Los Ortega-Murillo otorgan asilo a Carlos Ramón González, pieza clave del caso de corrupción que golpea al Gobierno de Petro

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo informó este 20 de agosto que Nicaragua le otorga asilo político a uno de los hombres más buscado por la justicia de Colombia en este momento: Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y señalado como autor central en el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), el mayor escándalo de corrupción que golpea a la presidencia de su amigo Gustavo Petro.

Después que esa Administración solicitara la extradición de su exfuncionario el pasado 15 de agosto, Managua ha respondido este miércoles con una nota diplomática a Bogotá. En ella argumenta que “toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los Convenios Internacionales”.

“En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas”, agrega la Resolución Ministerial No. 001-2025 de la cancillería sandinista.

González Merchán fue imputado por la Fiscalía de Colombia por haber ordenado pagos ilícitos a congresistas para garantizar apoyo legislativo al Gobierno de Petro. Según el ente acusador, es responsable de los delitos de cohecho, apropiación de bienes del Estado y lavado de activos, caso por el que en mayo un juez emitió una orden de captura en su contra.

De acuerdo con la investigación, González habría instruido directamente al entonces director de la UNGRD, Olmedo López, para inflar el valor de un contrato para la compra de 40 camiones cisterna, destinados a abastecer de agua a comunidades de La Guajira, uno de los departamentos más afectados por la sequía en Colombia. Con los sobrecostos, habría pagado sobornos para quienes eran presidentes de las dos cámaras legislativas. Iván Name, copartidario de González en el Partido Verde pero opositor al Gobierno, habría recibido 3.000 millones de pesos (unos 750 millones de dólares) cuando dirigía el Senado; el liberal oficialista Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes, habría recibido un tercio del dinero.

Polémica residencia

La historia del exfuncionario con el régimen Ortega-Murillo inició después de conocerse las indagaciones de la justicia en su contra. El 5 de noviembre de 2024 obtuvo una residencia en Nicaragua. El reconocido periodista colombiano Daniel Coronell denunció que entre septiembre de 2024 y febrero de 2025 el exfuncionario vivió en la casa de la Embajada de Colombia en Managua, una casona ubicada en el barrio Las Colinas. Eso incrementó los cuestionamientos sobre un posible respaldo oficial a su estadía, algo que no sonaba descabellado dado que es aliado de Petro desde que compartieron militancia en el grupo guerrillero M-19.

Petro ha negado la información divulgada por medios de comunicación sobre la estancia en la residencia de la embajada, pero en especial ante los señalamientos de que pudo haber impulsado la residencia en Nicaragua. Por su parte, el exembajador de Bogotá en Managua y copartidario de González en el Partido Verde, León Fredy Muñoz, reconoció haber “facilitado gestiones en su momento”, pero sostuvo que lo hizo cuando el exfuncionario no estaba imputado ni enfrentaba orden de captura.

Un refugio preferido de corruptos y prófugos

Sobre González Merchán pesa una orden de captura de Interpol. Sin embargo, con el asilo político concedido por la pareja copresidencial, el prófugo queda blindado en un país convertido en el refugio preferido de los prófugos y corruptos. Después de los intentos fallidos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, de conseguir refugio en Nicaragua, se reavivó un patrón del Gobierno de Ortega-Murillo: disponer a Nicaragua como refugio de corruptos y criminales que evaden la justicia en sus países de origen.

Algunos casos emblemáticos fueron el dos expresidentes de El Salvador, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, quienes eran requeridos por temas de desvío de fondos públicos y corrupción. Ambos exmandatarios del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) fueron asilados junto con sus respectivas familias y más tarde la pareja presidencial nicaragüense les concedió la nacionalidad del país para evitar una extradición. Funes murió impune en Managua.

Ortega también brindó asilo político en 2008 a Doris Torres, Martha Pérez y Lucía Morett, tres guerrilleras de las hoy extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El exguerrillero Mario Eduardo Firmenich fue otro refugiado de los Ortega-Murillo. Lideraba la organización Montoneros en Argentina en la década de los setenta y fue indultado en 1990 por el presidente Carlos Menem.

La decisión de ofrecer refugio a condenados o criminales es un patrón de vieja data del Frente Sandinista y de Ortega. Hace 36 años llegó a Nicaragua el italiano Alessio Casimirri, prófugo por secuestrar y asesinar en 1978 al primer ministro Aldo Moro. Casimirri opera con placidez en Managua, en Carretera Sur, donde es propietario de un fino restaurante especializado en mariscos: La Cueva del Buzo.

En los ochenta, durante el primer Gobierno sandinista y cuando el Cartel de Medellín estaba en ascenso, los narcotraficantes Pablo Escobar y Carlos Lehder encontraron refugio en Nicaragua. “Me asignaron como vivienda una amplia casa de protocolo diplomático, a la cual lo único que llevé fue mi fusil G3 y demás armamento personal, un morral cargado de dólares, mi potente radio de comunicaciones HF Global y mi radio Zenith, que usaba en el día para escuchar música, y por la noche para monitorear las emisoras de Colombia y La Voz de Alemania (Deutsche Welle)”, relata Lehder en su libro Vida y muerte del Cartel de Medellín.

Los Ortega-Murillo “han regalado 130 nacionalidades a aliados políticos y prófugos de la justicia en los últimos años”. “Varios de esos procesos de naturalización se hicieron incumpliendo las leyes migratorias nicaragüenses, de la misma manera en que fueron violadas al despojar a 317 nicaragüenses de su nacionalidad y convertirlos en apátridas”, reveló en 2023 Confidencial, el medio de comunicación confiscado por el régimen sandinista.