tenemos que dar”.