Petro revive ante Trump la extradición de Álvaro Córdoba, señalado de aliarse con el chavismo para traficar cocaína

En la misma intervención en la que Gustavo Petro anunció su primera llamada con Donald Trump, el presidente volvió sobre el caso de Álvaro Córdoba Ruiz. “Le dije que 700 traquetos fueron extraditados con mi firma, incluido el hermano de Piedad Córdoba, que no dudé en firmarlo”, dijo el presidente frente a una multitud que lo escuchaba desde la icónica Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá. “Ahora él quiere ser testigo allá [Estados Unidos] para ver si baja la pena”. La mención no pasó desapercibida. El hermano de una de las principales figuras de la izquierda colombiana, muerta en enero de 2024, quedó ligado a la narrativa del “Cartel de los Soles”, aunque fue condenado en abril de 2025 únicamente por conspiración para traficar cocaína.

La alusión llegó en el más alto punto de la crisis regional, luego de que Estados Unidos atacara a Venezuela para extraer a Nicolás Maduro y amenazara a Petro con hacer lo mismo en Colombia. El presidente aprovechó entonces para subrayar que su decisión no tuvo excepciones, pese a que el extraditado era hermano de la excongresista de la Unión Patriótica, su amiga y aliada por más de dos décadas. Ella fue mediadora en procesos humanitarios y negociaciones de paz, pero también una dirigente marcada por las controversias sobre sus vínculos con Maduro, Hugo Chávez o el régimen cubano.

Como candidato presidencial, Petro pidió a la política antioqueña marginarse de la campaña y debido a los problemas de su hermano con la justicia. En la recta final prometió que, de ganar, autorizaría la extradición, algo que muchos dudaban. Sin embargo, tras el visto bueno de la Corte Suprema de Justicia, el presidente cumplió.

En su intervención pública, Petro negó haber conocido a Álvaro Córdoba y advirtió que este casi le pone una trampa en el hotel Tequendama de Bogotá. No fue una mención ligera. El expediente de Córdoba condensa mútiples elementos que Trump ha perseguido en el año que lleva en el poder: el chavismo, las redes del narcotráfico y la idea de que en América Latina la seguridad se impone a la diplomacia. Para los fiscales en Estados Unidos, el caso de Córdoba sirve para sostener que detrás de las rutas de cocaína operan redes que cruzan la frontera e incluyen militares y políticos del régimen chavista.

El proceso parte de una investigación de la DEA, que lo ubicó como intermediario en una red de tráfico internacional de cocaína con destino a Estados Unidos. Según los expedientes judiciales, Córdoba participó en reuniones con informantes encubiertos a quienes ofreció facilitar envíos de droga a gran escala, describiendo rutas, contactos y mecanismos de protección para los cargamentos. Esas conversaciones, grabadas y presentadas como prueba en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, fueron la base de la acusación por conspiración para traficar estupefacientes.

En las audiencias, la Fiscalía sostuvo que Córdoba no fue un actor marginal, sino que fue un articulador clave para el tráfico de estupefacientes, según la justicia estadounidense, que salían desde Venezuela y Colombia. Aunque durante el proceso aparecieron referencias al llamado “Cartel de los Soles”, los jueces delimitaron con claridad el alcance del fallo: la condena no recayó sobre una supuesta pertenencia a esa estructura, sino sobre hechos concretos de conspiración para el tráfico de cocaína. Según reveló El Tiempo, en junio pasado Álvaro Córdoba envió una carta de más de 60 páginas a la Corte en un intento por reducir su pena luego de haberse declarado culpable. En ese documento admitió su responsabilidad en un complot para enviar cocaína, describió su rol como “actor menor” en la red y afirmó que la extensa investigación del famoso “Cartel de los Soles” tocaba incluso a su fallecida hermana Piedad Córdoba, aunque su nombre nunca hizo parte de la acusación formal ni del fallo que lo condenó.

El expediente del caso apunta a que Córdoba conspiró con varias personas e individuos asociados con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para obtener y distribuir toneladas de cocaína, en un esquema que las autoridades describieron como un intento de establecer una “línea de suministro desde Venezuela”. En esa investigación, la justicia expuso grabaciones de conversaciones y pruebas documentales que ponían en evidencia que Córdoba llegó a vender una muestra de cinco kilogramos de cocaína procedente de una finca vinculada a las FARC y, al momento de su captura en febrero de 2022, negociaba un acuerdo para enviar hasta 500 kilogramos de cocaína por semana a supuestos narcos mexicanos que eran, en realidad, agentes encubiertos de la DEA.

Desde que fue extraditado a Estados Unidos en 2022, el caso de Córdoba quedó atravesado por una ambigüedad política que lo rodeaba por la exposición pública de su hermana. La justicia lo insertó en una narrativa mayor sobre presuntas redes de poder en Venezuela con el chavismo, pero eso nunca logró probarse. En la sentencia de 2024, la corte federal de Nueva York evitó ese terreno: lo condenó por conspiración para importar droga, sin atribuirle pertenencia a ninguna organización criminal ni validar la existencia del llamado “Cartel de los Soles”. La justicia estadounidense, al comienzo, lo reclamaba por otros delitos como asociación para delinquir y tráfico y posesión de armas de fuego y explosivos, pero esos cargos fueron desestimados en marzo de 2023.

La narrativa del “Cartel de los Soles”, omnipresente en discursos políticos y mediáticos estadounidenses durante años, sufrió un giro importante este enero. En la nueva imputación contra Nicolás Maduro, luego de su traslado a Nueva York, el Departamento de Justicia eliminó gran parte de las referencias que lo señalaban como líder de esa supuesta organización criminal y ya no lo describe como tal, sino más bien como parte de un “sistema de clientelismo” vinculado a la corrupción y al narcotráfico dentro del aparato estatal venezolano. La acusación de 2020, que mencionaba la organización decenas de veces y lo situaba a él como cabecilla, fue rebajada en el lenguaje tras la revisión de la Fiscalía estadounidense, lo que según expertos legales refleja que el Cartel de los Soles no opera como una estructura criminal formal comprobable ante una corte.

Durante más de tres años, Piedad Córdoba intentó frenar la extradición de su hermano. Desde la captura en Medellín en febrero de 2022, la senadora anunció públicamente que se trataba de un “entrampamiento” de la DEA y contrató abogados en Estados Unidos para revisar el caso. Insistió en que la extradición representaba una injusticia y denunció lo que calificó de persecución política, apelando a su trayectoria como mediadora de procesos con grupos armados como las extintas FARC. Sin embargo, sus gestiones no lograron cambiar el curso del proceso. Ahora su hermano ha vuelto a estar en boca del presidente, como una ofrenda a Donald Trump para mostrarle que su Gobierno sí combate el narcotráfico.