Bogotá esquiva la anticipada crisis de basuras

La gestión de basuras en Bogotá tiene, por ahora, un respiro. Este miércoles, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), la entidad nacional encargada de regular los esquemas de gestión de residuos en Colombia, ha expedido una resolución que prorroga hasta noviembre de 2027 los contratos de las cinco empresas que prestan el servicio en la capital, programados para vencer el próximo 11 de febrero. Lo hace a través de la creación de un régimen transitorio que prolonga las actuales Áreas de Servicio Exclusivo (ASE) hasta esa fecha.

La decisión evita que los contratos expiren cuando no está listo un esquema alternativo, lo que habría obligado a Bogotá a entrar abruptamente a un modelo de libre competencia que nunca ha vivido la ciudad de ocho millones de habitantes, que además carece de un marco tarifario actualizado y con alta incertidumbre en una ciudad con un problema de recolección de las 6.400 toneladas diarias de residuos que produce.

La resolución, identificada como 1027 de 2026, responde a un auto que emitió la Corte Constitucional en 2025. En él, el tribunal advirtió que el vencimiento de los contratos, sin una transición clara y ordenada, suponía un riesgo grave para los derechos de los recicladores de oficio, una población que ha reconocido como sujeto de especial protección constitucional desde hace más de una década. En su decisión, los magistrados ordenaron a la CRA adoptar medidas transitorias para proteger a los recicladores mientras se define un esquema definitivo de prestación del servicio.

En cumplimiento de esa orden, la CRA extendió de manera excepcional el límite de ocho años de las ASE, zonas de operación asignadas a cada una de las cinco empresas, en las que estos contratistas recogen la basura, barren las calles y cortan el césped. Aunque la resolución limita la vigencia del régimen transitorio hasta el 30 de noviembre de 2027, condiciona su duración a dos factores adicionales. El primero es que la propia CRA defina un nuevo marco tarifario del servicio de aseo, un proceso que tiene plazo hasta mayo, pero está suspendido por recusaciones presentadas por organizaciones de recicladores y por empresas prestadoras. El segundo es que el Distrito ponga en marcha un nuevo esquema de basuras que garantice que se mantengan las protecciones a los recicladores.

En esa línea, la resolución fija las acciones afirmativas que deben preservarse durante la transición, organizadas en cuatro ejes: el acceso exclusivo de los recicladores al material aprovechable; la garantía de ser remunerados por su labor; la coordinación operativa entre ellos y las empresas prestadoras; y el acompañamiento institucional a las organizaciones de recicladores.

Tras la expedición de la resolución ha hablado el director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la entidad bogotana encargada del servicio. Armando Ojeda ha asegurado que el Distrito se reunirá con la CRA para revisar las condiciones del régimen transitorio y ha garantizado “la continuidad del servicio”, al señara que los cinco contratistas seguirán operando sin interrupción.

Sus declaraciones llegan semanas después de que él mismo, al unísono con todos los conocedores, vaticinara un tránsito inevitable hacia la libre competencia, pues la CRA negó dos veces las propuestas del distrito para mantener las ASE. En su momento, señaló que debían esperar al nuevo marco tarifario para preparar entonces una licitación. Ese escenario generaba interrogantes sobre rutas, frecuencias y responsabilidades de los prestadores, así como alta incertidumbre regulatoria y operativa que la resolución de la CRA termina, por ahora, aplazando.

Nohra Padilla, líder de asociaciones de recicladores, sostiene que tanto la resolución CRA como un eventual cambio de esquema en Bogotá resultan “indiferentes”, pues la Corte Constitucional ya protege el acceso exclusivo de los recicladores al material aprovechable. A su juicio, el debate central no debe ser el modelo, sino el cumplimiento de las órdenes judiciales que protegen a los recicladores, tradicionalmente personas de muy escasos recursos. Para ella, existe una tensión con la Alcaldía, a la que acusa de mantener prohibiciones como la de recuperar material de canecas o la de usar vehículos de tracción humana. Sostiene que eso los deja obligados a lo que denomina “el escarbe”, debido a la falta de cultura ciudadana en la separación de la basura. Niega que sean generadores de regueros de basura en las calles, y atribuye ese fenómeno al desecho clandestino de escombros de construcción y a fallas en el servicio de limpieza.

Más allá de las tensiones, Bogotá gana tiempo para reorganizar su modelo de basuras. Así lo plantea Clara Inés Pardo, docente de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario y experta en política y gerencia ambiental. “Se establece un proceso de transición con acciones etéreas que aún deben definirse”, señala, pero considera que representa “un respiro” mientras se organiza un nuevo esquema. Para Pardo, el problema no radica exclusivamente en si el modelo es de libre competencia, de ASE o mixto, sino en la falta de planeación, regulación y control efectivo del Estado que afectan al actual sistema. Enfatiza que el modelo que venga, debe incluir a la ciudadanía como actor central: sin cultura, educación y concientización sobre el manejo de las basuras, argumenta, ningún esquema es viable. Agrega que son fundamentales la integración clara de los recicladores y la economía circular, en la que los residuos se pueden valorizar.

Ojeda reconoce las fallas del sistema actual y remarca la desconexión entre el Distrito y la ciudadanía. Defiende que la UAESP ha reducido los 622 puntos críticos de acumulación de basura identificados 2024 a 469 en 2025, mediante el fortalecimiento de su capacidad operativa, el incremento de los ecopuntos (lugares para depositar gratis residuos voluminosos como colchones o tablas, de los que no se hacen cargo las empresas) hasta 2011, la oferta de una recolección gratuita de esos desechos y el refuerzo de campañas pedagógicas. También asegura que han fortalecido los mecanismos de control y de sanción a quienes incumplen.

Pero la ciudadanía se sigue quejando de las acumulaciones o de la falta de recolección, y se mantienen prácticas como sacar la basura fuera de horario, no separarla o abandonar colchones y escombros. Todo ello pone en evidencia los límites de un sistema al que le llega una bala de oxígeno para evitar una crisis, pero que tiene problemas estructurales.