El ventilador de Ashton

Las confesiones ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) son hechos que habían relatado exparamilitares hace más de 10 años, que el periodismo reveló en su época y que la academia ha investigado. Algunos de los casos mencionados avanzaron y fueron condenados en el escándalo de la parapolítica, otros se quedaron en compulsas de copias a la Fiscalía y otros aún reposan en la impunidad.

La verdad que destapó el político liberal es parte de una verdad negada por castas y clanes políticos de la Costa Caribe colombiana, a la cual, más de 20 años después, no termina de llegar la justicia y han seguido ostentando los hilos del poder, incidiendo en elecciones locales y regionales, y configurando un entramado político y financiero cuyos orígenes responden a negocios con ilegales y a un legado del fenómeno paramilitar del cual están lejos de desmarcarse.

El camino de Ashton en la JEP ha sido turbulento. En 2018 el Tribunal lo aceptó como compareciente esperando que entregara verdad plena sobre sus relaciones y la de los clanes políticos de la costa con el Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las AUC y sus comandantes Edgar Ignacio Flórez Fierro ‘Don Antonio’ y Carlos Mario García ‘Gonzalo’, que ayudara al esclarecimiento del fenómeno de la paraeconomía y las alianzas políticas para incidir en el poder legislativo, pero no fue así.

En octubre de 2021 la magistratura evaluó como “insuficientes, vagos y sin fundamento” los aportes que había entregado hasta el momento el político liberal. Ashton perdió el beneficio de la libertad transitoria que le había sido otorgada y, al igual que ha ocurrido con otros comparecientes, con el tiempo, terminó traicionando los pactos con sus viejas élites y clanes políticos, y alianzas con otros corruptos para ahora señalarlos como presuntos responsables de la comisión de delitos.

Dentro de los políticos mencionados por Ashton cobran relevancia el actual presidente del Senado Efraín José Cepeda y los senadores Mario Enrique Varón Olarte, Jaime Cervantes Várelo, Jorge Gerlein y David Char Navas, quien, en 2022 ante la JEP, aceptó sus vínculos con el paramilitarismo y contó cómo las tres casas políticas de la costa –Name, Gerlein y Char– tenían un carrusel de compraventa electoral: “…era un voto seguro, pero más costoso, pero no había que hacer ningún trabajo con un líder, acá tenía más metida la mano la Registraduría, había gente de la Registraduría que ponían al servicio la venta de mesas”, aseveró el excongresista durante la audiencia.

Ashton también mencionó al hoy ministro del Interior Armando Benedetti como una de las bisagras del paramilitarismo dentro del poder legislativo para la aprobación de la Ley de Justicia y Paz –Ley 975 de 2005–. Fue utilizado, según el testimonio, para posicionar artículos serviles al interés de los ‘paras’, como el de las penas alternativas de prisión o la sedición. De igual forma, refirió los casos del exgobernador de Magdalena Trino Luna Correa y el de Neyla Alfredina Soto ‘la Sombrerona’, quien fuera la jefe política del Bloque Norte de las AUC, y a otros políticos locales más.

Frente a los empresarios nombró a David Name Terán, propietario de la firma Consultores del Desarrollo S.S.A. (Condesa), Roberto Castillejo, asesor de Cormagdalena y supuesto asesor ambiental de las AUC, y a Juan García Estrada, quien fue alcalde (e) de Barranquilla luego de la suspensión en diciembre de 2006 y posterior inhabilidad de Guillermo Hoenigsberg.

Lo que Ashton confesó en las audiencias privadas concuerda con viejas declaraciones de exparamilitares y reaviva una vieja investigación sobre la incidencia de los ‘paras’ en el Congreso después de la desmovilización. En 2012 el exparamilitar Mario Marenco ‘El Gordo’, segundo comandante político del Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las AUC, aseguró ante la Corte Suprema de Justicia que el plan de captura de contratos se siguió ejecutando porque varios políticos y empresarios seguían ostentando sus cargos y siendo orgánicos a la organización.

Esto anterior confirma la tesis bajo la cual varios fiscales y los mismos jueces de la Rama Judicial, en su momento, se atrevieron a determinar que el Bloque Norte, en desarrollo de los planes nacionales de las AUC, crearon un entramado político para apoderarse de corporaciones públicas, incidir en elecciones y controlar parte del presupuesto público, para lo cual necesitaron contar con políticos, empresarios y militares orgánicos a sus intereses; en la costa colombiana se conoció como Plan Caribe, orquestado desde la casa Castaño y ejecutado por ‘Jorge 40’.

Las líneas de investigación han mostrado que la alianza entre los paramilitares y funcionarios de la administración pública tuvo dos objetivos principales. Por un lado, ser la fuente de financiación de las distintas facciones del Bloque Norte de las AUC y, por otro, ayudar en la consolidación del proyecto político a nivel territorial, planeado y ejecutado desde el mando de los hermanos Castaño.

Los paramilitares cobraban un porcentaje del valor sobre los contratos para desarrollar obras públicas, la prestación de servicios de salud, el control sobre la contratación de personal. Desde alcaldías, gobernaciones, IPS y EPS hasta empresas de servicios públicos, mataderos municipales y hospitales estuvieron administrados por el paramilitarismo en la Costa Caribe, solo por mencionar un caso ya documentado y sancionado: la infiltración en las finanzas del Hospital Materno Infantil de Soledad, Atlántico.

Frente a la consolidación del proyecto político de las AUC, el país ya fue testigo del fenómeno de la parapolítica –136 parlamentarios investigados, de los cuales 86 fueron condenados, y más de 15 continúan en etapa de investigación–; la justicia ordinaria logró demostrar cómo, desde la firma de los pactos de Chivolo y Ralito, los paramilitares ganaron representación en la vida política nacional con asientos en el Congreso, para legitimar su incidencia y accionar criminal.

Los paramilitares incidieron en el desarrollo local, municipal, regional y departamental con la premisa de “refundar la patria” para buscar la construcción de un pacto social, el cual forzaron con masacres, asesinatos selectivos y la toma de corporaciones e instituciones públicas. Basta mencionar los casos de la Universidad de Córdoba, la toma de la Corporación del Valle del Sinú y el asentamiento en Valencia y Tierralta, Córdoba.

Con el testimonio de Ashton y otros parapolíticos, la magistratura de la JEP tiene bajo su poder parte de las deudas que dejó el proceso de Justicia y Paz que, luego de 20 años y pese a sus aciertos, no lograron llegar hasta el fondo de la paraeconomía, el lavado de activos y el alcance en la penetración en el Estado. Los testimonios de los excongresistas son claves para terminar de armar el rompecabezas que empezaron a armar los exparamilitares en Justicia y Paz y para que pronto se haga justicia y no queden crímenes en la impunidad, como los confesados desde Argentina en 2012 por ‘Gonzalo’, el comandante político de ‘Jorge 40’, a quien la justicia nunca llegó.

Desde 2016, en compulsas de copias quedaron más de 16.000 expedientes para investigar y sancionar a financiadores y colaboradores del paramilitarismo, entre ellos, varios políticos, militares y empresarios, a quienes la justicia no los ha tocado y hoy siguen gozando en total impunidad. La JEP empezó a atar los cabos sueltos de todos los expedientes judiciales y, para el caso de la Costa Caribe colombiana, será determinante conocer quiénes siguieron capitalizando las rentas de negocios como el carbón, quiénes de los clanes políticos siguieron siendo orgánicos al paramilitarismo después de la desmovilización y qué militares continuaron con los negocios de las economías ilícitas.

El país no puede olvidar que el sanguinario Bloque Norte de las AUC fue el responsable de 456 masacres, según los datos del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), que dejaron más de dos millares de víctimas, asesinatos selectivos contra profesores, estudiantes, sindicalistas y líderes sociales que se opusieron a su política del terror. En manos de la JEP estará seguir construyendo un andamiaje jurídico que desde hace 20 años las mismas fuerzas políticas y la corrupción no han dejado terminar de edificar.