Las familias de los colombianos presos en Venezuela reclaman su libertad: “Hasta que llegue el último no termina la lucha”

Parada bajo el sol del mediodía, que rebota sobre el asfalto del puente Simón Bolívar, el más tradicional de los cruces fronterizos entre la zona metropolitana de Cúcuta y el estado venezolano de Táchira, Nubia Mise, de 31 años, sostiene los retratos de ocho colombianos que permanecen detenidos en Venezuela. Una a una, pasa de manera ceremoniosa las páginas en las que tiene impresas las imágenes mientras pronuncia sus nombres, para que a nadie se le olvide el drama de sus familias en medio de la incertidumbre que impera desde la intervención militar en la que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro la madrugada del pasado sábado.

Nubia es la hermana de David Josué Mise, un mototaxista que pasó un año y un mes encarcelado por las autoridades chavistas en Venezuela, después de que transportó a un ciudadano peruano con residencia estadounidense por este mismo puente. Lo acusaron de terrorismo, conspiración, de traición a la patria, de guerrillero, “de todo lo que pueden culpar a un colombiano en otro país”, relata su pariente. Él fue uno de los 17 presos colombianos liberados en octubre en el Táchira, hasta donde se desplazó la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, para recibirlos. Sin embargo, unos 20 colombianos más todavía permanecen en cárceles venezolanas. “Él ya está en la casa, tranquilo, pero acá estamos por los demás. No es justo que ellos sigan allá, que un niño siga preguntando dónde está su papá, o una esposa por su marido ausente”, defiende la hermana. “Ellos son de diferentes lugares del país, no pueden estar acá en Cúcuta, pero estoy yo en representación de todas las familias”, explica con convicción al que la quiera oír. “Cuando me trajeron a mí hermano les dije, hasta el último que llegue, ese día termina mi lucha”.

Los casos de los colombianos se enmarcan en la represión desatada después de las elecciones del 28 de julio de 2024, en las que Maduro se autoproclamó ganador a pesar de que las actas recabadas por la oposición demuestran que perdió por un amplio margen frente a Edmundo González. Desde que se posesionó hace un año, en medio del repudio de la comunidad internacional, además de la persecución contra sus propios ciudadanos, el régimen chavista detuvo de manera arbitraria a decenas de extranjeros a los que acusó sin pruebas de querer desestabilizar el orden público y planear “acciones terroristas”.

La República Bolivariana alcanzó un pico de más de 2.000 detenciones después de las presidenciales, una cifra que incluye manifestantes, defensores de derechos humanos, adolescentes, personas con discapacidad, miembros de la oposición o personas que actuaron como observadores electorales en los centros de votación. El régimen desde entonces ha liberado presos, pero también ha lanzado nuevas oleadas de detenciones. La falta de información sobre el paradero de muchos de estos prisioneros ha sido la queja más recurrente de sus familiares.

Los colombianos no son la excepción, y sus familiares, organizados, han convocado varias manifestaciones, incluso en plena Plaza de Bolívar, en el corazón de Bogotá. Más allá de las circunstancias particulares, insisten en son personas inocentes, sin ningún tipo de antecedentes, que fueron privadas de la libertad en abierta violación de sus derechos humanos, separadas de sus familias, sin debido proceso, sin derecho a una defensa, ni visitas consulares o familiares. Le reclaman al Gobierno de Gustavo Petro una intervención diplomática para lograr la liberación de sus allegados. La captura de Maduro, trasladado a Nueva York para responder por delitos relacionados con narcoterrorismo, deja en el limbo las gestiones para que sean liberados.

La coyuntura es compleja, con la vicepresidente Delcy Rodríguez recién juramentada como mandataria encargada. “Venezuela está en una reacomodación de fuerzas políticas, eso nos reduce el margen de negociación a nosotros, por ejemplo para pedir cualquier alivio humanitario”, explica por teléfono el viceministro de Exteriores colombiano, Mauricio Jaramillo Jassir, que ha seguido los reclamos de los familiares. “Eso no quiere decir que no hagamos nada, pero nos deja en una situación muy comprometida, muy difícil. Si hay una transición, y una liberación masiva o una amnistía generalizada, que es lo que el presidente Petro ha pedido, ahí vemos una oportunidad”, agrega.

Entre los retratos que exhibe Nubia Mise sobre el puente Simón Bolívar está, entre otros, el de Manuel Tique, un ingeniero de 33 años, trabajador del Consejo Danés de Refugiados detenido en Venezuela en septiembre de 2024, cuando viajó al estado de Apure para una capacitación laboral. Las autoridades chavistas lo han señalado sin fundamentos de “reclutador de paramilitares” y “mercenario”.

También el de Martín Emilio Rincón, un palmicultor de 57 años que cruzó la frontera desde Arauca para ver unas tierras, en septiembre de 2024, con todos sus documentos en regla. Nunca antes había estado en Venezuela, y se encuentra detenido desde entonces, señalado de terrorismo. “Estamos expectantes, porque la verdad uno no sabe qué esperar. Pero muy alarmados y preocupados”, manifiesta por teléfono su esposa, Viky Latorre, una abogada de 41 años. La familia lo considera un secuestro, pues los detenidos no tienen visitas consulares, ni de familiares, ni llamadas telefónicas. “Seguimos reiterando que a nosotros no nos interesa ninguna confrontación política o social, simplemente el bienestar de nuestros seres queridos. Que los desvinculen de cualquier tema político”, reclama Latorre. “Pedimos que les respeten la vida y les garanticen los derechos, porque son personas inocentes. Que los dejen en libertad. Los estamos esperando en sus casas”.