Las víctimas del secuestro critican la primera condena de la JEP contra las FARC: “La sensación de impunidad es rampante”

Se sabía, desde el 2016, que este sería un momento difícil, se le llamaba ‘un sapo’ duro de tragar. Cuando el Gobierno de Juan Manuel Santos pedía el apoyo de los ciudadanos al acuerdo de paz con las FARC, para que se aprobara en un referendo, muchos se opusieron a la idea de que los guerrilleros no pasaran un día de cárcel a cambio de confesar sus delitos ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Ese día, nueve años después, llegó esta semana, y las críticas regresaron también. Este martes, la JEP dictó su primera sentencia condenatoria contra los siete miembros del antiguo secretariado de las FARC por el delito de secuestro, del que fueron víctimas al menos 21.000 personas. Serán ocho años de sanción, con proyectos restaurativos y de memoria, una movilidad vigilada por las autoridades, pero ni un solo día de cárcel. Las voces de protesta, que se alzaron hace nueve años, se han amplificado. Las de apoyo, en cambio, han sido más modestas. Ante un tema tan delicado, nadie está de fiesta.

Una de las posiciones intermedias viene de la Comisión Colombiana de Juristas, organización no gubernamental que representa a unas 1.400 víctimas del secuestro, y que compartió en sus redes sociales un reconocimiento a la JEP por su primera sentencia. En entrevista con W Radio, sin embargo, la directora de la institución, Ana María Rodríguez, admitió que ante la sentencia “hay personas que tienen muchísima molestia”. Otras, sin embargo, “tienen unas percepciones distintas, y en general todo el mundo está muy satisfecho de que se haya impuesto la sanción”. Aclara, sin embargo, que “hay mucha molestia por un asunto muy puntual: la sentencia omitió una parte fundamental de cualquier decisión judicial y es precisar cuál es la sanción a la que está obligado cada uno de los siete comparecientes”.

En otras palabras, aunque la sentencia dice que los siete comparecientes deben ejecutar proyectos restaurativos en cinco áreas (que van desde eventos de memoria hasta trabajar en el desminado), deja otras especificidades en el aire. “La sentencia no dice, por ejemplo, cuánto tiempo deben dedicarle a cada una de estas líneas, ni a cuál de ellas” para cada uno de los condenados, añade Rodríguez.

Muchos de los antiguos secuestrados fueron políticos y militares, y estos en su gran mayoría han manifestado individualmente su rechazo, porque consideran que las FARC no ha respondido con verdad por todos los casos de secuestro. Si bien en la JEP hubo audiencias públicas en las que los comparecientes respondieron por unos casos individuales, desde un principio era claro que ellos deberían responder en macro por el delito, pues sería imposible juzgarles por los 21.000 casos. Esa selección es la que hoy genera una sensación de impunidad y rechazo.

Jaime Felipe Lozada, excongresista, es también hijo de un exgobernador del Huila secuestrado y asesinado por las FARC, Jaime Lozada. Su hermano y su madre también fueron secuestrados por el mismo grupo armado. Y él, recordó en sus redes sociales, también lo estuvo durante tres años. “Lo digo sin rencor, pero sí con claridad, la decisión de la JEP me duele, me indigna y me revictimiza profundamente”, escribió en su cuenta de X.

Ingrid Betancourt, quien fue candidata presidencial en 2002 y ese año fue secuestrada por el grupo armado, que la mantuvo en cautiverio hasta que ella fue rescatada por el Ejército en 2008, criticó duramente la decisión de la JEP. “Lo que hubo fue todo un andamiaje de manipulación para garantizarle a las FARC total impunidad”, afirmó en Blu Radio. “Yo creo que los únicos restaurados son los criminales, es decir, los que cometieron esos delitos, ellos sí están premiados y restaurados”, añadió. Anunció que apelará la decisión del tribunal, dentro de los recursos internos que hay en la JEP, pero también cree “que esto hay que llevarlo hasta la justicia internacional (...) este proceso se vendió al mundo como un modelo de no impunidad y reparación a las víctimas, pero nada de esto se dio”.

Una posición casi idéntica la expresó Juan Camilo San Clemente, abogado que representa a las familias de los diputados del Valle del Cauca, políticos que fallecieron en cautiverio después de ser secuestrados por las FARC en 2002. “Para las víctimas deja un sinsabor, es una sentencia que refleja una impunidad, porque lo único que se ha buscado ante la JEP es que exista esa verdad plena, detallada y exhaustiva”, dijo San Clemente. “Lastimosamente, a la fecha, eso es algo que no se ha visto”. El abogado añade que va a buscar la apelación en los recursos internos, para luego poder acudir a la Corte Penal Internacional para lograr esa verdad exhaustiva.

Clara Rojas, quien fue asistente de Betancourt en 2002 y fue secuestrada con ella el mismo año, también criticó que se diga que las víctimas han estado en el centro del proceso de justicia en la JEP. “Los invito a reflexionar y pedirles el favor que no nos sigan diciendo que las víctimas estamos en el centro porque no es así”, escribió en sus redes sociales. “Este no es un modelo para repetir, en lo que toca a la instrumentalización a las víctimas y tampoco es cierto que 4.000 víctimas, fueran atendidas, muchas escuchadas, quizá, pero hasta ahí”, añadió.