El Gobierno de Petro les tuerce el brazo a los bancos

El primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia, el de Gustavo Petro, coquetea desde hace más de un año con la idea de obligar a los bancos a desembolsar créditos en áreas que considera clave para impulsar la economía. Lo ha intentado dos veces. En ambas ocasiones la banca ha preferido negociar y firmar un acuerdo que concede en parte lo que pide la Administración. Así, Petro ha logrado torcer el brazo tras blandear la amenaza de un decreto.

“Con la estrategia de anunciar inversiones forzosas, el Gobierno le ha sacado ya dos programas al sector financiero. Tal vez no en los términos que quisiera, pero hizo algo”, dice a EL PAÍS Jorge Andrés Forero, economista y analista de política pública. “Con estos acuerdos, el sector privado cede, y entiende que lo que se le está planteando no va en contra de su vocación capitalista”, remata. Los estados financieros respaldan esa lectura: el sector bancario cerró 2025 con utilidades superiores a los 14 billones de pesos y crecimientos de hasta el 70%.

Para Juan Pablo Milanese, profesor de Ciencia Política de la Universidad ICESI, la repetición no es una casualidad. “Entra dentro de las dinámicas de confrontación de Petro frente a un actor que no es muy popular”, dice. “El sector bancario, más allá de su indispensabilidad, no es uno de los más apreciados por las personas”, agrega. En pocas palabras, más que una amenaza jurídica, el Gobierno presionó al sector financiero en su legitimidad. Y triunfó.

La herramienta no es un invento nuevo: la Ley 16 de 1990 creó los Títulos de Desarrollo Agropecuario con los que se financia la estatal Finagro, pues obliga a los bancos a destinar parte de sus recursos al crédito rural por esa vía. El Ejecutivo planteaba ya en 2024 extender ese mecanismo a toda la economía, desde la manufactura al turismo. La banca ha esgrimido un argumento: las inversiones forzosas encarecen el crédito para todos. “Si se obliga a colocar una cartera más riesgosa, que se puede deteriorar, las entidades financieras deben tener mayores provisiones [reservas]”, explica Felipe Noval, exsuperintendente delegado adjunto de la Superfinanciera. Es decir, los bancos tienen que guardar más plata, prestan menos y, por simple oferta y demanda, el crédito sale más caro. “El desequilibrio lo terminan los sectores que no están subsidiados”, remacha.

Lo mismo esgrime Jonathan Malagón, presidente del gremio de los bancos, Asobancaria. Para el economista, las inversiones forzosas son un mecanismo de “represión financiera” que implica “meterle la mano al bolsillo a los ciudadanos dos veces”: parte de los ahorros deja de estar intermediada por los bancos con criterios de eficiencia para ser en el fondo administrada por el Gobierno, que decide a quién se le presta y en qué condiciones. El resultado es lo que llama una redistribución del valor del crédito en cabeza del Estado: “Para algunos sectores, si la inversión forzosa funciona, el crédito va a ser más barato, pero se encarece para el resto de la economía”.

Con ese telón de fondo, en agosto de 2024 el Gobierno y el sector financiero firmaron el Pacto por el Crédito, con el que la banca se comprometió a desembolsar 254,7 billones de pesos (63.700 millones de dólares) en 18 meses en cinco sectores estratégicos. Para entenderlo, Noval explica lo que realmente ocurrió. “No existe un Pacto por el Crédito como un documento firmado por el Ministerio de Hacienda y la banca. Se trata de algo más simbólico”. Un compromiso, agrega, con un límite que ningún acuerdo político puede ignorar: de cada 100 pesos que presta la banca, 86 son del ahorro del público, sujetos a una regulación muy estricta para protegerlos. “Prestar dinero es sencillo, cualquier banco puede crecer rápidamente en su colocación de cartera. El riesgo es que no se la paguen”, explica.

La Superintendencia Financiera ha publicado reportes periódicos del avance del Pacto. El balance final, publicado el pasado 20 de marzo, muestra que los bancos desembolsaron 241,6 billones de pesos, el 95% de la meta, pero el presidente optó por otra narrativa. Petro ha insistido en que incumplieron, acusando a los bancos de no canalizar suficientes recursos hacia los sectores priorizados en el acuerdo.

El segundo round

En enero de 2026, con el Pacto por el Crédito en su recta final, el Gobierno decretó la emergencia climática. Las lluvias golpearon ocho departamentos del norte del país y el Ministerio de Hacienda volvió a poner sobre la mesa la amenaza de las inversiones forzosas, esta vez para atender a los damnificados.

El nuevo acuerdo, firmado hace pocos días, tiene dos componentes. El primero son los alivios: los deudores inscritos en el Registro Único de Damnificados podrán acceder a periodos de gracia de hasta 12 meses sin cobro de capital ni intereses, un esfuerzo que puede costarle al sector financiero hasta dos billones de pesos. El segundo es la reactivación: la banca se compromete a desembolsar créditos nuevos por cerca de 40 billones de pesos en los ocho departamentos afectados, durante los mismos 12 meses. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, resumió el pacto con una frase que delata la negociación: “Hemos encontrado un camino distinto al de las inversiones forzosas”.

El problema de fondo, sin embargo, va más allá del debate político. Noval lo pone en perspectiva con un dato que incomoda: solo el 35% de los colombianos tiene acceso a crédito formal. Los demás se financian con proveedores, cooperativas y, en el peor de los casos, con el gota a gota. “La tasa de usura es una barrera: muchos bancos dirían ‘para ciertos perfiles estaría dispuesto a prestarle al 32%, pero como el techo es 25%, no le presto’. El problema es que el gota a gota no presta al 32%, presta al 800%”.

La banca tampoco tiene calibrado el riesgo para sectores como el agro o el turismo rural, pues su negocio ha estado concentrado en las ciudades, y la informalidad de millones de pequeños productores los deja por fuera del sistema sin importar cuántos pactos firme el Gobierno. Ahora, ambas partes ganan algo: el Ejecutivo saca músculo ante el sector financiero en nombre de los más vulnerables y la banca muestra que dialoga mientras sus utilidades crecen.