La Fiscalía de Colombia le imputará cargos al excanciller Álvaro Leyva por prevaricato en el caso de los pasaportes

La Fiscalía de Colombia ha anunciado en la tarde de este viernes que está lista para imputar cargos al excanciller Álvaro Leyva Durán por el delito de prevaricato en el enredado caso de una fallida licitación para la impresión de pasaportes. El ente acusatorio presentó una solicitud formal para que el Tribunal Superior de Bogotá defina la fecha de la audiencia que adelantará contra el exministro, y hoy gran opositor, de Gustavo Petro. Lo señala de haber cometido delitos al declarar desierto el multimillonario proceso para elegir al encargado de la fabricación de pasaportes, pues la Unión Temporal de Thomas Greg & Sons cumplía con los requisitos para obtener la adjudicación del contrato. De acuerdo con la Fiscalía, Leyva habría expedido una serie de actos administrativos irregulares.

El anuncio de esta investigación formal contra el primer ministro de Relaciones Exteriores del presidente de izquierda se da una solo dos días después de que la Fiscalía solicitara una audiencia similar, pero también una detención preventiva, contra dos antiguos compañeros de Leyva en el gabinete: los exministros Ricardo Bonilla, de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, del Interior, por el escándalo de corrupción en la UNGRD.

La decisión de la Fiscalía contra el veterano político conservador se junta con la sanción disciplinaria que le impuso la Procuraduría General y que quedó en firme el pasado septiembre por el mismo asunto. A sus 83 años, Leyva no podrá ocupar ningún cargo público ni de elección popular alguno por 10 años más, según la sanción de destitución e inhabilidad confirmada en segunda instancia por el procurador General Gregorio Eljach. La Procuraduría encontró que el entonces canciller cometió una falta disciplinaria gravísima al declarar desierta la licitación pública de los pasaportes cuando Thomas Greg ya estaba avalada, pues “desconoció los principios de transparencia, economía y responsabilidad que rigen la contratación pública”.

La compañía inició en 2023 un proceso para demandar al Estado por 117.000 millones de pesos, unos 30 millones de dólares, aunque la retiró en enero pasado. Durante los casi tres años que han transcurrido, ha mantenido parte de las funciones que habría ganado con el contrato, pues el Ejecutivo se ha visto en la necesidad de engancharla de forma directa ante la falta de encargado de fabricar las libretas.

A este lío penal de Leyva se suma la revelación de EL PAÍS de que Leyva buscó en Estados Unidos la complicidad de Trump para tumbar a Petro, su antiguo jefe a quien ha acusado públicamente y sin pruebas de tener un problema de adicción que le impediría gobernar. De acuerdo con audios y testimonios a los que tuvo acceso este diario, el excanciller se reunió con asesores cercanos a la Administración de Donald Trump intentó acercarse a Marco Rubio, secretario de Estado, con la intención de que ayudara a ejercer “una presión internacional” que culminara con la salida del poder de Gustavo Petro.

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