‘Amazonía en disputa’: los datos que prueban la urgencia de proteger la selva

La Amazonía noroccidental, que suma el 65% de la superficie del bioma amazónico, es la región con más conflictos socioambientales del mundo. Al menos 17 grupos armados ilegales operan en la región, con presencia en casi el 70% de sus municipios, y el crimen organizado es hoy el principal acelerador de la temida llegada al punto de no retorno en la protección de este ecosistema. Esto concluye el informe Amazonía en disputa, publicado este martes por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, FCDS, a tres días de la V Cumbre de Presidentes Amazónicos de Bogotá.

El informe de la organización ambiental recuerda que la Amazonía es la selva mejor conservada del mundo: concentra el 10% de la biodiversidad identificada del planeta, sus ríos aportan el 15% de toda la descarga fluvial de los océanos del mundo, y logra procesar entre 90.000 y 140.000 millones de toneladas métricas de carbono, cuando el planeta produce 100 millones de toneladas al día según datos de 2021. Lo preocupante es que esa jungla, otrora juzgada como impenetrable, se ha calentado 0,6 grados centígrados desde 1950, un proceso que se ha intensificado desde 1980 y que, sumado a la creciente presión humana, está transformando grandes extensiones en sabanas degradadas, que afectan su capacidad de ser un reservorio de carbono.

Existen múltiples amenazas sobre este ecosistema vital, señala el documento. Quizá la más famosa es la deforestación masiva, impulsada principalmente por la ganadería extensiva, los monocultivos y las carreteras ilegales. Según datos de este año de la plataforma Global Forest Watch, la Amazonía noroccidental ha perdido 14,7 millones de hectáreas entre 2001 y 2023. Eso equivale a la destrucción de selvas que podrían ocupar todo el territorio de Honduras.

La contaminación por mercurio, una consecuencia directa de la minería ilegal de oro que afecta ríos, peces y comunidades indígenas, también genera consecuencias ambientales y de salud dramáticas. Por ejemplo, en el Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis de Colombia, la mitad de las mujeres en edad reproductiva corren riesgo de tener hijos con un coeficiente intelectual reducido hasta en cuatro puntos por los niveles del metal. En Brasil, una investigación con muestras de pelo de los pobladores de tres aldeas del pueblo Munduruku muestra que para el 2021 casi el 60% tenían niveles de mercurio tan altos que están asociados a riesgos cardiovasculares e hipertensión, sobre todo en mujeres en edad fértil.

Una tercera amenaza es la violencia contra los defensores del medio ambiente, que han convertido a la Amazonía en la región más letal del mundo para ser líder ambiental. El informe retoma datos de Global Witness para señalar que, en 2023, el 55% de los asesinatos de estos líderes en el mundo ocurrieron en los países amazónicos. Colombia ocupó el primer lugar, con 79 de al menos 196 personas asesinadas por defender el ambiente en el planeta.

A todo ello se suman colonización y pérdida de territorios indígenas, motivadas tanto por el acaparamiento de tierras o la expansión de proyectos extractivos, como por la entrada de colonos y grupos armados. Un estudio de 2020 sobre tierras indígenas y minería en la Amazonía, que cubrió Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana y Perú, encontró que “las concesiones mineras industriales cubren aproximadamente 1,28 millones de kilómetros cuadrados (más del 18% de la Amazonía) y se superponen con 450.000 kilómetros cuadrados (más del 20%) de tierras indígenas, afectando al 31% de estos territorios”.

El informe señala que esa madeja de problemas se empeoran por los enfoques policivos y de “mano dura” de muchos Gobiernos, que llevan a priorizar estrategias militares que marginan a las comunidades y destruyen la confianza que sería fundamental para implementar las soluciones con los habitantes. Y se suman el cambio climático, que puede llevar a que la selva llegue a un punto de no retorno; la captura del Estado, con autoridades locales, fiscales y judiciales permeadas por intereses corporativos o de grupos ilegales; y la cooptación de procesos comunitarios en los que los ilegales se infiltran en organizaciones sociales y minan su gobernanza legítima.

Todo esto ocurre con el trasfondo de un crimen organizado que está construyendo una suerte de estado paralelo y transfronterizo, concluye el informe, que identifica a 17 grupos armados: Comando Vermelho, Primeiro Comando da Capital (PCC),Familia del Norte (FDN), Piratas dos Solimões, Tropa do Rei (TDR), Bonde dos 13 (B13), Primeiro Comando da Panda (PCP) de Brasil; Comandos de Frontera, Estado Mayor Central (EMC), Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), Segunda Marquetalia, La Constru y Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia; el Tren de Aragua de Venezuela; Los Choneros y Nueva Generación, de Ecuador; y Rápidos del Amazonas, de Perú. “Hay indicios de que los grupos armados y del crimen organizado están financiando campañas políticas, instrumentalizando instancias de participación de la población civil, e incursionando en el sector formal”, dice el documento.

De ellos, Comando Vermelho, Comandos de la Frontera, EMC, PCC y ELN tienen capacidad transnacional, y algunos de ellos han establecido alianzas funcionales en zonas como la triple frontera entre Colombia, Perú y Brasil. Otro ejemplo es la llamada Nueva Generación, una alianza criminal entre Los Lobos, Chone Killers y disidencias de los Tiguerones, que nació en Ecuador y se está expandiendo.

Todas estas presiones no se pueden reducir a un conflicto entre legales e ilegales, ni al narcotráfico, anota el informe. Se trata más bien de un universo de choques diversos que interactúan entre sí. Entre otras, hay disputas ambientales “entre actores, intereses, valores o modelos de desarrollo contrapuestos”; disputas económicas por las distintas formas de uso de los recursos; disputas de un crimen organizado cada vez más coordinado y que ejerce un mayor control en zonas crecientes; o disputas comunitarias entre pueblos indígenas, comunidades campesinas, colonos, ribereños y afrodescendientes que compiten por el uso y control de la tierra.

Ante semejante desafío, concluye el estudio, las respuestas estatales “han estado marcadas por cambios de gobierno y la discontinuidad de políticas públicas, lo que en muchos casos ha favorecido el avance de la deforestación, el aumento de la violencia y la expansión de la criminalidad organizada en la región”. Y lanza una propuesta: “El esfuerzo conjunto contra la criminalidad organizada debe traducirse en la reconstrucción del tejido social y de los ecosistemas, recuperación de una mayor legitimidad de las democracias amazónicas y del desarrollo de alternativas económicas que sean compatibles con el bosque”.

Si quiere leer el informe completo, lo puede encontrar aquí.