Emergencia económica en Colombia por inundaciones: las claves del decreto 150 y el nuevo impuesto al patrimonio
En pocos días, en ocho departamentos cayó el equivalente a un mes completo de lluvia, una situación estadísticamente inusual para la región
El Gobierno de Colombia ha decretado un nuevo estado de emergencia económica en respuesta a una temporada de lluvias excepcional que ha provocado inundaciones masivas, graves daños a infraestructuras y miles de personas damnificadas.
La decisión ha quedado oficializada en el Decreto 150 del 11 de febrero de 2026, y aplica para Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, por un período de 30 días calendario.
¿Qué establece el Decreto 150 de 2026?
El decreto declara la emergencia en los ocho departamentos priorizados, zonas especialmente impactadas por las lluvias intensas registradas entre el 1 y el 6 de febrero.
La norma recuerda que la Constitución de Colombia faculta al presidente Gustavo Petro para declarar el estado de emergencia cuando sobrevengan hechos que perturben o amenacen gravemente el orden económico, social o ecológico, o cuando exista una calamidad pública.
El decreto destaca:
- La declaratoria del estado de emergencia por 30 días naturales
- El uso de las facultades constitucionales extraordinarias establecidas en el artículo 215
- La adopción de medidas mediante decretos legislativos
- La autorización de operaciones presupuestales para atender la crisis
- La convocatoria al Congreso para efectos del control político
La emergencia económica es un estado de excepción que permite al Gobierno tomar decisiones por decreto sin la autorización previa del Congreso, siempre bajo control constitucional y político posterior.
El fenómeno climático que detonó la crisis
La decisión se sustenta en un evento hidrometeorológico excepcional, calificado por las autoridades técnicas como atípico y de baja previsibilidad climática.
Según análisis del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y la Dirección General Marítima (DIMAR), el fenómeno estuvo asociado al desplazamiento anómalo de un frente frío hacia el Caribe colombiano, una alteración poco frecuente en los patrones atmosféricos históricos.
Este comportamiento generó un fortalecimiento inusual de los vientos superficiales y oleajes por encima de los rangos climatológicos esperados. Así, se registraron condiciones de mar de leva, lluvias intensas y eventos extremos simultáneos.
En diversos sectores del Caribe colombiano, los acumulados de precipitación superaron entre el 130% y más del 180% del promedio mensual histórico. Es decir, que en pocos días cayó el equivalente a un mes completo de lluvia, una situación estadísticamente inusual.
Además, el número de alertas hidrológicas emitidas en febrero de 2026 ha superado los registros de los últimos seis años, evidenciando la severidad del fenómeno.
El balance de las inundaciones
El balance consolidado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) señala:
- 65 emergencias registradas
- 61 municipios afectados
- Más de 69.000 familias damnificadas
- Más de 252.000 personas impactadas
- 10 personas fallecidas
Las afectaciones incluyen inundaciones, crecientes súbitas y movimientos en masa, así como daños a viviendas, vías, puentes, acueductos, escuelas y centros de salud, así como pérdidas en áreas productivas.
El nuevo impuesto al patrimonio para financiar la recuperación en Colombia
El Gobierno de Petro ha propuesto una nueva medida económica que permita acceder a recursos complementarios para atender la emergencia, y que emitiría bajo la sombrilla de la declaratoria de emergencia. Su estimación preliminar ha señalado que se necesitarían cerca de 8 billones de pesos para la recuperación de las zonas afectadas.
La propuesta plantea que, a partir de 2026, se establezca un impuesto al patrimonio para personas jurídicas, a una tarifa del 0,6% para aquellos de entre 10.475 millones de pesos y 31.425 millones de pesos, y de 1,2% para los superiores a ese dato.
El anuncio se produce en un contexto de deterioro fiscal. El Ministerio de Hacienda ha elevado la meta de déficit fiscal para 2025 a 7,1% del PIB, desde una original de 5,1%, y ha suspendido la regla fiscal. Asimismo, agencias como Moody’s, S&P y Fitch han recortado la calificación soberana del país.
La nueva emergencia económica busca responder a un hecho calificado como sobreviniente y excepcional, en medio de un entorno fiscal complejo y una crisis humanitaria derivada de las inundaciones.
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