Las familias de los colombianos presos en Venezuela claman por su libertad: “Ellos no son mercenarios”

Diana Tique estuvo ocho meses sin poder comunicarse con su hermano, Manuel Tique, trabajador de la ONG internacional Consejo Danés de Refugiados. Él fue detenido en Venezuela en septiembre de 2024, cuando viajó al estado de Apure, limítrofe con Colombia, para una capacitación laboral. Los motivos de su arresto no fueron claros hasta un mes después: el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, alegó que es un presunto “reclutador de paramilitares” y un “mercenario”, los mismos señalamientos que ha usado el régimen chavista para mantener presos a otra veintena de colombianos. Tras meses de silencio, el pasado jueves las familias recibieron llamadas de sus hijos y hermanos, en la que confirmaban su detención y pedían por su liberación.

“Fueron cinco minutos exactos. Uno nota que no es la misma voz: está cansado y, aunque nos dijo que físicamente está bien y le dan de comer tres veces al día, mentalmente lo escuché muy afectado. El encierro y la incertidumbre pasan factura”, cuenta Diana sobre la llamada que tuvo con su hermano. Durante la conversación, Manuel corroboró que estaba recluido en El Rodeo I, una cárcel a las afueras de Caracas y en donde se encuentran recluidos principalmente personas extranjeras.

Alfredo Romero, presidente de la ONG venezolana Foro Penal, asegura en una llamada que tienen contabilizados a 17 colombianos, que fueron a los que se les permitió llamar a sus familias. “Hay un nuevo esquema en Venezuela de no permitirle a los presos comunicarse con los suyos ni tampoco permitirles el derecho a la defensa. Eso antes no ocurría y por eso hay más y más denuncias en instancias nacionales e internacionales, porque muchos creen que sus familiares están desaparecidos”, explica.

Ese fue el caso de la familia Tique. Diana y su padre, Víctor, no tenían claro dónde estaba Manuel. Suponían que se encontraba detenido, tras ver las noticias que lo acusaban de ser un mercenario. “No entendíamos absolutamente nada. No sabíamos qué hacer porque nadie nos decía dónde se encontraba. Hasta pensamos en viajar [a Venezuela], pero no tenía sentido porque ni sabíamos dónde buscar”, relata Diana. El paradero de su hermano lo pudieron confirmar apenas a comienzos de este año, cuando uno de los seis estadounidenses liberados a finales de enero por presión de la Administración de Donald Trump, le contó que había compartido celda con Manuel. “Al menos teníamos una pista”.

Los familiares de los detenidos han exhortado en varias ocasiones en los últimos meses al Gobierno colombiano a que tomen las medidas necesarias para la liberación de los suyos. Se unieron al punto de convertirse en un grupo consolidado, que ha realizado varios plantones en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, para llamar la atención de las entidades colombianas. Una de las líderes es Yarileinis Navarro, tía de Brayan Navarro, un chico de 28 años de la etnia arhuaca, detenido en Venezuela el pasado enero.

“Él llevaba trabajando varios meses en Venezuela. Vino a pasar las festividades de Año Nuevo con la familia y, en el regreso, lo retuvieron, aunque tuviera su pasaporte y los papeles en orden. Era 6 de enero y desde ese día no supimos nada de él. Hasta instauramos denuncias por secuestro y desaparición”, sostiene Navarro. La familia organizó varias manifestaciones en Pueblo Bello, el municipio del departamento del Cesar, en el norte del país, en donde viven.

La situación cambió el 15 de mayo, cuando recibieron la llamada de Brayan: “Nos pedía que siguiéramos insistiéndole al Gobierno, que él y los demás son inocentes, que no paráramos hasta que Colombia llegara a un acuerdo con Venezuela. Ellos no son mercenarios ni terroristas”, añade Navarro, que afirma que una liberación por medio de la justicia ordinaria parece imposible y que, por lo tanto, tiene que haber un acuerdo diplomático.

El viceministro de Exteriores, Mauricio Jaramillo Jassir, dijo esta semana que el Gobierno colombiano ha enviado 18 notas verbales pidiendo información sobre los detenidos. “Nosotros como Cancillería no nos podemos comprometer a la liberación inmediata de estas personas [...], pero sí que les sean respetadas unas condiciones mínimas humanitarias”, aseguró el diplomático.

Yarileinis Navarro denuncia que las instituciones colombianas no han hecho lo suficiente por su sobrino ni por los demás presos. “Si ellos no pueden hacer nada, entonces, ¿quién?”, cuestiona. “Les pedimos respeto, esa no puede ser la respuesta de un Ministerio. Lo que queremos es que haya una comunicación directa entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro sobre esta cuestión”.

Medidas diplomáticas

El presidente de Foro Penal señala que Estados Unidos ha sido el único país que recientemente ha conseguido hacer un trato con Venezuela para la liberación de sus ciudadanos. Lo hizo Donald Trump y antes Joe Biden, cuando intercambió en diciembre a 10 estadounidenses y a otros presos políticos a cambio de la excarcelación de Alex Saab —presunto testaferro de Maduro— y de otros tres venezolanos. Cuando Nayib Bukele, presidente de El Salvador, propuso en abril un acuerdo similar para intercambiar a más de 250 presos políticos, Maduro tachó la oferta de “cínica”.

¿Puede ser esa una opción para Colombia? “Como defensores derechos humanos no nos podemos oponer a la liberación de cualquier persona, pero este mecanismo conlleva un riesgo muy grande: así los liberen a todos y, en principio, haya un beneficio mutuo, después van a encarcelar a otros más para buscar conseguir nuevas ventajas”, responde Romero.

El régimen chavista ha detenido a decenas de extranjeros al acusarlos sin pruebas de querer desestabilizar el orden público y querer llevar a cabo “acciones terroristas”, un fantasma que ha azuzado Maduro desde su cuestionada posesión en enero. Para las elecciones regionales de este domingo, el Ejecutivo venezolano ordenó la suspensión de todos los vuelos desde Colombia, con el fin de “frenar” a los “grupos empeñados en generar violencia” que quieren “sabotear” los comicios.

Diana Tique insta a que se le permita demostrar la inocencia de su hermano, en caso de que la comunicación diplomática entre Colombia y Venezuela no dé resultados pronto. “Él es solo un trabajador humanitario, que debe ser retornado a su casa”, constata. Yarileinis Navarro considera que lo que le está ocurriendo a su sobrino es “una violación de los derechos humanos”. “Él tiene una hija de nueve años que lo está esperando desde hace meses. Que tengan piedad”, ruega.