Petro escala el discurso antiélite al confrontar las juntas de Ecopetrol y el Banco de la República

La escalada retórica del presidente Gustavo Petro para marcar distancia con el establecimiento encontró esta semana su punto culmen con dos pulsos paralelos. En ambos, está en juego la autonomía de las instituciones económicas más importantes de Colombia, la empresa de Energía Ecopetrol y el Banco de la República.

En el frente más llamativo, Petro forcejea con el Banco de la República de forma inédita en la historia reciente de Colombia. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, abandonó la semana pasada la reunión de decisión de tasas en protesta por el aumento de 100 puntos básicos aprobado por la mayoría de sus miembros. La decisión fue calificada por Petro de “suicida” y en la noche de este martes dedicó una alocución de media hora a profundizar los cuestionamientos, atribuyendo la decisión a “un beneficio para los banqueros”. La salida de Ávila de la Junta ha sembrado dudas sobre la capacidad del Emisor de tomar decisiones en su próxima reunión —fechada para el 30 de abril—, dado que la ley no contempla en sus estatutos que falte el ministro.

El embate paralelo se da en Ecopetrol, donde el Estado, con el 85,5% de las acciones, es el inversor mayoritario. La junta directiva está presidida por Ángela María Robledo, exfórmula vicepresidencial de Petro en 2018, y siete de los nueve asientos los pone el Gobierno por su condición de inversor principal. La polémica surge porque, en medio de los escándalos de su presidente Ricardo Roa —quien está de vacaciones forzadas—, esos siete miembros del directorio también de forma inédita buscaron reunirse con el presidente de la República a la Casa de Nariño para consultarle sobre la permanencia de Roa al frente de la petrolera. Aunque la reunión se canceló a última hora, el episodio dejó sensaciones amargas respecto de la autonomía del órgano directivo de la empresa más importante del país.

Para el exministro de Minas Amylkar Acosta, lo de esta semana es inédito. “Ninguna junta de Ecopetrol había consultado antes al presidente de la República sobre la permanencia de su propio presidente”, cuenta a EL PAÍS. Acosta enlaza esa situación con lo que sucede en el Banco, cuya junta tiene autonomía garantizada por ley y la ejerce, incluso cuando el gobierno retira a su representante en señal de protesta. “Lo que se construyó durante una década para blindar a Ecopetrol de la injerencia política está siendo revertido en días”, sentencia el político.

Acosta lo dice en referencia a una reestructuración que tuvo la empresa en 2017, durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Entonces, y bajo cumplimiento de una recomendación directa de la OCDE, fueron saliendo de la Junta el ministro de Minas, el director de Planeación Nacional y el ministro de Hacienda. Su autonomía no es un asunto menor: Ecopetrol cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia y en la de Nueva York, lo que la somete a la supervisión de la SEC y la obliga a cumplir estándares internacionales de gobierno corporativo. “Los que determinan cuánto vale Ecopetrol no son los actores de la política doméstica”, advierte Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis. “Son los inversores, incluso internacionales”, complementa.

Guzmán va un paso más allá y advierte que el gobierno ha “vendido la idea de que hay una élite obstruyendo su agenda”, y que con su actuación frente a Ecopetrol y el Banco de la República se “ha destruido valor y credibilidad institucional”. En esas dos organizaciones, dice, lo que determina el resultado final no es la disputa doméstica: “Los que determinan cuánto vale Ecopetrol, cuánto estarían dispuestos a pagar por un bono de la nación o cuánto invertir en empresas relacionadas con el Estado son los mercados”, sentencia.

Pero hay matices que importan. A diferencia del Banco de la República, cuya autonomía está blindada por la Constitución, Ecopetrol aún opera bajo una lógica corporativa con obligaciones concretas hacia sus accionistas, trabajadores, acreedores y la ciudadanía. Natalia Name, abogada especialista en gobierno corporativo, lo precisa. “El cuidado de la compañía obedece a un mandato expreso que le hace la compañía a su junta a través de su gobernanza”, dice, “y es el interés de todos sus accionistas”. Ecopetrol, por su peso en las finanzas públicas, tiene un interés nacional que va más allá de cualquier directivo. Guzmán, de Colombia Risk Analysis, enmarca la magnitud de lo que está en juego con la petrolera estatal: “Ecopetrol es una reforma tributaria al año, y este gobierno ha erosionado la capacidad de producirla”.

Las disputas han surgido tras una que otra paradoja. En el Banco de la República, Petro ha nombrado a cuatro de los siete miembros de la junta, incluyendo a Olga Lucía Acosta, quien ha votado en contra de sus intereses, y de quien el presidente ha dicho que ha sido “el peor error de su vida”. En Ecopetrol tenía mayorías más cómodas en el directorio, pero quien más presionó por la salida de Roa no fueron los independientes, sino la Unión Sindical Obrera, USO, el sindicato de los trabajadores petroleros, históricamente aliado del progresismo. Petro vitupera al Emisor desde que pausó el ciclo de bajadas de tasas, a mediados del año pasado, cuando la inflación se estancó en el 5%; y a Roa lo mandaron a vacaciones tras meses de altísima presión política y mediática.

Ahora, el daño puede trascender lo político y electoral. Esta semana, en entrevista con La República, Richard Francis, codirector de calificación de soberanos para las Américas en la calificadora de riesgos Fitch Ratings, dijo que Colombia necesitaría al menos tres o cuatro años más para recuperar el grado de inversión —la certificación que les indica a los fondos internacionales que un país es suficientemente seguro para invertir en él— que perdió en 2021. “No es que si gana Iván Cepeda al otro día lo perdemos o que si gana Paloma Valencia al otro día lo ganamos”, matiza Guzmán. “Lo que quiere decir es que el mercado necesita ver mensajes y señales claras de seriedad institucional”. El gobierno que quede tras las elecciones de mayo tendrá la facultad de reemplazar, en febrero de 2029, a dos de los cinco codirectores del Banco de la República y podrá escoger quiénes salen. “Es una de las cosas más determinantes para el mediano plazo de la economía nacional”, concluye Guzmán.