Las víctimas de secuestro de las FARC se resignan tras la sentencia de la JEP: “Les faltó voluntad para entregar más verdad”

Las verdades incómodas que esperan los familiares de las víctimas de secuestro por parte de las FARC no han llegado. Ángela Cordón, la segunda generación buscadora de su familia, se detuvo varios minutos en la página 111 de la sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra el antiguo secretariado de esa guerrilla. Allí, los magistrados de ese tribunal transicional mencionan a su padre y a su tío, Guillermo y Reinaldo Cordón, como víctimas “en el marco de la política de control territorial” que ejerció esa guerrilla en el departamento del Huila. “Su retención obedeció a ser considerados como ‘enemigos’ y posteriormente fueron asesinados por órdenes de Manuel Marulanda y El Mono Jojoy”, dice el documento. Pero, más de dos décadas después y pese a la condena, no se sabe cómo fueron asesinados ni dónde están enterrados.

El tema no es fácil de digerir para Ángela. Una semana después de que JEP entregara al país la histórica sentencia por más de 21.000 secuestros cometidos a lo largo de más de 50 años, varias víctimas se muestran insatisfechas con la decisión. Los siete excomandantes fueron sentenciados a ocho años de trabajos reparadores, fuera de la cárcel, que deberán cumplir para intentar reparar el dolor causado, si es que tal cosa es posible en un país que llegó a ver por televisión y en las portadas de prensa las imágenes de cientos de personas en cautiverio. La sentencia contempla que los excombatientes deben seguir buscando a los desaparecidos, desminando los territorios donde llegaron a comandar y liderando actividades de memoria y reparación. Todo ello parece gaseoso, pues la sentencia de más de 610 páginas detalla la investigación que tomó ocho años, pero no delimita las zonas donde deberán hacer los trabajos reparadores, sus horarios ni sus restricciones de movilidad. El dolor más grande de un universo de decenas de miles de víctimas -sobrevivientes, hijos, esposos, padres o familiares de los secuestrados- que pasaron por el cautiverio es el de los desaparecidos.

Como las víctimas no son uniformes, sin embargo, hay un grupo de sobrevivientes del secuestro que respalda y defiende la sanción. Héctor Mahecha fue secuestrado en 2004, cuando pagaba el rescate para la liberación de su padre, también secuestrado cinco años atrás por negarse a pagar las extorsiones de la guerrilla a los comerciantes del departamento del Tolima. Luego, las FARC pusieron tres explosivos a su vivienda, por lo que huyeron, desplazados. Veinte años después, él conformó Renacer para vivir en paz (Remipaz), una organización en la que participan también los siete exintegrantes del secretariado y que es la única organización de víctimas a la que se refiere la sentencia como delegados para liderar los trabajos restauradores. En los próximos días se van a reunir con los sentenciados y con la jurisdicción para delimitar los territorios y el alcance de las actividades. “Nos van a tildar de traidores, de unirnos a nuestros victimarios. Pero no es así, queremos trabajar para el bien de todos”, dice Mahecha. A la vez, es crítico con la Jurisdicción: “Las víctimas no hemos sido el centro del Acuerdo de Paz, y se lo vamos a plantear a ellos”

María Nubia Aldana es la viuda de Edward Ipuz, uno de los 19 comerciantes desaparecidos en el Huila en el año 2003 y de quien no se conoce su paradero. “Nunca nos llaman para esto porque no somos las víctimas de corbata”, dice para iniciar la conversación. Ella participó durante siete años de los procesos de la JEP, pero dice que la sentencia no la repara directamente. “Sabemos que les ordenaron buscar a nuestros familiares, pero ya no creo que eso vaya a pasar”, dice. Eso porque en noviembre de 2024 un grupo de excombatientes viajó hasta la Serranía del Chiribiquete para señalar la zona hasta donde llevaron los cuerpos de algunas víctimas. No encontraron ningún rastro.

La lucha por la verdad de los secuestros en este departamento del sur de Colombia, uno de los más golpeados por las FARC, ha sido de tal dimensión que la sentencia pide a los exguerrilleros que prioricen la reparación de víctimas en Neiva, su capital, y en Cali (Valle del Cauca). Allí, las familias presentaron un proyecto de reparación y de memoria histórica en 2022, en el que pedían que la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la entidad estatal que administra bienes incautados a la mafia, les entregara un predio en el centro de la ciudad para construir una casa de la memoria por los secuestrados.

Ángela Cordón, que lleva 22 años anclada a la búsqueda de su padre y de su tío, dice que eso no quedó en la sentencia. Recuerda que fue una propuesta que construyeron con asesoría museológica del Banco de la República, que radicaron formalmente ante la Jurisdicción y que comentaron personalmente al presidente del tribunal, Alejandro Ramelli, en 2023. “Nunca nos contestaron. No sabemos si la incluyeron, porque en la sentencia no está, pero tampoco nos dijeron que la iban a desechar”. Sienten que sus peticiones fueron ignoradas. Solo ahora, cuando inician las campañas políticas para las elecciones del próximo año, reciben apoyos. “Los que están en campaña al Congreso nos dicen que nos van a respaldar, que ellos sí nos van a hacer la casa”, cuenta Rondón.

Otra de las voces críticas es la de Helmuth Angulo, uno de los hijos de Gerardo Angulo y Carmenza Castañeda, adultos mayores que fueron raptados en 2000 en La Calera, un municipio vecino de Bogotá, y forzados a caminar por más de 23 horas hasta un campamento guerrillero. Helmuth ha sido uno de los defensores más férreos de la JEP, pero se declara decepcionado. El día de la revelación de la sentencia se fue a una finca, para alejarse de los medios, y rompió en llanto cuando escuchó al magistrado leerla. “Fue como reproducir el mismo Acuerdo de Paz de La Habana. Son las mismas palabras, las mismas actividades. Es como si no hubiera pasado nada en ocho años”, opina.

La reparación más directa que ha tenido la familia Angulo Castañeda ocurrió en 2022, cuando la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos y la Corporación Reencuentros, una organización de exguerrilleros que busca desaparecidos, encontraron el cuerpo de Carmenza. Pero falta el rastro de Gerardo. “Somos conscientes de que no iba a haber cárcel y entendemos que eso es lo mejor para el país, pero a ellos [a las FARC] les faltó voluntad para entregar más verdad”, dice Helmuth. Se refiere a que exguerrilleros como Henry Castellanos, Romaña o José Manuel Sierra, El Zarco Aldinéver, volvieron a la guerra y se llevaron verdades importantes para las víctimas. “Mi lucha acabará cuando me ayuden a encontrar a mi papá”, dice, y se le corta la voz.

Wilson Benavides, un militar retirado que fue secuestrado en la toma de Miraflores, en 1998, en el amazónico departamento del Guaviare, dice que esperaba una reparación más directa, pero está tranquilo con la sanción. “Los prefiero ocho años restaurando, que ocho años en las armas”, señala. Benavides, quien se dedica a la carpintería, propuso formalmente que sus victimarios, como acto de reparación, le entregaran maquinaria para trabajar con la madera y ampliar su emprendimiento. Su petición tampoco fue tenida en cuenta.

Pese a los más de 21.000 casos de secuestro, solo 4.325 víctimas se acreditaron ante la justicia transicional y apenas 80 trabajaron en la consolidación de las sanciones propias. Algunas planean apelar la decisión y quieren elevar su descontento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Otras más se han resignado a participar con lo que hay, como los miembros de Remipaz. “Sabemos que el 90% de las víctimas están inconformes, pero ¿qué hacemos con ellos encerrados en una prisión? Tenemos que defender sus trabajos restauradores”, concluye Héctor Mahecha.