María Victoria Palacios, el liderazgo ‘trans’ que tumba barreras para defender derechos

María Victoria Palacios Romaña (Quibdó, Chocó, 38 años) lleva en el cuerpo el rigor de la lucha por los derechos de la población LGBTIQ+. A los 31 años, en 2018, esta mujer trans afro ganó una batalla jurídica para que su EPS (Entidad Promotora de Salud) le garantizara el tratamiento hormonal de afirmación de género, un procedimiento que le negaron pese a estar incluido en el plan obligatorio de salud de Colombia. Después de exponerse a prácticas inseguras, la victoria legal no solo le permitió acceder al cuidado médico y reconocer sus derechos, sino acompañar a otras personas con identidades de género diversas en una transición comúnmente atravesada por los riesgos, las barreras y la discriminación. El temor que hasta entonces le impedía ser quien es se transformó en la fuerza de su liderazgo.

Entonces creó la Fundación Latidos Chocó, que ofrece acompañamiento jurídico y psicosocial a personas trans afro para el acceso a la justicia, el cambio de nombre y el componente de sexo en documentos de identidad, así como en la gestión de procedimientos quirúrgicos y tratamientos hormonales como los que antes a ella le obstaculizaron. Su labor se destaca en un país en el que la población LGBTIQ+ ha padecido exclusión y violencia sistemáticas por razones de prejuicio, incluso por parte de las instituciones.

En 2025, Palacios se convirtió en la primera mujer trans afro nominada al Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia, que otorga la organización de desarrollo sueca Diakonia con Act Iglesia Sueca, por su trabajo en la defensa de la población con identidad de género diversa en el Chocó. Un año antes recibió el reconocimiento Héctor Abad Gómez de la Asociación Colombiana de Salud Pública como líder social. Y en 2023, la Red Doroty de Mujeres Trans Afro, a la que pertenece, recibió el Premio Tulipán de Derechos Humanos por parte del gobierno de los Países Bajos.

Esta lideresa no solo ha sostenido la defensa de derechos humanos ante los juzgados, sino “desde la calle, la comunidad y el abrazo”, explica. Impulsa el arte, la cultura y los saberes ancestrales como instrumentos para derrumbar estereotipos, reconocer identidades y generar transformaciones que conduzcan a espacios libres de violencia. Con un activismo pedagógico, imparte charlas de educación sexual para fomentar el respeto por la diversidad. “Me ha pasado con varios jóvenes que alguna persona me trata de masculino y ellos responden: ‘No es él, es ella’. No nacemos con prejuicios. Generar conciencia desde la niñez permite transformar al adulto”, expresa. Participó en la construcción de la política pública LGBTIQ+ de Quibdó y ha asesorado a otros municipios para que desarrollen planes de inclusión.

Palacios se mantiene firme en su misión a pesar de las amenazas, en un territorio asediado por grupos armados ilegales. También trabaja por la eliminación del reclutamiento forzado de menores y con madres sobrevivientes de violencias basadas en género o víctimas del conflicto armado. Son causas que aumentan el riesgo de su misión. “Muchas veces limitan los procesos –cuenta–. Hace pocas semanas dos hombres me abordaron en una moto y me dijeron ‘te vamos a partir’. Hay que andar con esquema de seguridad”.

Esa realidad se suma al peligro constante que enfrentan las personas con identidad de género diversa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte que, en varios países de la región, las mujeres ‘trans’ tienen un promedio de vida que ronda los 35 años. En Colombia, según el observatorio Caribe Afirmativo, 65 personas LGBTIQ+ han sido asesinadas en lo corrido de 2025, 25 de ellas con identidades trans. “Las violencias son las mismas, pero según el territorio te marcan diferente”, enfatiza Palacios, quien se define como una mujer luchadora y de carácter fuerte.

Su potencia emerge al presenciar la transformación de personas LGBTIQ+ que, pese a las adversidades, defienden su dignidad. “Es cambiar la vida de quien muchas veces no tiene quién le oriente frente a una violencia social o institucional, y frente a la invisibilización. Eso me hace feliz. Hay que seguir el trabajo desde el amor para que en algún momento no tengamos que reclamar nuestros derechos, sino que el Estado los garantice”.

Su próxima meta es tener una casa de protección para la población que defiende, que además le permita construir memoria.