De Arauca a Tumaco, los educadores aplauden la ley que convierte el arte en asignatura obligatoria en los colegios públicos
La aprobación de Artes al Aula es recibida con esperanza en regiones afectadas por la violencia, donde docentes y líderes destacan su potencial para fortalecer la identidad, proteger a los jóvenes y aportar a la construcción de paz


“Recibimos la noticia con gran alegría y mucha esperanza”, dice Emperatriz Montes, rectora de la Institución Educativa Concentración de Desarrollo Rural, en el municipio de Saravena, departamento de Arauca, al oriente de Colombia. Se refiere a la aprobación, a comienzos de este mes, de la Artes al Aula, que “convierte la educación artística en un derecho obligatorio y transversal en todos los colegios públicos del país”, según el Ministerio de Cultura. La norma señala que las artes no son complementarias, sino herramientas esenciales para el desarrollo de los estudiantes, la convivencia, la ciudadanía y la cultura de paz. “Por primera vez, nuestros estudiantes tienen la posibilidad de acceder de manera permanente a las artes y la cultura en el territorio”, señala Montes.
La ley convierte política de Estado el programa Artes para la Paz que el Gobierno oficializó en 2024 y que opera desde el pasado septiembre. Según datos oficiales, hasta ahora ha alcanzado a 400.000 estudiantes de 2.616 instituciones educativas del país.
Entre sus 1.300 estudiantes, explica Montes, el 72% está inscrito en el Registro Único de Víctimas del conflicto armado. La rectora explica que el suyo es un territorio históricamente golpeado por el conflicto y con escasos escenarios culturales, por lo que el acceso permanente a las artes que ahora garantiza la ley, permite a los estudiantes descubrir y potenciar talentos, fortalecer su estabilidad emocional y alejarse de los actores armados. “Nuestra institución tiene un gran enfoque en el desarrollo socioemocional, porque no hay conocimiento posible sin una persona emocionalmente estable y motivada”, afirma. Agrega que el impacto de la norma será especialmente importante entre los estudiantes de 10 y 11, “quienes están más atrapados por la guerra”. La danza, la música, la pintura permiten les ayudan a “redescubrirse y desarrollar confianza, seguridad en sí mismos y tranquilidad”, al mismo tiempo que les ofrecen alternativas a “la única entretención que hay en estos territorios: cantinas en cada esquina y grupos armados”, asegura.
“Como docente, pero también como mamá y ciudadana de este municipio, creo que es muy esperanzador que los jóvenes tengan estos espacios permanentes”, dice, enfatizando en que la ley hace que enseñanza artística se independiente de la voluntad política del gobernante de turno, para convertirse en un pilar de la educación pública. “Nosotros pedimos esto hace tiempo”, asegura Montes, “insistimos en fortalecer las artes, la cultura y el deporte. Y ahora que es ley, es muy esperanzador”.

En el extremo contrario del país, en el municipio de Tumaco, sobre el océano Pacífico, la emoción es similar. Diana Cortés, directora del colectivo de baile Pacific Dance y miembro del Consejo Nacional de Danza, califica la ley como “un reconocimiento al arte como herramienta transformadora, en vez de un asunto de relleno”. Explica que valida los procesos artísticos alrededor de los que los tumaqueños han construido su vida, en un lugar lleno de riqueza cultural pero afectado profundamente por la violencia. “La cultura ha servido para crear espacios protectores para los habitantes”, asegura. Es precisamente ese trabajo lo que reconoce la ley, que, asegura Cortés, ya ha “comenzado a impactar aquí a través de la contratación de docentes y de procesos de formación y profesionalización de esos saberes tradicionales”.
Ese es uno de los grandes retos para pasar del texto de la ley a la realidad: cualificar y profesionalizar como educadores a quienes realizan el trabajo artístico desde lo empírico. “No podemos tener a docentes de matemáticas dando talleres de danza”, dice Cortés. Para ella, esa formalización es necesaria si se busca potenciar el pensamiento crítico y el papel transformador del arte.
Más al norte, en el puerto de Buenaventura, Rosana Muñoz, pedagoga y directora del Club de Lectura Mariposas de Amor, que trabaja con niños, niñas y jóvenes de 5 a 16 años, también celebra la medida. “Los niños llegan cargados de su contexto (atravesado por el conflicto armado, el narcotráfico y disputas entre bandas criminales), pero la música, la danza, la poesía les ayudan a desinhibirse y alejarse de esas cargas”, asegura. Las artes permiten “reconocer y gestionar emociones y exteriorizar lo que no siempre logran decir con palabras”.
Para Muñoz, la obligatoriedad de la enseñanza artística ayudará a fortalecer la identidad y valorar las tradiciones de cada región. “Venimos de una educación donde se habla mucho de Europa y de realidades externas. Entender por qué el corazón me late más fuerte cuando escucho un cununo o una marimba enriquece a los estudiantes desde su identidad”. Añade que es clave crear espacios permanentes para celebrar la diversidad étnica y cultural, particularmente en un contexto donde, dice, los jóvenes carecen muchas veces de arraigo y sentido de propiedad por lo tradicional. “Los llenamos mucho de otros contenidos; hace falta mucha esencia”, indica.
Ese fortalecimiento también debe venir desde la docencia, otro punto central de la ley. Muñoz reconoce la importancia de que los profesores incorporen materiales artísticos como herramientas pedagógicas más didácticas. “Si enseño historia de Buenaventura y les pido que pinten cómo era la ciudad antes, estoy enseñando historia a través del arte y contextualizando su territorio desde una perspectiva creativa”.
Cientos de kilómetros al interior, en el municipio de Segovia, en el nordeste antioqueño, el líder estudiantil Andrés Sepúlveda aplaude que la norma obligue a las instituciones a discutir cómo construir un pensum con la cultura como eje transversal, y además a incluir en ese proceso a poblaciones históricamente marginadas, como las comunidades afro e indígenas, que tienen una presencia significativa en esa región. Sin embargo, es cauto sobre el impacto real de la norma cuando en varias regiones, incluida la suya, se vive un aumento de la violencia. “Hablar de cultura, de tradiciones, de arte, no es algo que agrade a los grupos armados. Lo limitan mucho. Es muy difícil llevar campañas de sensibilización y más con la idea de que todo esto es para arrebatarle los jóvenes a la violencia”.
Para todos, la normativa es una oportunidad para recuperar la sensibilidad humana perdida durante décadas de conflicto. “La guerra nos enfermó a todos”, lamenta Montes. “Nos ha llevado a naturalizar las violencias y la tragedia del vecino”. Por eso, considera el arte como “la expresión sensible del ser humano”, necesaria para “volver a empatizar, que es lo que se ha venido perdiendo”, concluye.
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