El Gobierno salva con la geometría variable cinco proyectos en el último pleno de 2025

El último pleno del Congreso en este periodo de sesiones consagró hasta la máxima expresión las virtudes políticas de la geometría variable de esta legislatura. El Gobierno logró así, en uno de los peores momentos políticos de este mandato, el respaldo de cinco importantes proyectos, dos leyes muy sociales y tres decretos con medidas económicas que beneficiarán a millones de funcionarios, afectados por el volcán de La Palma y a miles de ayuntamientos por todo el país. No fue un apoyo uniforme del bloque de investidura. El Ejecutivo de coalición salió de la sesión parlamentaria final de 2025 presumiendo de una ley de atención a la clientela pactada con Junts y otros socios; con una reforma de la dependencia sin Junts pero con los aliados habituales y el PP; y con otra derrota de la senda de estabilidad y el techo de gasto del proyecto de Presupuestos para 2026, sin Junts y sin Podemos.

“Ni tan mal”, resumieron con alivio en la cúpula del grupo socialista el balance de la jornada, que se presentaba como una especie de radiografía del estado político del país con un PSOE muy acosado por distintos escándalos judiciales. El curso acabará así con medio centenar de proyectos aprobados en lo que va de mandato, en un esquema cada vez más peliagudo a la hora de componer mayorías tras el desmarque reciente de Junts.

En Junts molesta que ahora se interprete cada votación en el Congreso que sale adelante como que el Gobierno logra su apoyo cuando entienden que ya avisaron de que solo refrendarían los cuatro proyectos ya cerrados y encauzados antes de su ruptura. Una de esas leyes que Junts descuenta como ya firmadas antes de haber sido votada es la de atención a la clientela, que refuerza los derechos de los consumidores y establece la obligación de atender a los clientes en todos los idiomas cooficiales para las grandes empresas. Junts la impulsó, pero este jueves salió con un amplio refuerzo de todos los aliados y con el rechazo de PP y Vox.

El diputado de Junts Josep Maria Cruset lo explicó en su intervención y resultó un aviso para lo que ocurriría más tarde con el debate para justificar su oposición a la gran reforma pendiente de la ley de Dependencia y con lo que se viene en el próximo periodo de sesiones tras las Navidades: “Esto ilustra como tendría que haber sido la legislatura. Si se negocia con Junts, pese a las dificultades, se avanza y se llega a acuerdos relevantes, el trabajo sigue, pero no vale solo con titulares del acuerdo, hay que impulsarlos y materializarlos”.

Los portavoces del PSOE, Sumar y ERC arguyeron, para intentar reconvenir al PP, que esa ley lo que persigue es otorgar más protección a los consumidores y clientes frente a las grandes empresas. No resultó pero por unos minutos pareció que se reconstruía el bloque de investidura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa. Un bloque que revivió también al inicio de la sesión con la convalidación parlamentaria de tres decretos diversos aprobados por el actual Consejo de Ministros pero con un fin común: aliviar la vida de millones de personas.

El primer decreto convalidado contiene una serie de medidas y ayudas para los afectados hace ya cuatro años del volcán de la isla de La Palma, que van desde rebajas fiscales del IRPF a subvenciones medioambientales. Hubo críticas, pero por su tardanza. El segundo ratifica la subida de salarios pendiente para los tres millones de funcionarios, con carácter retroactivo y para 2026. Este decreto permitió al ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, extender los posibles beneficios de esa actuación mucho más que a una cuestión salarial y piropear ahí a los miembros de la UME que se baten en todo tipo de desastres, los veterinarios que combaten la peste porcina, los agentes forestales, los profesores universitarios y las fuerzas de seguridad. El tercer decreto permitirá ahora a los ayuntamientos de toda España a emplear el uso de sus superávits financieros en inversiones sostenibles.

Pese al aparente consenso de esos decretos apartidistas, que sí se trasladó a las votaciones, PP y Vox no se privaron de denunciar que este Gobierno está lleno de corruptos, cede a todos los chantajes de los nacionalistas y no merece ninguna confianza en nada. Y de exigir elecciones.