Petro anuncia un nuevo impuesto al patrimonio para atender las inundaciones al norte del país

El Gobierno de Gustavo Petro calcula que un frente frío en el norte del país, que ha inundado cientos de hectáreas dedicadas a la agricultura y la ganadería, y que ha dejado más de 150 mil personas damnificadas, se traduce en “una afectación de unos 8 billones de pesos”. Es decir, unos 2 mil millones de dólares. Así lo explicó el jueves en la noche el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en un Consejo de Ministros organizado por el jefe de Estado para hacer seguimiento a la declaratoria de emergencia económica del miércoles. El Gobierno ha explicado que ya planea “establecer un impuesto al patrimonio de personas jurídicas”, dijo Ávila, que toca específicamente a las empresas más poderosas: “es para 15 mil empresas, las 15 mil empresas más grandes del país”.

El ministro Ávila explicó que en la primera declaratoria de emergencia económica ―la que presentó el gobierno en diciembre del año pasado, cuando el Legislativo no aprobó una reforma tributaria que permitía recoger 16 billones de pesos para cubrir un déficit presupuestario― planteaba inicialmente un impuesto al patrimonio de personas naturales, uno dirigido a los más ricos. Pero la Corte Constitucional suspendió dicho decreto, ya que encontraba entonces insuficientes los argumentos para llamar a una emergencia económica. Ahora, que hay una verdadera emergencia por las inundaciones, el Gobierno ha pedido al tribunal levantar la suspensión.

“Si la Corte Constitucional suspende la suspensión, entonces no necesitamos el impuesto de empresas, sino que vuelve a regir lo que estaba en el primer decreto de emergencia” a personas naturales, dijo el presidente en su Consejo de Ministros. “Es mejor traspasar a los impuestos a personas naturales, muy ricas, que los impuestos a empresas”, añadió. Esto, explicó, “para que el capital de las empresas se reinvierta”. El tribunal por ahora no se ha pronunciado, pero Ávila espera que tome una decisión en los próximos días.

Mientras tanto, dijo el ministro de Hacienda, pronto “viene un primer decreto de medidas, centrado fundamentalmente en el tema de impuesto al patrimonio para personas jurídicas”, afirmó. “Se cobrará 0,6% hasta 30.000 millones de patrimonio líquido, y más de eso, 1,2%“, dijo Petro, quien insistió que la medida no afectará a los microempresarios.

Luego hay otras medidas complementarias que el Gobierno aún estudia. Una de esas, dijo Ávila, es “la posibilidad de un ajuste a impuestos de juegos de azar”; un tema que ha sido prioridad para el presidente durante todo su mandato. Los decretos de diciembre congelados también buscaban imponer el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 19% a los juegos de suerte y azar, que hoy están excluidos de este tributo. Y otra medida sobre la mesa actual del Gobierno para recoger más recursos, añadió el ministro Ávila, es “el tema de los alivios tributarios, porque esto generó una dinámica de una rápida recaudación por parte de la DIAN” en el pasado.

En otra dirección, ya no de recaudo sino de gastos necesarios, el ministro dijo que buscarán medidas para otorgar créditos a “tasas compensadas para el sector agropecuario, reduciendo al mínimo la tasa de interés real”. Luego también vendrán ayudas al sector urbano, especialmente a todos los que han perdido su casa.

Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y de Desastres (UNGRD), ha explicado a EL PAÍS que, en una época que usualmente es seca en el norte del país, hubo lluvias torrenciales durante varios días a principios de febrero, y todo empeoró el fin de semana: en ese momento se desbordó el embalse de Urrá, aguas arriba del departamento de Córdoba. “Tenemos 1.700 casas ya destruidas y 4.000 no habitables”, añadió. Los costos de esta emergencia, aseguran tanto Carrillo como el ministro Germán Ávila, seguramente subirán a mucho más que 8 billones de pesos.