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La fusión de Tigo y Movistar reconfigura el mercado de las telecomunicaciones en Colombia

Entre Claro y la nueva entidad concentran el 90% del mercado, un escenario que despierta temores de duopolio y menor competencia

Un coloso de las telecomunicaciones emerge en Colombia para desafiar a Claro, el imperio del magnate mexicano Carlos Slim. En una jugada que reconfigura el tablero digital del país andino, la multinacional Millicom, con sede en Luxemburgo, cerró la compra del 67,5% de Movistar —de la española Telefónica— por 214,4 millones de dólares y tomó el control total de Tigo-Une tras desembolsar otros 569 millones de dólares a EPM. El nuevo gigante queda con una cuota cercana al 38% del mercado de las telecomunicaciones y espera concretar en abril la adquisición del 32,5% restante de las acciones de Movistar, participación que hoy pertenece al Estado colombiano a través del Ministerio de Hacienda.

La operación recibió en noviembre el aval condicionado de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), dirigida por Cielo Rusinque, bajo la promesa de equilibrar una cancha donde Claro dicta las reglas, pues tiene el 45% de todos los ingresos del mercado. Para los asesores de la fusión, viene una pelea de pesos pesados que puede beneficiar a los usuarios; para los críticos, es el acta de nacimiento de un duopolio que deja al 90% de los usuarios bajo el manto de solo dos jugadores. El abogado Germán Bacca, con experiencia tanto en la SIC como en la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), sostiene que la narrativa de una competencia vibrante es un espejismo. “La Superintendencia fue muy confiada, por no decir ingenua, al aceptar la fusión”, afirma, e identifica tres grietas en el proceso: “El desconocimiento de la realidad de las tarifas de interconexión, la creación de un cuello de botella en la red que necesitan los pequeños y la ausencia de condicionamientos estructurales”.

La falta de mano dura es el núcleo de la polémica. En integraciones de este calado, las autoridades suelen exigir a las empresas vender activos o devolver bandas de frecuencia. En este caso, la SIC se limitó a imponer condicionamientos de comportamiento, promesas de portarse bien y reportar información: “El mercado quedó cerrado y bajo llave”, sentencia Bacca. Este cierre afecta especialmente a WOM —tercer operador del país, con una cuota del 7%— y a los Operadores Móviles Virtuales, que operan sobre redes de los más grandes. “A Claro y la nueva entidad les va a quedar más fácil devorar al pequeño”, sostiene el experto. La entidad integrada controla ahora el 100% de la provisión de Roaming Automático Nacional —que permite a los usuarios conectarse a la red de otro operador en zonas donde su compañía no tiene cobertura—, eliminando la tensión competitiva que existía cuando Tigo y Movistar peleaban por alquilar su infraestructura a terceros.

Desde las entrañas de la operación habla Felipe Sarmiento, socio en Fide Partners, una firma dedicada en exclusivo a asesorar operaciones del mercado de las telecomunicaciones. “La integración es una vía para romper el dominio de Claro”, comenta. Frente al temor de que los dos gigantes pacten precios, apela a la complejidad técnica: “Este sector no es como el del papel higiénico o el pan, productos simples donde es fácil ponerse de acuerdo. La heterogeneidad de la oferta hace muy difícil llegar a mecanismos de coordinación de precios”, explica. En su visión, el hambre de Millicom por ganar terreno y la necesidad de amortizar la inversión serán motores suficientes para mantener los precios a raya.

La evidencia internacional, sin embargo, siembra dudas. Un estudio académico basado en datos de la OCDE y que analizó 94 operadores en 29 países concluyó que las fusiones en mercados ya concentrados y con baja densidad de suscriptores tienden a perjudicar al usuario, con aumentos de precios de hasta un 9,3%. En zonas de baja densidad de suscriptores, como la Colombia rural, estas integraciones también elevan los precios y frenan la inversión de capital más de un 11%. A falta de una amenaza real, los dominantes tienden al pacto de caballeros.

Juan Camilo Durán Téllez, exsuperintendente delegado y socio de Durán Martínez del Río, agrega otro riesgo: “Cuando dos empresas que hacen lo mismo se fusionan, hay cargos que terminan redundantes”, comenta. Ese riesgo ya tiene un precedente en la unión Tigo-Une de 2014. Un estudio de la Universidad de La Salle muestra que, tras esa integración, hubo una reducción del 50% del personal de UNE y del 30% de la planta de Tigo. “Casi siempre la parte más dura la lleva la parte absorbida”, agrega Durán. La investigación documenta además el cierre de casi el 80% de las tiendas físicas de UNE en Medellín y Bogotá, la eliminación de cargos administrativos, técnicos de servicio posventa y personal de call centers.

Durán subraya que el riesgo se traslada directamente a la calidad del servicio en la periferia: “El plan de eficiencia del nuevo gigante podría conllevar un desmonte parcial de infraestructura allí donde las redes de Tigo y Movistar se solapan”, dice. Aunque la SIC condicionó cualquier retiro de antenas a un proceso “debidamente justificado”, el Ministerio TIC comparte la preocupación. En un concepto técnico de mayo de 2025, alertó sobre un escenario de “duopolio técnico” que dejaría a los operadores móviles, creados para ampliar la competencia comercial, “huérfanos” de alternativas. Las simulaciones de la CRC incluidas en ese concepto avisan que bastaría una coordinación tácita entre Claro y el nuevo jugador para hundir el bienestar del consumidor en más de un 50%.

EL PAÍS contactó a la SIC y a Milicom para aclarar cómo se garantizaría el bienestar de los consumidores, pero ninguno contestó al cierre de esta edición. Milicom ha celebrado la fusión en una nota de prensa, que destaca que la operación “fortalece el sector de telecomunicaciones de Colombia mediante la creación de un operador financieramente sólido con la escala y la capacidad de inversión necesarias para implementar mejoras cruciales en redes, espectro y tecnología”. Lo más inquietante, con todo, ha sido la posición del Gobierno de Gustavo Petro, usualmente crítico de las concentraciones de mercado. Esta vez ha autorizado la operación y con ello ha llevado a Colombia a una era de dos colosos digitales que proyectan, de momento, más incertidumbre que certezas.

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