Cárcel, casa o libertad: los posibles destinos de Álvaro Uribe Vélez

Ir a una cárcel, quedar limitado a su casa de Rionegro cerca a Medellín, o en su finca de Córdoba llamada El ubérrimo, o seguir en la libertad. Esos son los tres posibles destinos que hoy enfrenta Álvaro Uribe Vélez, el expresidente de Colombia que ha sido condenado en primera instancia por dos delitos contra la justicia, y cuya condena se conocerá a principios de la tarde de este viernes.

“Por lo que vimos el lunes, yo creo que la jueza produce una sentencia condenatoria, otorgándole a Uribe la detención domiciliaria”, opina el penalista Juan Carlos Prías. Con él concuerdan otros abogados especializados en el campo consultados por EL PAÍS. Argumentan que las condenas en la cárcel se suelen reservar para las penas de 8 años en adelante, y es probable que la condena quede cerca de ese monto, por lo que tendría sentido una pena en casa.

Prías considera, además, que varios elementos juegan a favor del mandatario para que se le otorgue dicha condena domiciliaria, como la actitud de Uribe durante todo el juicio, que la misma jueza reconoció el lunes antes. “A usted, ciudadano Álvaro Uribe Vélez, como parte, le reconocemos su presencia, su disposición procesal, y el respeto a este juicio, porque a pesar de los honorables cargos que ha ocupado, y de estar sentado en la silla más difícil en este proceso, en calidad de acusado, lo ha hecho siempre con la mejor gallardía y cordialidad”, dijo Heredia, y recalcó la “mano de su esposa, que devotamente ha estado en este juicio acompañándolo”.

Esa actitud es el argumento que utilizó el abogado Granados al pedir que se mantenga la libertad de Uribe Vélez para que la pena, así sea domiciliaria, solo empiece a regir si hay una condena al final del proceso, cuando se hayan agotado todos los recursos de la defensa. Granados ya anunció que apelará la decisión de primera instancia ante el Tribunal Superior de Bogotá y, de ser confirmada la condena, seguramente presentará un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Solo entonces se aplicaría la pena, cualquiera que ella sea.

Granados, entonces, le pidió a la juez que tenga presente “la carencia de antecedentes penales” del exmandatario, y “el arraigo que tenga con la comunidad, derivado de su actividad profesional, como persona dedicada al emprendimiento en el campo; de los vínculos que tiene como líder de una colectividad política que ha fundado; y además de su profundo arraigo familiar en el hogar conformado con su señora esposa, la doctora Lina Moreno”. Arraigo, acá, siendo la palabra clave para indicar que no se va a escapar.

La duda de si la jueza Heredia fijará la ejecución inmediata de la pena le preocupa a otro abogado penalista consultado, Francisco Bernate. “En la práctica siempre es cuando termine el debate, es decir, cuando se pronuncie la Corte Suprema. Pero por sus palabras el lunes me da la impresión que ella quiere que sea efectiva inmediatamente, porque mencionó la posibilidad”, dice el profesor de la Universidad del Rosario.

Ángela María Buitrago, quien también es penalista y fue ministra de Justicia del actual Gobierno de Gustavo Petro, coincide en que sería inusual que Uribe resultara detenido este viernes, pero que ve abierta la puerta para ello. Señala que, si bien no tiene antecedentes penales, ha sido objeto de detención preventiva en el pasado, un precedente que puede pesar en la decisión de la jueza. El hecho ocurrió en agosto de 2020, por orden de la Corte Suprema, que investigaba este mismo caso. Uribe renunció entonces a su fuero como senador y el caso pasó a la justicia ordinaria, donde ha estado desde entonces.

La última pregunta es sobre la cifra de años de prisión, sea domiciliaria o en un penal, sea inmediata o cuando se acabe la apelación. Solo tiene una respuesta compleja, de aritmética penal, en la que la juez Heredia tiene que ponderar lo que usualmente se condena por cada delito, y el presidente fue encontrado culpable en tres instancias por soborno en actuación penal, y en dos instancias por fraude. Cada crimen suma, pero también hay otras restas, como la falta del prontuario criminal. Los expertos estiman que en todo caso estará entre los siete y nueve años. Heredia deberá explicar qué sumó, y qué restó.