El Gobierno alista el ‘botón rojo’ de escape fiscal para flexibilizar el techo de la deuda
Hacienda baraja suspender la regla que limita el gasto. Los analistas advierten contra los riesgos para la salud de las cuentas públicas


A un año de las elecciones presidenciales en Colombia, el Gobierno de Gustavo Petro parece decidido a romper con las reglas de prudencia fiscal. O, al menos, a suspenderlas. Ya lo dijo el Ministro de Hacienda, Germán Ávila, durante la mayor cumbre bancaria anual celebrada la semana pasada en Cartagena de Indias: la norma vigente, de 2011, no es un texto sagrado. Aunque esté en la Constitución, no debería ser vista como una “religión”. Su diagnóstico es que, por el contrario, supone un obstáculo para el despegue de la economía. Una postura en contra, al igual que en otros frentes, del consenso técnico en torno a la necesidad de mantener la disciplina en materia de deuda y gasto.
La última palabra recaerá sobre el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS). El órgano, adscrito a Hacienda y que tiene prevista una reunión para la mañana de este lunes, definirá los planes presupuestales del Ejecutivo. Esa mesa de altos funcionarios del Ejecutivo también decidirá si activa la denominada “cláusula de escape” a la regla fiscal, un mecanismo legal para suspender temporalmente la norma antes circunstancias extraordinarias y que solo ha utilizado el expresidente Iván Duque durante la pandemia. Ahora la retoma la izquierda en medio de las estrecheces de caja. “Un Estado no es como un hogar, y sí se puede endeudar”, ha adelantado la congresista del Pacto Histórico Clara López en una entrevista durante la convención bancaria difundida en X.
Los analistas aseguran que sustentar la aplicación de la cláusula no será una cuestión fácil para Hacienda. Mientras el oficialismo encuentra una narrativa, las demandas para tumbar la cláusula ya se asoman. ¿Cuál es el choque económico actual para justificar esta acción? ¿Dónde se halla la excepcionalidad? Los más escépticos señalan que hoy no hay recomendación que valga ante la tentación de aumentar el gasto público de cara a las elecciones de 2026: una realidad que se repite cada cuatro años con pocos beneficios sociales y grandes dosis de sesgo partidista.
En esta historia hay tanto de largo como de ancho. La regla vigente es un instrumento flexible, que se expande y se contrae según la coyuntura económica y el comportamiento del negocio petrolero, vital para las arcas públicas. Dicho lo anterior, la pandemia supuso una coyuntura de desequilibrio inusual en todo el mundo. Por eso, el Gobierno del conservador Iván Duque suspendió la vigencia de la regla en 2020 y dio rienda suelta a un gasto público desbordado en aras de atender la emergencia, y comprar equipos médicos y vacunas. Además de lo anterior, en una movida bastante cuestionada, Duque subsidió el precio de la gasolina y el diésel con recursos públicos.
Con estos antecedentes, el Gobierno de Gustavo Petro recibió en agosto de 2022 el testigo con una caja llena de desequilibrios. Deudas históricas con acreedores internacionales como el Fondo Monetario Internacional y un enorme agujero, que ya se ha ido cerrando, por cuenta de las ayudas de la gasolina. El problema es que el Ejecutivo de izquierdas, poco interesado en ajustar el gasto, ha mantenido el acelerador al límite. Y en el capítulo de los combustibles está en mora de desmontar el subsidio al ACPM.
Así es como la deuda pública ha llegado al 61,7% en relación al PIB (la línea roja está en 70%) y una investigación del Banco de Bogotá ha reseñado que el déficit podría cerrar este año por encima del 7%, muy por arriba del compromiso fijado por el oficial Comité Autónomo de la Regla Fiscal en 5,1%. Para revolver todo aún más, las metas de recaudo tributario, la principal fuente de ingresos del Estado, no se han cumplido. En 2024 es monto cayó incluso un 4,3% frente al ejercicio anterior (se dejaron de recaudar unos 14 billones). En resumen: Colombia gasta desde hace décadas más de lo que ingresa. Vive endeudada. Y esas deudas, cada vez más abultadas, se encarecen. La confianza de los acreedores internacionales se ve afectada y por eso se protegen con tasas de interés más altas.
No es menos cierto que desde la entrada en vigor de la regla fiscal, cada Gobierno le ha hecho retoques para ajustar los límites del marco según sus necesidades, como explica el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana en uno de sus últimos comunicados. El centro de estudios evidencia la forma en que cada una de las diferentes Administraciones que ha pasado por la Casa de Nariño ha hallado zonas grises en la redacción de la norma para aumentar su capacidad de gasto.
¿Qué argumenta el Gobierno? Diego Guevara, fugaz exministro de Hacienda, dijo en entrevista con este diario que el debate estará sobre la mesa durante los próximos años. Recordó que Alemania modificó algunos elementos para quitarle el freno a su fiscalidad este año. Y el déficit de los Estados Unidos, que en 2024 quedó en 7% del PIB, no hará otra cosa que hincharse bajo la presidencia de Donald Trump, según diversas proyecciones. ¿Cuáles son las soluciones en el caso colombiano? Recortar el presupuesto, dice la mayoría de analistas. Hacienda ya anunció en diciembre un retazo por 28,4 billones al presupuesto de gasto del año pasado, un 5,6% del total. El de este año, aprobado en 511 billones por decreto, está desfinanciado. Una irresponsabilidad: es tiempo de austeridad, repiten los centros de pensamiento como Fedesarrollo.
El Gobierno descree, pero su camino entraña riesgos para cumplir con las obligaciones. De momento, la deuda colombiana es alta, pero no es dramática. Sin embargo, la economista y experta en finanzas públicas Johanna López advierte sobre los puntos ciegos de la “cláusula de escape” que muy probablemente activará el Ministerio de Hacienda a partir de esta semana: “La norma no es explícita sobre en qué coyunturas se puede aplicar y por eso el Gobierno tampoco siente la necesidad de clarificar por qué la va a usar. El aprendizaje es clave para que la regla sea flexible, de tal forma que el Gobierno pueda responder a situaciones inusuales como un desastre natural, pero debe ser más clara para que haya un respeto por la sostenibilidad fiscal, independiente de quién esté en el poder”.
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