Una corte americana reconoce por primera vez el derecho a un clima sano

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La expectativa llegó a buen punto. Casi tres años después de que los Gobiernos de Chile y Colombia le pidieran una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre cuáles son las obligaciones de los Estados frente a la emergencia climática en relación con los derechos humanos, el alto tribunal dio su respuesta. Desde su sede en San José, Costa Rica, su presidenta, la jueza Nancy Hernández López, leyó una notificación de diez puntos para resumir el largo documento que alcanza casi las 300 páginas.

“La Corte concluyó que, de acuerdo con la mejor ciencia disponible, la situación actual constituye una emergencia climática”, dijo, haciendo énfasis en su origen antropológico y en que ha sido generada de manera desigual. Aunque son certezas que ya llevan años gritando los científicos y cientos de comunidades, su relevancia viene de quien lo confirma: una de las máximas autoridades en derecho de la región.

Lo que desarrolla una opinión consultiva de la Corte, explica Liliana Ávila, directora del programa de derechos humanos y ambiente de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), no es solo un mandato obligatorio para los 20 países que reconocen su competencia, sino que deberán tenerlo en cuenta todos los que hacen parte de la Organización de Estados Americanos (OEA). Por eso, los países deberán adaptar tanto sus marcos jurídicos como sus políticas públicas a la larga lista de obligaciones que estableció la Corte.

Los Estados, dice el documento, tienen responsabilidades de “respeto, garantía y cooperación” frente a la emergencia climática. Una jerga jurídica que se puede traducir en que los Gobiernos no deben tomar medidas que atrasen la acción contra el calentamiento global, tienen que disminuir los riesgos de esta crisis y que es imperativo ayudarse entre ellos, pero teniendo en cuenta que no todos son responsables en la misma proporción. Lograrlo implica que los Estados cumplan con una larga lista de obligaciones que dio la Corte, entre las que están disminuir los riesgos de exposición, integrar los derechos humanos en las políticas climáticas para no incrementar o crear vulnerabilidades, ser transparentes en la rendición de cuentas, supervisar la debida diligencia de las empresas y requerir estudios de impacto ambiental.

“La decisión tiene una textura amplia”, comenta Luisa Gómez, abogada senior del Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL), pues apela a las empresas al señalar que “no solo deben respetar los derechos humanos, sino también repararlos, entre otras profundas responsabilidades que les atribuye”.

A través de la opinión consultiva, además, la Corte IDH se convierte en el primer alto tribunal en desarrollar el derecho a un clima sano. Aunque este tribunal, así como otras instancias superiores alrededor del mundo, ya se habían pronunciado sobre el derecho a un ambiente sano, la Corte, dice Ávila, le dio al derecho a un clima sano su propia “autonomía”. En otras palabras, bajo el primero – ambiente sano – estaba cobijado el clima, junto a otros conceptos como el aire limpio y el agua potable. Lo que sucedió ahora, es que se desprendió de allí para no solo darle más relevancia, sino que a la hora de que se dé un litigio climático se pueda apelar al derecho a un clima sano por sí solo.

Y es que esa es precisamente una de las preguntas más grandes sobre la opinión consultiva: ¿qué cambia en la práctica? Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), dice que, aunque los alcances dependerán de qué hagan tanto los países como la sociedad civil con esas pautas, se puede resumir en tres niveles: los ejecutivos las deberán tomar en cuenta a la hora de crear políticas públicas, los jueces a la hora de decidir y el multilateralismo a la hora de organizarse.

De hecho, Ávila la respalda en sostener que la decisión tendrá un fuerte impacto en las negociaciones internacionales de la Conferencia de Cambio Climático de Naciones Unidas que se celebrarán en diciembre en Brasil (COP30). “Es un proceso atorado y la Corte está dando obligaciones”, asegura. Las decisiones de estas conferencias del clima —que no son vinculantes— son retomadas por el alto tribunal, pero con la fuerza del derecho.

En la lectura de la notificación, por ejemplo, Hernández López señaló que los Estados tienen la obligación de mantener actualizados sus planes de adaptación y metas de mitigación, ambas estrategias que hacen parte de los compromisos climáticos que los países presentan a la ONU en el margen de las COP. La diferencia estaría en que no es algo que los Estados deben presentar desde la voluntad, sino desde la obligación.

Además, agrega Ávila, la Corte acaba de dar un sinnúmero de herramientas y precedentes para los litigios climáticos, que cada vez van más en aumento. Incluso, la decisión recién anunciada puede alimentar una opinión consultiva sobre cambio climático pedida a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por Vanuatu, o un proceso similar que está llevando la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

“Ha sido el proceso con más participación histórica de la Corte IDH”, dijo su presidenta antes de comenzar la lectura. A lo largo de esos tres años, los jueces recibieron 265 aportes escritos y escucharon 172 intervenciones orales en tres audiencias públicas que hicieron durante 2024, una en Barbados y dos en Brasil. “La evidencia que hemos reunido nos demuestra que ya no hay margen para la indiferencia”, fue como concluyó Hernández López. “Esta es una contribución desde el derecho, pero el derecho por sí mismo no basta. Al final, el éxito depende de lo que cada uno de nosotros pueda hacer”.