Colombia está perdiendo a sus niños en la guerra

Nunca podré olvidar la primera vez que conocí a una niña que había sido reclutada, y luego rescatada, de las filas de un grupo armado. Ella tenía 14 años y fue casi imposible mirarla directamente. Durante la mayor parte de nuestra conversación, mantuvo la mirada fija en el piso, tomada de la mano de su mejor amiga por un lado y del adulto que la cuidaba por el otro. Hablaba en voz baja, pero con determinación. Aunque no pudo contarme toda su historia, luego me enteré de que un combatiente primero le coqueteó por WhatsApp hasta que decidió unirse al grupo, para luego ser abandonada durante días en la selva, sin nada de comer o beber.

Comencé a estudiar el fenómeno del reclutamiento infantil en Colombia casi por accidente. A medida que recorría el país por mi trabajo con Crisis Group, era casi imposible evitar el tema. Hoy no se puede hablar de la naturaleza del conflicto armado sin reconocer que hay niños y niñas obligados a participar en todas sus dimensiones.

Todos los grupos armados y criminales que operan en Colombia reclutan menores. En la actualidad, hay al menos 1.000 niños y niñas en sus filas (posiblemente son muchos más), fundamentales para su estrategia de control territorial y expansión. El reclutamiento infantil también contribuye a silenciar la resistencia en sus comunidades de origen.

Los menores son atraídos a la vida armada de manera deliberada. Redes especializadas de reclutadores identifican hogares donde los niños pasan hambre y les ofrecen comida. Buscan niñas que estén solas y envían combatientes a “enamorarlas”. Militantes armados instalan campamentos cerca de las escuelas e intimidan a los profesores que podrían intentar desalojarlos. En redes sociales, difunden un torrente de mensajes que prometen una vida tan radicalmente distinta a la pobreza de muchos hogares rurales que los niños empiezan a creer en un espejismo. Huyen convencidos por esta falsa esperanza.

Pronto se vuelve evidente que nadie tiene intención alguna de ofrecerles una vida mejor. Para los grupos, estos chicos (que a veces tienen tan solo once o doce años) se han convertido en combatientes baratos y desechables, a quienes pueden obligar a ocupar las posiciones más peligrosas, ya sea en el frente de combate o en la fabricación y transporte de explosivos. Son soldados rasos en campañas de expansión y carne de cañón en enfrentamientos. Las niñas suelen ser obligadas a servir a los comandantes y muchas sufren graves abusos sexuales. Rara vez se benefician de la supuesta prosperidad de la economía ilegal; más bien, quedan al servicio forzado de quienes la controlan.

El uso de niños combatientes es tanto una consecuencia de la evolución del conflicto colombiano como un factor que acelera esas dinámicas. Durante medio siglo, el Estado colombiano estuvo enfrentado al que en ese entonces fuera el grupo guerrillero más grande del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Cuando el grupo dejó las armas como parte del histórico acuerdo de paz de 2016, abandonó vastos territorios en los que proliferan las economías ilícitas. Frente a unas instituciones estatales que no pudieron ocupar esos espacios, los grupos armados y criminales se movieron con rapidez para capturar las rutas del narcotráfico y las minas ilegales, entre otras.

Por ello, esta nueva generación de grupos armados tuvo la urgencia de crecer rápidamente. Los menores resultaron ser fáciles de atraer y baratos de mantener. Muchos nuevos reclutas apenas reciben el entrenamiento militar más básico antes de que se les entregue un arma.

Recientemente, los niños también se han convertido en un componente central de una estrategia hoy generalizada: el uso de escudos humanos para impedir operaciones de las fuerzas de seguridad. Dado que sus intereses son principalmente locales y económicos, los grupos criminales evitan confrontar directamente al Estado y buscan evitar que las fuerzas de seguridad interrumpan sus actividades. Para ello, varios grupos emplean una estrategia conocida coloquialmente como “la cortina”: obligan a los niños a formar un perímetro alrededor de combatientes más experimentados, recursos económicos u otros objetivos de valor, asegurando que sean las primeras víctimas en caso de un enfrentamiento. Comandantes de alto perfil se rodean de menores, convencidos de que esto disuadirá a las fuerzas de seguridad de realizar operaciones para capturarlos o matarlos. En los últimos meses, más que una docena de menores han muerto en bombardeos que tuvieron como objetivo a comandantes.

Las condiciones en los grupos armados y criminales son tan precarias que muchos menores intentan huir. Conscientes de este riesgo, los grupos generalmente los trasladan lejos de sus comunidades de origen, asegurándose de que estén demasiado desorientados para poder escapar. Quienes son capturados tras fugarse suelen ser ejecutados como escarmiento para los demás.

Los chicos que logran salir, a menudo porque sus comunidades suplican por su liberación o porque el Ejército los encuentra, siguen en peligro. A lo largo de la costa del Pacífico, escuché relatos sobre cómo los armados vuelven a buscarlos en sus propias casas para reclutarlos de nuevo o secuestran a un hermano como represalia. En la frontera entre Colombia y Venezuela, niños que han sido forzados a incorporarse a un grupo y han escapado, corren el riesgo de ser atacados por organizaciones rivales, que los perciben como leales al otro bando.

Como aquella primera niña que conocí, la vida de todos estos menores queda marcada de forma irreversible. A menudo salen traumatizados, heridos, enfermos. Las niñas pueden haber sufrido abusos que no logran nombrar ni describir, y mucho menos comprender. Para mantenerse a salvo y escapar del estigma que puede acompañarlos al regresar a la vida civil, muchas familias se desplazan con sus niños a las ciudades u otras regiones del país.

El reclutamiento infantil tiene un impacto que va más allá del sufrimiento que trae a cada hogar afectado. Se propaga por las comunidades, siembra miedo y silencia cualquier forma de resistencia. Familias y amigos a menudo prefieren callar con la esperanza de que el menor sea devuelto y por el temor a las represalias que pueden enfrentar si dicen algo que incomode al grupo armado. El robo de niños es, a la vez, una forma de engrosar filas y de asegurarse de que nadie haga preguntas.

Frente a este panorama devastador, como revela un nuevo estudio de Crisis Group, Colombia apenas comienza a dar los pasos necesarios para evitar que los niños caigan en las redes de los grupos armados. Los programas estatales existentes carecen de recursos y de la capacidad de reacción necesaria para intervenir cuando los menores están en peligro inminente. La mayoría de los niños que logran salir de los grupos criminales son rescatados por las fuerzas de seguridad, pero los programas para facilitar su reintegración familiar y comunitaria deben tener un mayor énfasis en la salud mental y la atención al trauma.

Con el apoyo de países donantes, Colombia debería invertir mucho más en prevención, incluyendo el fortalecimiento de la seguridad en torno a las escuelas y el respaldo a los mecanismos comunitarios de protección. La policía necesita apoyo para reforzar las investigaciones criminales sobre las redes de reclutamiento. El uso de niños en los conflictos armados constituye un crimen de guerra y los grupos responsables deben rendir cuentas.

Proteger a la niñez y prevenir su reclutamiento privaría a los grupos armados y criminales del recurso del que hoy dependen para mantener el control territorial. Sin ellos, estos grupos perderían gran parte de su poder, su territorio y su capacidad de coerción. Cada niño que protegemos de ser reclutado es un paso hacia el debilitamiento de un conflicto cuyo costo lo paga la población más vulnerable.