Human Rights Watch acusa a El Salvador de desaparición forzada de 11 salvadoreños deportados desde Estados Unidos

La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) ha tildado de “desaparición forzada” el caso de por lo menos 11 salvadoreños que fueron deportados por Estados Unidos y luego encarcelados en El Salvador. Los hombres fueron enviados al país centroamericano en marzo y octubre de 2025, algunos en los mismos vuelos que trasladaron a más de 250 venezolanos que habían sido expulsados tras ser acusados sin pruebas de ser pandilleros. Desde entonces apenas se ha sabido nada de ellos y no se les ha permitido contactar con sus familiares o abogados.

“Independientemente de los antecedentes penales de estos salvadoreños, tienen derecho a un juicio justo y a comparecer ante un juez, y sus familiares tienen derecho a saber dónde se encuentran recluidos y por qué”, afirma Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, en un comunicado. “La deportación no puede significar una desaparición forzada”.

Los deportados en cuestión forman parte de los más de 9.000 salvadoreños expulsados por Estados Unidos desde principios de 2025, 10% de los cuales tienen antecedentes penales. En estos casos, sin embargo, la Administración Trump ha alegado específicamente que los hombres expulsados pertenecen a la pandilla MS-13, e identificó a uno como César Humberto López Larios, El Greñas, un conocido líder de la organización criminal. Sin embargo, ni las autoridades estadounidenses ni las salvadoreñas han proporcionado evidencia que soporte la acusación de que el resto de los deportados también sea miembro de pandillas. Si bien se ha podido confirmar que varios de los hombres en cuestión han cumplido condenas en Estados Unidos por delitos variados, desde posesión de drogas hasta homicidio, las familias entrevistadas por HRW niegan que sean pandilleros.

Estos mismos familiares y abogados han asegurado que en ningún momento han sido informados de que los hombres hubiesen sido llevados ante un juez desde su llegada al país. Ante la absoluta falta de información, las familias han agotado todas las vías legales a nivel nacional, presentando solicitudes y recursos de diferentes tipos, pero sin resultados. Numerosos recursos de habeas corpus presentados en diferentes momentos han sido ignorados. Solo uno fue rechazado directamente por la Corte Suprema, alegando “falta de precisión de los argumentos fácticos”.

En cinco casos, que EL PAÍS ha seguido, se logró determinar el paradero de sus seres queridos —El Salvador afirmó que uno está en la cárcel de máxima seguridad Cecot y los otros cuatro en el penal de Santa Ana— a través de litigios ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero no fue posible contactar directamente con ellos, ni conseguir información sobre el estado en el que se encuentran.

La CIDH también determinó que el Gobierno salvadoreño debía revelar la situación jurídica de los detenidos, poner fin a su incomunicación y tomar medidas para protegerlos. De acuerdo a las familias, las autoridades se negaron a proporcionar ninguna información adicional, alegando que “carecían de mandato legal” o que no tenían registro de ellos. Agregaron que se había solicitado información a Estados Unidos y que los hombres permanecían en el sistema penitenciario salvadoreño “a la espera de lo que dicho Estado remitente disponga respecto a su situación migratoria y legal”.

En otros dos casos documentados por HRW, los familiares creen que se encuentran detenidos en el Cecot; y en otro, en Santa Ana, pues han reconocido a su pariente en fotos y videos publicados por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. En los tres casos restantes, no hay ninguna información.

Según el derecho internacional, una desaparición forzada ocurre cuando las autoridades privan a una persona de su libertad y luego se niegan a revelar su paradero o suerte, sustrayéndola a la protección de la ley. En El Salvador, donde está vigente un régimen de excepción desde marzo de 2022, están suspendidos los derechos a ser informado sin demora de los motivos de una detención, a no ser obligado a declarar, a la representación legal y la obligación de presentar a cualquier detenido ante un juez en un plazo de 72 horas desde su arresto. En este contexto, diferentes organizaciones de derechos humanos, incluyendo HRW, han documentado y denunciado violaciones de derechos humanos y hasta crímenes de lesa humanidad.