Certificación y fumigación: una semana crucial de la lucha antidrogas
Los caminos son tres: una certificación plena, una descertificación parcial o una total, este el peor de los escenarios. En el campo, hay expectativa por las declaraciones de Petro sobre el regreso de la aspersión aérea
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Esta semana en el país político reina la palabra certificación; en el país real, especialmente en el campo, fumigación. Ambos confluyen en un mismo problema: el combate al narcotráfico. Y en los dos, se siente la incertidumbre.
En el primer caso, se está a la expectativa por la decisión del gobierno de Donald Trump sobre certificar; es decir, si el gobierno de Estados Unidos encontrará suficiente el compromiso colombiano en la lucha contra las drogas, para así mantener o no la ayuda económica y militar para esa guerra. Los caminos son tres: una certificación plena, una descertificación parcial o una total, el peor de los escenarios. Se trata de un instrumento de política exterior que Estados Unidos utiliza desde la década de los 80 y que marcó en particular al mandato de Ernesto Samper en 1996, en medio del proceso 8.000. En ese momento, el país fue descertificado y el entonces mandatario denunció que la certificación se usó como método coercitivo contra su Gobierno.
La descertificación ha rondado como un fantasma durante este año, en medio de las desavenencias entre el presidente Petro y el Gobierno de Trump, y más ahora, en el contexto del despliegue de buques norteamericanos en aguas del Caribe. El momento no podría ser más complejo: Trump caracteriza a los grupos narcos como terroristas y, bajo esa denominación lanzó un ataque- al parecer con un dron- que mató a las once personas que iban en una lancha supuestamente con drogas. Además, clasificó a Nicolás Maduro como jefe del cartel de los soles. De otro lado, Colombia llegó a las 253.000 hectáreas sembradas con coca en 2023, el dato más reciente y el mayor registrado en la historia.
Esto conecta con la otra palabra que marca el país en los últimos días, el amago de regreso de la fumigación aérea. En este caso, la realidad terminaría por imponerse o chocar con las intenciones del presidente Petro. El mandatario, que prometió no bombardear campamentos de grupos armados y luego cambió esa decisión ante la ofensiva de las disidencias de la guerrilla y del Clan del Golfo, ahora anuncia su deseo de dar vuelta atrás con la fumigación aérea de cultivos de uso ilícito. Tras la asonada y retención de militares número treinta en los últimos 8 meses, Petro planteó el regreso de esa estrategia tan criticada por él años atrás. “Dada la táctica mafiosa de oponer personal civil al Ejército, la Corte Constitucional debe reconsiderar su sentencia. Allí donde la ciudadanía ataque al Ejército habrá fumigación aérea”, dijo este lunes.
La fumigación aérea con glifosato está suspendida en Colombia desde 2017 bajo el principio de precaución por sus efectos nocivos en las personas y en el medio ambiente. Antes de ser presidente, Petro decía que en su gobierno no habría una gota del herbicida. Sin embargo, en meses pasados ya se había levantado polémica porque su Gobierno compró 22.000 litros de glifosato para fumigación terrestre.
En un mensaje cruzado, el ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo en Blu Radio que “no se ha planteado el uso del glifosato para la aspersión”. Así las cosas, como señalan varios analistas, la declaración de Petro sería entonces un mensaje para el Gobierno de Estados Unidos de cara a la eventual certificación o descertificación y una advertencia a los grupos armados que instrumentalizan a la población civil para evitar la presencia del Ejército en sus territorios.
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