El secuestro de nueve funcionarios en el Cauca vuelve a poner el foco en las disidencias de ‘Iván Mordisco’

El Bloque Occidental de las disidencias del Estado Mayor Central, comandadas por Iván Mordisco, se ha atribuido el secuestro de nueve funcionarios ocurrido este jueves en el municipio de López de Micay, en el departamento del Cauca, al suroccidente colombiano. A través de un comunicado, la Gobernación ha señalado que se trata de siete mujeres y dos hombres que habían sido contratados por la entidad para cumplir una misión humanitaria y social, desmintiendo la versión de la disidencia de la extinta guerrilla de las Farc, que emitió una misiva en la cual señala que los funcionarios estaban realizando actividades militares y que, por tanto, serían tratados como “prisioneros”. El gobernador Octavio Guzmán ha exigido, a través de su cuenta de X, la liberación inmediata de los secuestrados: “La institucionalidad no puede ser confundida con la guerra, ni los servidores públicos convertidos en rehenes”.

Guzmán también ha señalado que “lo ocurrido en López de Micay es una clara violación al Derecho Internacional Humanitario”, y ha hecho un llamado al presidente Gustavo Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti, así como a la Cruz Roja Internacional y a las organizaciones de derechos humanos, para que acompañen la búsqueda de la liberación de los secuestrados, quienes fueron identificados como Angélica María Barona, Leydi Rocío Guengue, Paola Maca Chávez, Mónica Alexandra Bambague, Manuela Caicedo Arango, María Elizabeth López, Elizabeth Yangana, Eivar Guerrero Anaya y Sergio López Gómez.

De acuerdo con Guzmán, las personas retenidas trabajaban de la mano de las Juntas de Acción Comunal para “promover el diálogo territorial, fortalecer la participación ciudadana y facilitar el acceso a programas sociales del Estado, en un ejercicio legítimo de servicio público, lejos de cualquier interés o acción militar”. La Gobernación ha aclarado que el grupo estaba “acercando la oferta institucional a las comunidades más apartadas del departamento”, y que se trata de civiles “que son padres, madres, hijos y hermanos, cuyas familias están angustiadas y esperan su regreso prontamente”.

La versión de la disidencia es otra. Señalan que los funcionarios “estaban haciendo entrega e instalación de equipos militares a miembros del Ejército Nacional, cuyo objetivo es inhibir señales y derribar drones”. Y añaden: “El irresponsable gobernador de Cauca, Octavio Guzmán, en el afán de proteger sus intereses mineros, asume una posición guerrerista, destina presupuesto de la gobernación no solo para alimentación y combustible, como lo anunció públicamente, sino también para compra de equipos militares y ahora coloca a sus funcionarios como claros participantes de las hostilidades, al ser quienes provean e instalen equipos al Ejército Nacional, para así obtener ventaja militar sobre nuestra organización”.

Como su nombre lo indica, López de Micay es un municipio clave dentro de la zona conocida como el cañón del río Micay, que incluye partes de los municipios de Argelia, El Tambo, López de Micay, Guapi y Timbiquí; los dos primeros concentran uno de los enclaves con más hectáreas de coca del mundo. Se trata de un corredor que conecta las montañas andinas con el océano Pacífico y que se ha convertido en uno de los pasos más estratégicos para el tráfico de drogas ilícitas y para la minería ilegal. En este contexto, y con la presencia de otros grupos armados en el departamento, como otra disidencia, la Segunda Marquetalia, así como la guerrilla del ELN, el Cauca se ha convertido en uno de los territorios más conflictivos del país.

Los atentados son perpetrados con regularidad, principalmente por el frente Carlos Patiño, parte del autodenominado Estado Mayor Central, un grupo de disidencias de las extintas FARC que es encabezado por Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido como Iván Mordisco. Son usuales las motobombas y los ataques con drones, con vehículos explosivos o con francotiradores dirigidos contra los miembros y sedes de las Fuerzas Armadas. También son continuas las advertencias a la comunidad, a la que piden que se mantenga alejada de los puestos militares.

La población civil ha quedado en medio, y en ocasiones es instrumentalizada para secuestrar o presionar al Ejército para que salga de la región. El pasado mes de junio, 57 militares fueron secuestrados por civiles bajo la presión de las disidencias en dos hechos sucedidos en la zona rural del municipio de El Tambo. El 21 de ese mes, un primer grupo de uniformados sufrió una asonada, y al día siguiente otro grupo fue interceptado y rodeado por cerca de 200 personas. Finalmente, los hombres retenidos en ambas acciones fueron liberados en una operación militar.

En marzo, se había presentado una situación similar, en el corregimiento de El Plateado, en el municipio de Argelia, cuando 29 miembros de la Fuerza Pública fueron secuestrados por el frente Carlos Patiño. Según explicó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, los hechos “fueron ejecutados con sevicia y vistiéndose de civil para infiltrarse y atentar contra la integridad de nuestros uniformados”. Los hombres fueron retenidos mientras buscaban repeler una asonada de los habitantes de la zona. De acuerdo con la versión oficial, la movilización fue motivada por amenazas de los disidentes, que instaron a la comunidad a no dejar entrar a los miembros del Ejército. Finalmente, los uniformados fueron entregados.

A finales del año pasado, las Fuerzas Militares desplegaron la Operación Perseo, con la que buscaban retomar el control de El Plateado, en el municipio de Argelia, que se ha convertido en un bastión de las disidencias. Más de 1.400 uniformados se desplegaron en la zona en una ofensiva que, según el Ejército, concentraba las capacidades militares más avanzadas: aeronaves, artillería, vehículos blindados y sistemas de vigilancia y control. Según explicaba el Ejército cuando lanzó la operación, el objetivo era garantizar la seguridad de sus habitantes, que eran víctimas de “reclutamiento forzado, homicidios selectivos, secuestros y el uso indiscriminado de artefactos explosivos”, y que habían sido coaccionados para mantener los cultivos ilícitos. Sin embargo, las disidencias de Iván Mordisco, que fueron apartadas de la política de la Paz Total del gobierno de Petro, siguen manteniendo un amplio control sobre ese territorio. Allí, dirigen sus acciones contra las Fuerzas Armadas, aunque en esta ocasión el objetivo fue un grupo de civiles.