La Audiencia de Valencia confirma el procesamiento del hermano de Ximo Puig

El empresario audiovisual Francis Puig, hermano del expresidente socialista de la Generalitat Valenciana Ximo Puig (2015-2023), se sentará en el banquillo. La sala tercera de la Audiencia de Valencia ha confirmado este jueves su procesamiento por un caso que indaga el presunto cobro irregular de subvenciones y por el que encara los delitos de estafa y falsedad documental, según el auto al que ha tenido acceso EL PAÍS y que ha sido adelantado por eldiario.es.

La Fiscalía Anticorrupción considera que el hermano del expresident percibió junto a su socio, Joan Enric Adell, más de 100.000 euros de forma irregular de la Generalitat de Cataluña y Valencia entre 2015 y 2018 en concepto de ayudas para el fomento del valenciano en los medios de comunicación. Y que movió este caudal de fondos a través de un entramado mercantil. El Ministerio Público atribuyó al procesado un delito de falsedad documental continuada en concurso con otro de estafa agravada.

Con su decisión, la Audiencia de Valencia desestima los escritos de defensa del hermano del expresidente socialista y de su socio. Y descarta que les haya causado indefensión, como argumentaban, que durante la instrucción hayan sido señalados por nuevo delito, el de estafa. “Los hechos imputados han sido conocidos por Puig y Adell desde el principio de la investigación”, alega este órgano judicial.

La Audiencia estima, además, que el auto de apertura de procedimiento abreviado que recurrieron Puig y su socio expone “un relato de hechos punibles muy detallado”. Apunta que los acusados solicitaron subvenciones a través de “empresas vinculadas” y “facturas presuntamente duplicadas y cruzadas”. Y que simularon gastos para justificar la percepción del dinero público con conceptos genéricos.

El caso que sentará en el banquillo al hermano del expresident arrancó en 2019 tras una querella presentada por el PP contra Francis Puig y el entonces director general de Política Lingüística de la Generalitat, Rubén Trenzano. Los conservadores ampliaron después la denuncia al socio de Puig.

En 2025, el juez que instruyó la causa, Jorge Martínez Ribera, marido de la magistrada de Catarroja que investiga la dana de 2024, Nuria Ruiz Tobarra, procesó a los investigados al entender que Francis Puig y su socio cometieron los presuntos delitos de estafa agravada y falsedad documental, y descartó el fraude de subvenciones, ya que la cantidad detraída no superaba los 120.000 euros, que recogía el tipo penal vigente en ese momento y el instructor optó por aplicar el Código Penal más favorable, tal y como obliga la ley.

Los procesados -según las pesquisas- se sirvieron presuntamente para captar estos fondos de las mercantiles Comunicacions dels Ports S. A. -una firma creada en 1998 y dedicada a la gestión de televisiones locales-, Mas Mut Produccions S. L. (administradas por Francis Puig) y Canal Maestrat S.L. (ligada a Adell Bover).

El juez instructor impuso a los acusados fianzas de 147.589,29 euros para Francis Puig y 99.614,33 euros para su socio. La Abogacía de la Generalitat pide cuatro años de prisión para el hermano del expresidente socialista y la Fiscalía, cuatro años y 10 meses.

La Abogacía de la Generalitat catalana –una de las administraciones presuntamente afectadas por las subvenciones bajo sospecha- sostuvo que no había elementos para ejercitar la acción penal ni civil en la causa contra los acusados.