Urrá, la represa en medio del debate por las inundaciones en Córdoba

La Central Hidroeléctrica Urrá, en las estribaciones más al norte de la cordillera de los Andes, está envuelta en una tormenta marcada por una anomalía climática inédita y la presión política del Gobierno de Gustavo Petro. Durante los primeros días de febrero, un frente frío ártico —originado por un vórtice polar que descendió desde Norteamérica hasta el Caribe — saturó la cuenca alta del río Sinú, que discurre de las montañas al litoral en el norte, con aportes extremos. Las inundaciones río abajo, en las fértiles planicies del departamento de Córdoba, han creado una emergencia que deja por lo menos 14 muertos y más de 150.000 damnificados.

El caudal de entrada a la represa, construida hace dos décadas en el municipio cordobés de Tierralta, alcanzó picos de 2.654 metros cúbicos por segundo, frente a un promedio histórico de 121 metros cúbicos por segundo para este mes. El golpe hidrológico de recibir 22 veces más agua de lo habitual fue imposible de manejar, y el agua sencillamente pasó por encima de la presa. Para dimensionar lo ocurrido, el exministro de Minas y Energía Tomás González Estrada recurre a una imagen: “El embalse es como una tina en donde los ríos llevan el agua, por lo que son como la llave que la llena”, explica. La represa permite regular el flujo hacia el Sinú, ahonda, “pero cuando la llave se abre de forma abrupta, como sucedió, la capacidad de regulación se ve desbordada”.

La situación se ha agravado por un patrón global que describe Lorenzo Volpi, socio y subdirector ejecutivo de Leadenhall Capital Partners LLP, firma británica especializada en la gestión de activos vinculados a riesgos asegurables: “Una atmósfera más cálida retiene un 7% más de vapor de agua por cada grado de calentamiento, lo que genera aguaceros más intensos que desbordan cuencas antes manejables. En regiones montañosas como los Andes, esa intensidad puede subir hasta un 15% por grado, lo que multiplica el riesgo de inundaciones súbitas”, explica. “No es solo un problema físico: estos patrones están presionando los sistemas financieros y de seguros porque elevan los costos de cobertura”, advierte en un análisis compartido a EL PAÍS.

En el caso de Urrá, el exviceministro de Energía Manuel Maiguashca aporta una mirada de realismo técnico: “Lo que llovió en Córdoba era inmanejable”, comenta a este diario. “Si no hubiera estado, el daño hubiera sido peor”, sostiene. Para él, la central cumplió uno de sus propósitos, el de “amortiguar la creciente, hasta donde su estructura física lo permitió, ante un evento anómalo”. Pero el desastre, que deja miles de viviendas bajo el agua, ha llevado al presidente Gustavo Petro a apuntar que la tina no estaba lo suficientemente vacía como para recibir el golpe.

Jorge Alberto Escobar, director del Instituto Javeriano del Agua, dijo en Noticias Caracol que la represa no es la única responsable, pero sí tiene parte de la culpa: “La capacidad de regulación que tenía el embalse se redujo porque tenían más agua almacenada de la que deberían tener”. Según el experto, si hubiera mantenido agua siguiendo la llamada curva guía de seguridad, hubiera podido retener gran parte de la que llegó, atenuando la inundación. Su análisis coincide en parte con el de la estatal Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que documentó que, en el segundo semestre de 2025, Urrá operó por encima de sus niveles de seguridad el 30,6% del tiempo, en una decisión que su directora, Irene Vélez, calificó “como operativa y no climática” en el Consejo de Ministros celebrado el martes.

La crisis ya ha derivado en un relevo en la cúpula de la empresa estatal que maneja la represa. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, pidió la renuncia de su presidente, Juan Acevedo Rocha. La Junta Directiva designó como encargado a Enrique Kerguelen Méndez, ingeniero civil de la Universidad de los Andes con más de tres décadas en la compañía, quien ha sido jefe de planeamiento operativo y, desde 2020, gerente técnico ambiental.

Pero eso no es suficiente. El presidente ha calificado la gestión de la represa como un “crimen ambiental”, y ha acusado a la gerencia de mantener los niveles altos de forma irregular para que otras generadoras de energía puedan vender más caro, insinuando un lucro cesante social: “Botan más de 2.500 toneladas de agua por segundo… ¿Saben cuánta energía potencial perdió el país cada segundo en Urrá?”, cuestionó en X.

Como contrapeso a las acusaciones de negligencia, Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), argumenta que no existen motivos para desperdiciar agua: “Verter agua implica dejar de generar energía y perder ingresos”, explicó en X, subrayando que los vertimientos son obligaciones técnicas de seguridad, “no discrecionales”, para proteger la infraestructura y las vidas río abajo. Además, aporta datos para desvirtuar la tesis de Petro: en lo corrido de 2026, el precio de la energía vendida al contado (en la Bolsa) ha estado por debajo del de los contratos de largo plazo un 86,2% del tiempo. Además, apunta que la represa fue concebida para generación eléctrica. Para González, el Gobierno busca un “chivo expiatorio” en la gerencia, cuando la responsabilidad también recae en la Junta Directiva, controlada por la Nación como accionista mayoritaria de la represa.

La Superintendencia de Servicios Públicos había advertido en 2023 que el Plan de Gestión del Riesgo de Urrá no cumplía con los requisitos legales. En el terreno financiero, su informe reveló que ese año, marcado por el fenómeno de El Niño, la empresa generó 29,3% menos energía que el año anterior, pero los ingresos crecieron un 3,1%, por un aumento del 196% en los precios al contado. El inspector concluyó que la estrategia fue “vender en el pico”, soltando agua cuando el precio estaba más alto. Esa práctica dio rentabilidad —57.402 millones de utilidad neta—, pero también expuso su vulnerabilidad: si el embalse se queda sin agua, debe comprar energía cara en el mercado para cumplir los contratos de largo plazo, con los que se obliga a vender en cualquier situación y que representan más del 70% de sus ingresos.

Mientras hoy los damnificados se cuentan por millares, estas viejas conclusiones cobran un nuevo sentido. La Superservicios es ahora la encargada de investigar si Urrá fue negligente en una crisis que se explica mayoritariamente en lo que supera a sus gestores, al presidente o a los cordobeses: el clima ha cambiado en el planeta tierra.