Amazonizar la emergencia climática: lo que las redes de la región le proponen a la Cumbre de Presidentes

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La Amazonia está en una encrucijada. No hablamos de catástrofes futuras ni de retórica alarmista, sino de una realidad palpable: el bosque tropical más biodiverso del planeta ha perdido el 16% de su cobertura, más del 23% de su conectividad ecológica está fragmentada y al menos el 26% presenta signos de degradación. Esto amenaza funciones vitales como los ciclos del agua, los flujos genéticos y la vida de millones de personas que experimentan la crisis climática y la pérdida de biodiversidad a escala global.

Este no es solo un bioma vulnerable, sino un territorio de luchas por derechos bioculturales, donde pueblos indígenas, afrodescendientes, quilombolos, campesinos y ribereños sostienen la vida y contribuyen a la regeneración del bosque. En su libro Bajo la superficie de las cosas, Wade Davis plantea conjugar la razón científica con la conciencia cultural: enfrentar la emergencia climática reconociendo la sabiduría ecológica de las primeras naciones y fomentando soluciones abiertas al diálogo intercultural.

Frente al deterioro ambiental y la fuerza de las respuestas locales, es urgente que los Estados amazónicos estén a la altura del momento. Dos hitos políticos ponen a la región en el centro de la agenda global: la Quinta Cumbre de Presidentes de los Estados Parte del Tratado de Cooperación Amazónica, que empezó el 18 de agosto y va hasta el 22, en Bogotá, y la Conferencia de Cambio Climático de Naciones Unidas (COP30), agendada para noviembre de 2025 en Belém do Pará, Brasil. Son oportunidades únicas para consolidar compromisos estructurales que enfrenten las crisis convergentes en la Amazonia, una región esencial para el clima y la biodiversidad, pero históricamente abandonada por los Estados que la comparten.

En este contexto ha surgido una articulación inédita entre redes regionales del movimiento social, la sociedad civil, la comunidad científica y eclesial. Entre ellas están la Alianza Escucha la Amazonía, el Foro Social Panamazónico (FOSPA), el Panel Científico por la Amazonía y la Alianza Aguas Amazónicas. De esta confluencia nace la Red de Redes Amazónicas, que agrupa a doce plataformas regionales y más de 450 organizaciones comprometidas con la defensa del bioma.

Desde resistencias locales, décadas de investigación y visiones espirituales orientadas a la protección de la vida, estas redes han construido el Pacto Panamazónico por el Clima: una propuesta para actuar a corto y largo plazo, reconociendo a la Amazonia como un sistema vivo e interdependiente. Este pacto plantea cinco puntos neurálgicos para su protección, promoviendo respuestas estructurales desde el sur global.

Uno de sus ejes es el llamado a que los Estados amazónicos actúen como bloque político regional para implementar la Declaración de Belém (2023) y posicionar a la Amazonia como actor central en la respuesta climática global. Las prioridades incluyen proteger la conectividad ecosistémica y sociocultural como condición para enfrentar el cambio climático, orientar la planificación territorial, fortalecer marcos normativos, y restaurar corredores ecológicos y socioculturales —incluyendo territorios indígenas y de pueblos en aislamiento—. También se plantea la acción coordinada frente a conflictos socioambientales e ilícitos transfronterizos, garantizando la participación de la sociedad civil y la protección de defensores de derechos humanos y ambientales.

Otro eje es el impulso de una estrategia regional de socio bioeconomía, con un fondo regional que acelere compromisos en seguridad alimentaria, innovación tecnológica y certificación de productos amazónicos. La financiación climática debe incorporar un enfoque de derechos, asegurando acceso directo de pueblos indígenas y comunidades locales a recursos internacionales. Finalmente, se propone un mecanismo permanente de participación ciudadana que garantice el diálogo entre Gobiernos y sociedad civil, facilitando el monitoreo de acciones y el impulso de marcos regulatorios comunes para aplicar la Declaración de Belém en toda la cuenca.

Esta acción regional debe fundarse en un principio ético: la justicia planetaria. La Amazonia no es un “vacío verde” ni un simple sumidero de carbono, sino un entramado de territorios vivos, habitados y defendidos por pueblos que han resistido siglos de violencia y extractivismo, ofreciendo alternativas sostenibles ante la crisis global. Sus sistemas de gobierno y conocimientos ancestrales son parte de una economía política para el cuidado del planeta y sus generaciones futuras.

En sintonía con la Opinión Consultiva OC-32/23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos —que reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos y obliga a los Estados a proteger y restaurar ecosistemas frente a daños irreversibles—, el Pacto Panamazónico plantea que el financiamiento climático debe priorizar el bienestar de las poblaciones y la integridad ecológica, rechazando la mercantilización de la naturaleza y estableciendo salvaguardas ambientales, sociales y culturales. El clima como derecho humano y la naturaleza como sujeto de derechos son pilares de una nueva ética para la acción climática.

Las perspectivas indígenas sobre cambio climático, como las del líder Yanomami Davi Kopenawa, ofrecen claves para indigenizar el derecho y analizar la crisis desde visiones amazónicas. Ellas nos invitan a entender que la emergencia climática no es reciente: comenzó hace siglos con la invasión, el despojo territorial y la ruptura de equilibrios ecológicos. Como sostiene el filósofo Kyle Whyte, el calentamiento global, la pérdida de biodiversidad y el colapso hidrológico son capítulos recientes de una larga historia de disrupción.

Desde esta mirada, la justicia climática en la Amazonia debe incluir restauración, consentimiento libre, previo e informado de sus pueblos, y fortalecimiento de sus sistemas de gobierno. El antropólogo Arturo Escobar recuerda que cada territorio forma parte de un pluriverso: un mundo de muchos mundos donde humanos, no humanos y espíritus negocian la vida de manera interconectada. Proteger la Amazonia implica también defender las relaciones existenciales que sustentan formas de vida que desafían la modernidad capitalista desde una justicia multiespecie.

Si se acompaña de acciones concretas y transformadoras, la Declaración de Belém puede ser el punto de partida de una nueva arquitectura política regional. La Red de Redes Amazónicas propone una ruta con dos escalas: una visión estructural de largo plazo que articule compromisos internacionales con la acción local, y otra inmediata para que los Estados adopten medidas audaces y coordinadas en la cumbre.

Nada de esto será posible sin voluntad política. Hoy vivimos una ruptura profunda en nuestra relación con el planeta y con otras formas de vida. Superarla exige transformar nuestras formas de habitar y gobernar la Amazonia. El conocimiento para hacerlo ya existe: está en la ciencia y en los saberes de los pueblos que han protegido este territorio por generaciones. Escucharles y actuar colectivamente es una responsabilidad. El punto de no retorno ecológico es también un límite político: cruzarlo por inacción sería renunciar, como región y como humanidad, a un futuro compartido.