Los excomandantes de las FARC reconocen ante la JEP el reclutamiento forzoso de más de 18.000 menores

Los miembros del último secretariado de la extinta guerrilla de las FARC han reconocido este martes ante el tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que el reclutamiento de menores en el marco del conflicto armado “fue un hecho injustificable que marcó de manera irreversible la vida de quienes fueron involucrados”. El tribunal de paz había imputado a finales de 2024 a los seis excomandantes por crímenes de guerra, entre ellos el reclutamiento forzoso de al menos 18.677 niños entre 1996 y 2006, de los cuales muchos fueron sometidas a torturas, violaciones y abortos forzados. Ellos ahora admiten su “responsabilidad” por esta “herida colectiva que dejó cicatrices hondas en el tejido social”, pero no profundizan sobre las acusaciones de violencia sexual.

Los seis imputados en el llamado macrocaso 07 son Rodrigo Londoño, conocido en la guerra como Timochenko; Jaime Alberto Parra, quien tuvo el alias El Médico; Milton Toncel, más conocido como Joaquín Gómez; Pastor Alape; Pablo Catatumbo, hoy senador; y Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada y también senador. Aunque, tras haber sido imputados en noviembre ya habían admitido “conductas que evidencian el reclutamiento y el ingreso a filas de menores de edad”, no habían dado aún una respuesta formal.

En el comunicado hecho público este martes, los imputados señalan que tienen “el deber de aportar una verdad que no solo esclarezca lo ocurrido, sino que contribuya a la justicia, la reparación y la no repetición”. El caso de la JEP se funda en los testimonios de más de 1.000 víctimas y, pese a que no hay pruebas de que alguno de los seis hubiera dado órdenes directas para cometer estos abusos ni de que los hubieran perpetrado ellos mismos, los magistrados afirman que estaban al tanto de lo que ocurría.

Juan Manuel Martínez, abogado líder del equipo de representación judicial de víctimas ante la JEP, afirma en respuestas a este diario que “hay una falta de aporte pleno a la verdad, que se traduce en un reconocimiento de responsabilidad que es apenas precario”. “No hay un aporte pleno, detallado y exhaustivo de lo que sucedió en el marco del conflicto armado y vemos que los comparecientes se muestran de nuevo con una actitud litigiosa, propia de un proceso adversarial y no dialógico”, indica, con respecto al documento de más de 400 páginas entregado este martes por los seis implicados, complementario a la carta.

El reclutamiento forzoso de niños y adolescentes ocurrió en todo el país, salvo en el departamento insular de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Alrededor de 5.600 de los reclutados tenían 14 años o menos, aunque las normas internas prohibían el reclutamiento de menores de 15 años. Hubo tres modalidades principales de reclutamiento: la amenaza o uso de la fuerza en una mayoría de los casos (57%); los engaños, como las promesas de acceder a estudios o de reencontrarse con familiares (28%); y la persuasión o el convencimiento ideológico (15%).

El macrocaso 07 tiene un apartado especial sobre la violencia reproductiva. Los magistrados registraron casos de anticoncepción forzada, aborto forzado y malos tratos derivados de estos procedimientos. Pese a que estos delitos están incluidos en el mismo proceso, el comunicado de los excomandantes no hace ninguna alusión a que también sean reconocidos.

Martínez lamenta la falta de aceptación plena de estos delitos: “Ellos argumentan que no hay una motivación organizacional demostrable de que se llevaran a cabo crímenes de violencia sexual. Los implicados indican que fueron hechos aislados, pero desde la representación de víctimas, consideramos que fueron crímenes que se cometieron de manera masiva y que esto fue de conocimiento del antiguo secretariado”.

Los acusados también han insistido en el documento que desean unificar las investigaciones de la JEP: “Comprometidos con la necesidad de una justicia oportuna para las víctimas que genere seguridad jurídica para quienes hemos firmado la Paz, reiteramos la necesidad de una única resolución de conclusiones, así como la de unificación de los diferentes hechos y conductas investigados por la Jurisdicción”. Con eso, buscan agilizar el proceso judicial en su contra.

La JEP deberá ahora analizar la carta recibida por los seis imputados en el caso y decidir si esta constituye un reconocimiento de la verdad. Si es el caso, el tribunal deberá fijar una fecha para una audiencia pública en la que se admitan los hechos y, así, los excomandantes de las FARC podrán obtener una pena restitutiva, enfocada en tareas de reparación.