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Análisis
Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

La condena a Álvaro Uribe

Aunque la decisión tiene recurso de apelación y pasará al Tribunal Superior de Bogotá, el 28 de julio algo cambió en la sociedad colombiana en relación con la justicia

Condena Álvaro Uribe
Catalina Oquendo

Se abusa de la palabra histórica, pero la noticia de esta semana sí abarca el concepto: por primera vez en la historia moderna de Colombia un expresidente es condenado penalmente. Aún más grande si se trata de Álvaro Uribe, que ha marcado al menos cuatro generaciones de colombianos y es una sombra política innegable en el país.

Por eso ver al volcánico y severo exmandatario sentado al banquillo de acusados, escuchando con el rostro impertérrito la decisión de la jueza Sandra Heredia, que lo encontró culpable por soborno de testigos y fraude procesal, es ya una imagen icónica. Aunque la decisión tiene recurso de apelación y pasará al Tribunal Superior de Bogotá, este 28 de julio algo cambió en la sociedad. Como dijo la jueza, recién comenzó la extensa audiencia, “el derecho no puede temblar frente al ruido y la justicia no se arrodilla frente al poder, la justicia, no ve nombres, ni cargos, ni estaturas”. En otras palabras, la ley es para todos, incluso si eres el hombre más poderoso del país en muchos años.

Tanto para sus seguidores como para sus detractores, era impensable que el hombre avasallador que fue presidente en 2002, cambió la Constitución para reelegirse y tuvo otro mandato y luego puso dos mandatarios más, terminara declarado culpable. Por eso, la lectura del fallo fue seguida minuto a minuto por millones de colombianos que se despertaron, desayunaron, almorzaron y cenaron viendo a la jueza Heredia desmontar las pruebas de la defensa del expresidente. Los chats familiares, de amigos y los memes volaban mientras el país comenzaba a polarizarse por lo que se advertía sería el fallo de la justicia. Sus seguidores rezaban porque el hombre al que ven como un padre protector saliera indemne. Entrada la tarde, cuando ya la jueza había pronunciado las palabras “se ha probado el delito” o “el acusado sí conocía el plan (para sobornar testigos)”, era claro el sentido del fallo.

Esas largas horas de audiencia permitieron a muchos devolverse hasta 2012 cuando el congresista Iván Cepeda citó a un debate en el Legislativo para exhibir los presuntos vínculos del expresidente con el paramilitarismo. Dos años después, cuando Uribe era senador, Cepeda citó a un nuevo debate, los congresistas le exigieron a Cepeda no mencionar el nombre del expresidente y de ahí apareció el apodo de “el innombrable”. Fue la misma vez en que el expresidente decidió cruzar a la Corte Suprema a denunciar al congresista, el momento que habría iniciado un movimiento que terminó en búmeran: Uribe fue juzgado por una causa que él mismo inició. En 2018, la Corte Suprema absolvió a Cepeda y decidió investigar al expresidente y sus abogados por manipulación de testigos.

La polarización tras la sentencia estalló rápidamente en las redes sociales. La derecha y líderes del Centro Democrático denunciaron ‘lawfare’ y a ese coro se sumó el gobierno de Estados Unidos que, como ha hecho recientemente en Brasil, opinó sobre decisiones judiciales internas. Tal como Lula, el presidente Gustavo Petro respondió señalando que “no somos una colonia”. Del otro lado, víctimas de crímenes de estado como las madres de los falsos positivos, miles de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en su mayoría bajo el mandado de Uribe, celebraron el fallo como una dosis de justicia mínima para sus hijos.

El impacto político de la palabra “culpable” en las elecciones del 2026 cambia con los minutos y se aclarará más desde el viernes cuando se conozca la pena que dictará la jueza y si esta será en domiciliaria o en cárcel. La Fiscalía ha pedido nueve años de prisión y la defensa de Uribe ya ha anunciado que apelará la decisión.

El presidente Gustavo Petro, que había prometido ser respetuoso del fallo, se refirió dos veces a él e invitó a Uribe a acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que juzga a militares y terceros civiles que reconozcan su rol en el conflicto armado. Uribe, quien estuvo callado en la audiencia, respondió a Petro en su red social X. “Cuando usted renuncie al indulto por el cual yo voté, aclare el dinero que recibió en oscuras bolsas, se haga un examen toxicológico, y cuando Juan Manuel Santos les pida a los americanos que publiquen el dossier de Odebrecht, tendrá usted por lo menos algo de honor para tan siquiera poder hacer esa sugerencia”, dijo el exmandatario. Sobre el mismo mensaje, el presidente Petro siguió la respuesta, aseguró que no vive intoxicado, ni tiene indulto porque estuvo en la cárcel preso y fue “torturado” durante 7 días. “Así que puede usted proceder expresidente Uribe. Dije que hiciéramos el pacto de la verdad, estoy dispuesto a que vayamos nosotros dos a la JEP”, remató Petro. La realidad es que los expresidentes tienen fuero y no pueden ser investigados por ese tribunal de paz. Eventualmente, podrían ser llamados como testigos.

Los impactos del fallo serán tan largos como la extensa audiencia que marcó esta semana la vida política de los colombianos.

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Sobre la firma

Catalina Oquendo
Periodista de la edición América de EL PAÍS. Comunicadora y Magister en Relaciones Internacionales. Ha recibido el Premio Nacional Simón Bolívar 2024 en crónica; y el Premio Gabo 2018, con el trabajo colectivo Venezuela a la fuga. Ha sido corresponsal de EL PAÍS en Colombia, edita Lideresas de Latinoamérica y escribe la Newsletter de Colombia.
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